El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Agapito Pastor, uno de los cinco ediles que integran el grupo de Acuerdo por Castro (AxC), ha sido denunciado por la Guardia Civil por una presunto delito de desobediencia. La Benemérita argumenta que el edil de Deportes se negó a facilitar el jueves documentación a la Policía Judicial mientras realizaban el registro en la Gerencia de Urbanismo. Ayer, el propio edil, abogado de profesión, aseguró que únicamente solicitó a los agentes un auto judicial o en su caso el oficio en el que se pudiera concretar la documentación que el juez había requerido.
Se da la circunstancia de que el edil de Deportes estaba en Urbanismo por casualidad, ya que fue el encargado de trasladar al secretario municipal desde el Ayuntamiento hasta la Gerencia en su coche particular, puesto que este último no disponía de vehículo.
Lo intervenido
Los medios de comunicación tuvieron acceso ayer a la relación de todos los expedientes intervenidos por el Juzgado de Instrucción Número 2, algunos de los cuáles ya avanzó este periódico. Entre ellos, varios documentos que tienen que ver con la licencia de obras de la urbanización 'Residencial San Pelayo' en Santullán, que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. También en esta zona se requirió otro expediente acerca de un Plan Parcial promovido por Construcciones Santullán.
Por otra parte, se recogió diversa información referente a varios proyectos de compensación, reparcelación y urbanización del sector SUNP 3 (Suelo Urbanizable No Programado), ubicado en la zona del Alto de la Loma. En este entorno, el juez incautó información sobre proyectos de varias viviendas promovidas por las empresas Bifamiliares y Adosados, Altos de Otañes S.L, Condominios del Norte S L, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A., Alcalá 120 Promociones y Gestión Inmobiliaria S L.
La Policía Judicial intervino también documentación sobre el Plan Parcial del SUNP 4, relativo a la zona del nuevo colegio de Santa Catalina, así como otro Plan Parcial en La Estación de Mioño. Por último, además de una batería de carpetas, la Policía Judicial intervino el texto de la ordenanza sobre licencias urbanísticas y su tramitación.
Extraído de: eldiariomontanes.es
