El alcalde Castro Urdiales, Fernando Muguruza Galán, ante el reciente Auto del juez del Juzgado Nº 2 de Primera Instancia e Instrucción de Castro Urdiales, sobre posible prevaricación y tráfico de influencias, ha manifestado su posición respecto al Auto del juez Acayro, ya que «no estoy en absoluto de acuerdo con nada de lo que dice en él, todo su argumento parte de una mentira, como cuando en el caso de la 1.34 de Urdicam, en la que tuvo la osadía de detener a ciudadanos, constructores castreños, basándose en la existencia de un río que finalmente la Confederación Hidrográfica ha certificado la no existencia de ese río».
Respecto a la relación del alcalde con el propietario de la empresa Trapur, Muguruza argumenta que «en el caso mío, parte de la convicción, que él lo dice, lo afirma y lo ratifica, de mi amistad personal con Pedro Llamas dueño de la empresa de desratización». Según el regidor, el juez basa toda la argumentación de la prevaricación en una amistad que «no ha existido», asevera Muguruza. Así, enfatiza que «no he tenido nunca relación con Pedro Llamas y, además, no he tenido ningún conocimiento que Pedro Llamas tenga amistad con cualquier ciudadano de Castro Urdiales».
De esta manera, el regidor alega que la relación que puede tener con el empresario puede ser, como máximo, «de vista». No obstante, concluye el regidor, «mi abogado está estudiando las setenta páginas del Auto y que, desde luego, estoy totalmente decidido a utilizar todos los recursos que estén a mi alcance para demostrar mi inocencia y demostrar que el juez, en sus setenta páginas, lo que hace es mentir reiteradamente».
Principales acusaciones del auto del ‘Caso Trapur’
En el auto, el juez ve indicios de un delito continuado de prevaricación en la conducta del alcalde y en la de los concejales Elisa Dopico y José Miguel Rodríguez López, en concurso con otro de tráfico de influencias en el caso de los dos últimos. Además, aprecia indicios de un delito continuado de tráfico de influencias en la actuación del gerente de la empresa, Pedro Llamas; y de prevaricación en la actuación del concejal Pedro Revuelta y la funcionaria Iciar Infante.
El juez señala que Llamas se valió de su amistad con el alcalde y los tres concejales para conseguir la adjudicación de los servicios, de los que obtuvo unos beneficios netos de 463.211 euros.
Extraído de: elalerta.com
