domingo. 04.12.2022

El Ayuntamiento de Castro está decidido a solucionar por la vía rápida

el problema de los 133 chalés de Sámano que una sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Cantabria ha dejado fuera de ordenación. El

alcalde, Fernando Muguruza, aseguró ayer a los propietarios que «el

Consistorio ya ha dado los pasos oportunos señalados por múltiples

especialistas en la materia» para atajar el conflicto.
El juez anuló el plan parcial que permitió el desarrollo urbanístico

del terreno sobre el que se asientan las viviendas que componen la

urbanización El Prado. El magistrado basó su fallo en el hecho de que

el diseño que el Ayuntamiento aprobó para la zona en abril de 2004

actuaba sobre 163.850 metros cuadrados, cuando el Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) reducía esta cifra a 88.300.

Esta

decisión deja en el aire los inmuebles, ya que al quedar sin efecto el

instrumento urbanístico que permitió su edificación se anulan las

licencias de actividad y construcción concedidas con posterioridad.

Precisamente ayer, el particular que denunció los hechos confirmaba que

esta circunstancia le servirá de base «para solicitar la paralización

de las obras».

Desde que se dio a conocer la sentencia, el

alcalde de Castro ha insistido en que «todo es fruto de un error

tipográfico» surgido al trasladar las cifras de un documento a otro.

Así, el equipo de gobierno ha iniciado, mediante un decreto de Alcaldía

que no cuenta con el visto bueno del secretario municipal, José Manuel

Ballestero, los pasos necesarios para subsanar el fallo. «Se ha enviado

a la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu), para su aprobación, un

texto refundido del PGOU en el que las cifras están corregidas»,

explicó Muguruza. Además, el Consistorio ha presentado un recurso de

casación contra la sentencia. La promotora, según el regidor, ha dado

el mismo paso.

Solución definitiva

La

sentencia indica, no obstante, que la única forma de solucionar el

asunto es «modificar el Plan General», un procedimiento que sólo puede

llevarse a cabo con la aprobación del pleno. Y el alcalde reconoció que

es la solución recomendada por el secretario. «Hemos consultado con

técnicos municipales, abogados y la Crotu, y coinciden en que ese paso

no es necesario y que basta con el texto refundido. Ese documento ya

fue aprobado por el pleno en 2005, pero desconozco por qué razón el

secretario de esa época no lo envió a la Comisión Regional», argumentó.

La

solución no convence a muchos de los propietarios de los chalés, en su

mayoría vizcaínos. «Lo hemos consultado con varios abogados expertos en

urbanismo y nos dicen que hay que modificar el Plan General. Es la

solución definitiva que no entendemos por qué no se adopta», afirman.

Pese a todo, el primer edil insistió en su postura. «Ustedes han

consultado con sus técnicos y nosotros con los nuestros. Yo, como

alcalde, decido que la opinión de nuestros expertos y de la Comisión

Regional es la conveniente», zanjó.

Extraído de: elcorreodigital.com

El Ayuntamiento intenta legalizar por decreto 133 chalés fuera de ordenación