Los miembros de la banda de música de Castro llevaban seis años demandando que se regularizara su situación laboral. Trabajaban sin Seguridad Social ni un salario determinado. En 2007 consiguieron que un juez obligara al Ayuntamiento a hacerles fijos y pasaron a ser personal municipal. Sin embargo, en este tiempo han continuado luchando por aumentar la retribución mensual que perciben -360 euros-, equivalente al 25% de la jornada laboral.
Aún inmersos en una batalla legal para reclamar una valoración de sus puestos de trabajo «justa», no imaginaban que el alcalde, Fernando Muguruza, pudiera iniciar hace unos días los trámites para disolver la agrupación.
La decisión fue planteada durante la junta de Gobierno local del pasado 15 de mayo. Según ha podido saber este periódico, el primer edil solicitó un informe al interventor sobre los «costes actuales y potenciales que acarrea la banda», y otro al departamento de Recursos Humanos acerca del «procedimiento a seguir para la completa extinción de las relaciones laborales entre el Consistorio y la agrupación musical», compuesta por 47 miembros.
Mejora de servicios
El motivo que esgrime Alcaldía es que el coste del servicio «está excediendo de manera importante la capacidad económica de esta Administración». Así, el regidor sostiene que está «en la obligación de ordenar el inicio de los trámites necesarios para dejar de prestar el servicio definitivamente», a fin de «adoptar un cambio organizativo que redunde en un mejor servicio al ciudadano». En esa línea, el dinero que el Consistorio se ahorraría a costa de disolver la banda -más de 200.000 euros anuales-, sería desviado a la dotación de «un mejor servicio en prevención y extinción de incendios, transporte, instalaciones deportivas y prestación de servicios sociales» en la localidad.
«Dice que va a destinar los fondos a esos temas para ganarse a la gente, pero lo cierto es que nosotros cobramos lo mismo desde hace años. No salimos más caros que antes, y eso que el porcentaje de jornada que trabajamos ronda el 60%, por lo que deberíamos ganar unos 1.000 euros», apunta el portavoz de los músicos, Miguel Ángel Ricondo. Por eso, los afectados consideran la medida «una decisión personal del alcalde», contra quien emprender un litigio «por la vía penal» si cumple su amenaza.
Extraído de: elcorreodigital.com
