El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha abierto un expediente sancionador a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por no haber reparado los destrozos que los temporales del invierno causaron en la rampa de acceso de la playa de Brazomar, que como consecuencia de ellos está inservible. El Ayuntamiento de Castro Urdiales se ampara para expedientar a Costas en la competencia que el Parlamento de Cantabria otorgó a los alcaldes para velar por el cumplimiento de la Ley autonómica de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de 1996.
De hecho, el Consistorio sostiene que la rampa de Brazomar era el acceso utilizado por los discapacitados y por cualquier otra persona con dificultad de movimiento para acceder a la playa. También denuncia que, por su estado, la rampa es ahora un peligro para todos los usuarios de la playa e impide el acceso de las máquinas que venían encargándose de la limpieza del arenal, “lo que está provocando una gran acumulación de suciedad”. En el decreto por el que se abre el expediente, el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, denuncia que su Ayuntamiento se ha dirigido “numerosas ocasiones” a la Demarcación de Costas de Cantabria para pedir “la urgente reparación” de la rampa, pero ésta “ha hecho caso omiso”.
El decreto no precisa cuál es la gravedad de la infracción que se imputa a la Demarcación de Costas. No obstante, la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas establece que en ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes, caso de Castro Urdiales, los alcaldes sólo son competentes para imponer sanciones de un máximo de 3.000 euros, cifra que queda dentro de los castigos de las infracciones leves. A partir de esa cantidad, la potestad sancionadora corresponde a la Consejería competente en la materia o al Gobierno de Cantabria.
Extraído de: elalerta.com
