martes. 25.06.2024

La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en

la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC,

el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en

2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de

Cantabria (TSJC).

La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando

Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC,

aunque desde 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de

alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas

fechas, Salvador Hierro (IU).

También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero

Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago

Vélez, de IU.

Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia

presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el

equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado

con la contratación de las obras del túnel del Mioño.

De estas diligencias se deriva la actuación realizada

ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro

Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó

varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del

municipio.

Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la

información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la

negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las

dependencias, explica el TSJC.

Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos

que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración

Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y

ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo

estudiada, añade el Tribunal Superior.

La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de

septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime

Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a

dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de

reparación del túnel de Mioño.

La imputación se ha ampliado después a los demás

miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias

practicadas.

Los ocho imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.



Ratificar la denuncia



También deberán declarar los concejales que presentaron la

denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales

miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces

formaba parte de la oposición como edil no adscrito.

La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al

Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador

Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la

adjudicación de esa obra.

El Ministerio Público determinó entonces que los

trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA

Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o

contrato presentado por la empresa.

La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan

Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el

Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo

cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.

Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.

El juez que instruye el caso ya ha tomado declaración en

calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su

día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se

ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba

la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.

Extraído de: eldiariomontanes.es

El anterior equipo de gobierno, acusado de prevaricación