El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza Galán, ha informado que «el próximo martes, 19 de agosto, se procederá al derribo del edificio ubicado en el número 10 de la calle Santander, trabajos que van a tener que ser efectuados manualmente al ser necesario desmontar pieza por pieza, prácticamente, debido a que se trata de un edificio muy antiguo, lo mismo que los colindantes, cuya estructura está muy deteriorada, evitando una actuación de la maquinaria que normalmente suele emplearse en estos derribos por ser, a priori, muy peligroso y acarrear consecuencias imprevisibles, puesto que podría provocar daños en los edificios colindantes.
Esto quiere decir que no habrá espectacularidad en este derribo que puede durar de mes y medio a dos meses. Lógicamente para efectuar este derribo se ordenó, por parte del Ayuntamiento, la realización de un estudio pericial en los edificios colindantes para que quede suficientemente reflejada la situación actual de los mismos en cuanto a sus estructuras y también cómo quedará su situación una vez realizado dicho derribo por si se produjera alguna grieta u otra circunstancia y así poder tener un elemento objetivo de medición de esos posibles daños que pudieran ocasionarse; estudio que se ha realizado días antes del comienzo de la demolición».
Preguntado por qué se ha tardado tanto tiempo en comenzar este derribo, ha señalado que «porque han sido muchos los inconvenientes y los obstáculos que hemos ido encontrando a través de este tiempo, en el que hemos celebrado, desde el mes de abril hasta la fecha, nada menos que 15 reuniones. Pero también, fundamentalmente, ha sido a una falta de entendimiento entre los propietarios del inmueble y el propio Ayuntamiento. No hay que olvidar que el Ayuntamiento tiene la obligación, por sentencia judicial, de proceder a ese derribo porque el inmueble se declara en ruinas; pero quien tiene la obligación de realizar el derribo es la comunidad de propietarios del mismo; como se da el caso de que esa comunidad de propietarios no quiere hacer absolutamente nada, es el Ayuntamiento quien tiene que pedir un estudio y un informe que llegó acompañado de un presupuesto inicial y que fue rechazado por la comunidad de propietarios que lo consideró excesivo en cuanto a precio.
Cuando transcurren los plazos correspondientes en los que la comunidad de propietarios tiene derecho a ejecutar por sí misma la obra de derribo y no la lleva a cabo con el presupuesto confeccionado por los Servicios Técnicos Municipales que, insisto, la comunidad de vecinos había considerado excesivo, el Ayuntamiento busca una empresa que, ante el presupuesto que se le presenta, lo considera muy bajo, no olvidar que la comunidad de propietarios lo había tildado de excesivo, considerando que no puede ejecutar el derribo a ese precio, por lo que en su momento no encontramos empresa alguna que quisiera llevar a cabo el derribo».
Factura a la comunidad
Los Servicios Técnicos Municipales tuvieron que redactar un nuevo presupuesto, «se volvió a ofrecer a la comunidad de propietarios, explicarle que se iba a producir un cambio, y proceder a la contratación, sin olvidar que el derribo se lleva a cabo con un proyecto de ingeniería al requerir unos estudios técnicos muy delicados. Pues bien, transcurrido el tiempo necesario, es el Ayuntamiento quien va a efectuar ese derribo manual, pero pasará la factura a la comunidad de propietarios, porque es su obligación », explica el alcalde.
Extraído de: elalerta.com
