La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en
la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC,
el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en
2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC).
La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando
Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC,
aunque desde 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de
alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas
fechas, Salvador Hierro (IU).
También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero
Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago
Vélez, de IU.
presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el
equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado
con la contratación de las obras del túnel del Mioño.
ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro
Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó
varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del
municipio.
información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la
negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las
dependencias, explica el TSJC.
que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración
Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y
ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo
estudiada, añade el Tribunal Superior.
septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime
Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a
dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de
reparación del túnel de Mioño.
miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias
practicadas.
Ratificar la denuncia
También deberán declarar los concejales que presentaron la
denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales
miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces
formaba parte de la oposición como edil no adscrito.
Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador
Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la
adjudicación de esa obra.
trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA
Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o
contrato presentado por la empresa.
Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el
Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo
cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.
calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su
día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se
ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba
la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.
Extraído de: eldiariomontanes.es
