lunes. 05.12.2022

El alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco Bárcena, informó ayer de la presentación ante la Fiscalía del TSJC de un extenso informe para solicitar la apertura de una investigación sobre la actuación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) en el Plan Parcial del Sector 4 de Castro Urdiales.

Pacheco señaló que en la documentación aportada, se pone en evidencia que la topografía del terreno incluye una zona verde con una pendiente de entre el 30 y el 70% “mientras que en Piélagos se denunció la del 22%”, así como la “falta” del informe de Costas y de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, “documento vinculante y con una resolución favorable” en el caso del Ayuntamiento que preside.

A su juicio, los hechos que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía evidencian “notables diferencias en el grado de exigencias entre un Consistorio y otro”. Pacheco cuestionó la independencia de la CROTU “teniendo en cuenta que algunos de los técnicos que emiten los informes, como es el caso de la directora jurídica, Ana Sánchez Lamelas, y la directora general de Urbanismo, Miriam García, están participando activamente en la campaña del consejero regionalista Vicente Mediavilla, la primera como número dos de su candidatura” a la Alcaldía de Santander.

El alcalde de Piélagos ha decidido solicitar la investigación “al conocer, a través de los medios de comunicación que personas del entorno familiar de Mediavilla han intervenido como promotores inmobiliarios de los terrenos correspondientes al citado Plan Parcial” ya que, a su juicio, “no se entiende que se permitiese su aprobación inicial y provisional sin el informe preceptivo de Costas ni de la Consejería de Medio Ambiente”.

“Diferencias de criterio”

Pacheco resume en seis aspectos generales las “diferencias de criterio aplicadas por la CROTU” entre el Ayuntamiento de Piélagos y el de Castro respecto al Planeamiento General de Aplicación, la afectación a la zona costera, la Estimación de Impacto Ambiental, la publicación y la participación pública, las pendientes y las viviendas sujetas a régimen de protección pública. “Los hechos constatan, y así lo demostramos con documentación, que el Ayuntamiento de Piélagos cumplió escrupulosamente con la legalidad vigente en la aprobación del sector 2 del Alto del Cuco, mientras que al de Castro no se le exigieron ni los informes de Costas, ni de Medio Ambiente, ni la publicación e información pública, en una actuación claramente discriminatoria”, señala el regidor.

Pacheco hizo hincapié en que el caso de las pendientes es también “muy llamativo”, puesto que la CROTU “atacó con reiteración” el Plan Parcial de Piélagos por existir una pendiente continua de un 22% “mientras que el informe del arquitecto de Castro Urdiales no sólo hablaba de pendientes mucho más elevadas, sino que decía que la zona más favorable de la ladera presentaba una gran presencia visual sobre el entorno”. Además, señaló que el Plan Parcial de Piélagos “no fue objeto de ninguna modificación”, aplicándose lo aprobado en el PGOU de 1993, mientras que el de Castro “sí sufrió una modificación puntual” en 2005 “para incrementar la capacidad de las viviendas, que pasaron de un 70% al 100% colectivas, eliminándose las unifamiliares”.

Por otro lado, la directora general de Urbanismo del Gobierno regional, Miriam García ha salido al paso de las declaraciones efectuadas ayer por el alcalde de Piélagos, quien pidió a la Fiscalía que investige las actuaciones en la CROTU de Castro Urdiales. Así la directora general de Urbanismo resaltó que cree que “el acalde del Cuco no tiene credibilidad para acudir ante la Fiscalía”, según García “todo esto forma parte de otro de sus montajes para tapar los atentados urbanísticos que ha cometido”, destacó. Para Miriam García, el alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco “se está quedando sin argumentos ni excusas y debe asumir de una vez por todas su responsabilidad”, finalizó la directora de Urbanismo del Ejecutivo regional.

Berriolope dice que Diego será “cómplice” del “desaguisado” si no cesa a Pacheco.

El portavoz parlamentario del PSOE, Martín Berriolope, afirmó ayer que después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de no admitir el recurso de la sentencia del Alto del Cuco ante el Tribunal Supremo, está en manos del presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, “la decisión sobre el futuro político de quién ha cometido una irregularidad urbanística de esa dimensión”. El portavoz socialista manifestó que si después de una sentencia firme que afecta a 395 propietarios y “puede implicar indemnizaciones multimillonarias” con cargo al Ayuntamiento de Piélagos, el presidente del PP “no pide la dimisión del alcalde y los concejales que apoyaron esa decisión, será cómplice de ese desaguisado”.

“Diego sabe que el alcalde de Piélagos y los concejales que apoyaron el Plan Parcial del Alto del Cuco conocían perfectamente el rechazo de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y por lo tanto, eran conscientes de que se podía producir una sentencia contraria a su aprobación”. Berriolope consideró que, además del “desastre ambiental y paisajístico” que representa esa urbanización, “jugaron con fuego y han puesto en una posición extremadamente delicada a 395 familias”. El portavoz socialista se preguntó “qué le debe Ignacio Diego al alcalde de Piélagos para que no le haya cesado y haya comparecido en actos públicos apoyando la candidatura de este personaje”.

Berriolope añadió que “antes de que el Partido Popular de Cantabria continúe con su campaña de insultos y calumnias, tiene que dar una explicación clara de qué es lo que ocurre en Piélagos, qué piensa hacer con el futuro del alcalde y cuál es la solución para despejar el futuro de 395 familias afectadas por la irresponsabilidad y la impunidad que imprime Angel Pacheco a todas sus actuaciones”. “Hasta que Diego no aclare estas cuestiones, no tendrá credibilidad política ninguna en sus afirmaciones”, agrega el portavoz socialista, Martín Berriolope en un comunicado.

Extraído de: elalerta.com

El alcalde de Piélagos pide que se investigue la actuación de la CROTU en Castro