El Ayuntamiento de Castro está decidido a solucionar por la vía rápida
el problema de los 133 chalés de Sámano que una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria ha dejado fuera de ordenación. El
alcalde, Fernando Muguruza, aseguró ayer a los propietarios que «el
Consistorio ya ha dado los pasos oportunos señalados por múltiples
especialistas en la materia» para atajar el conflicto.
El juez anuló el plan parcial que permitió el desarrollo urbanístico
del terreno sobre el que se asientan las viviendas que componen la
urbanización El Prado. El magistrado basó su fallo en el hecho de que
el diseño que el Ayuntamiento aprobó para la zona en abril de 2004
actuaba sobre 163.850 metros cuadrados, cuando el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) reducía esta cifra a 88.300.
Esta
decisión deja en el aire los inmuebles, ya que al quedar sin efecto el
instrumento urbanístico que permitió su edificación se anulan las
licencias de actividad y construcción concedidas con posterioridad.
Precisamente ayer, el particular que denunció los hechos confirmaba que
esta circunstancia le servirá de base «para solicitar la paralización
de las obras».
Desde que se dio a conocer la sentencia, el
alcalde de Castro ha insistido en que «todo es fruto de un error
tipográfico» surgido al trasladar las cifras de un documento a otro.
Así, el equipo de gobierno ha iniciado, mediante un decreto de Alcaldía
que no cuenta con el visto bueno del secretario municipal, José Manuel
Ballestero, los pasos necesarios para subsanar el fallo. «Se ha enviado
a la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu), para su aprobación, un
texto refundido del PGOU en el que las cifras están corregidas»,
explicó Muguruza. Además, el Consistorio ha presentado un recurso de
casación contra la sentencia. La promotora, según el regidor, ha dado
el mismo paso.
Solución definitiva
La
sentencia indica, no obstante, que la única forma de solucionar el
asunto es «modificar el Plan General», un procedimiento que sólo puede
llevarse a cabo con la aprobación del pleno. Y el alcalde reconoció que
es la solución recomendada por el secretario. «Hemos consultado con
técnicos municipales, abogados y la Crotu, y coinciden en que ese paso
no es necesario y que basta con el texto refundido. Ese documento ya
fue aprobado por el pleno en 2005, pero desconozco por qué razón el
secretario de esa época no lo envió a la Comisión Regional», argumentó.
La
solución no convence a muchos de los propietarios de los chalés, en su
mayoría vizcaínos. «Lo hemos consultado con varios abogados expertos en
urbanismo y nos dicen que hay que modificar el Plan General. Es la
solución definitiva que no entendemos por qué no se adopta», afirman.
Pese a todo, el primer edil insistió en su postura. «Ustedes han
consultado con sus técnicos y nosotros con los nuestros. Yo, como
alcalde, decido que la opinión de nuestros expertos y de la Comisión
Regional es la conveniente», zanjó.
Extraído de: elcorreodigital.com
