Durante los últimos cuatro meses Castro Urdiales ha sido el centro de todas las miradas. El Ayuntamiento y los Juzgados han sido los principales escenarios de una investigación judicial que se inició el pasado 27 de marzo y que ha tenido en los políticos castreños a sus principales protagonistas, sin olvidarnos del titular del Juzgado Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, encargado de la investigación.
Presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, injurias y calumnias, además de una larga lista de imputados y otra de testigos, son los principales ingredientes de un proceso judicial que no ha hecho más que comenzar y del que aún no hay ninguna resolución judicial. Un aspecto que empieza a impacientar no sólo a la clase política, sino a la ciudadanía castreña en general.
CASO MIOÑO
El caso Mioño fue el detonante de esta investigación. Que la Policía Judicial acudiera a la Gerencia de Urbanismo para requisar expedientes urbanísticos por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, era sólo un aperitivo de lo que se avecinaba. Al día siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria hacía público un comunicado para concretar que la investigación que iniciaba se refería a un posible delito de prevaricación en torno a las irregularidades cometidas en la contratación de las obras del túnel de Mioño. Una investigación que implicaba al alcalde Fernando Muguruza y seis concejales del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castro Urdiales, además del ex gerente de la empresa Izeta, adjudicataria de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, y el ex secretario municipal, César Saiz. Sobre este caso no hay ninguna resolución judicial. Únicamente se sabe que el informe pericial encargado por el juez determinó que las obras ejecutadas cumplían con las las ofertadas por la empresa Izeta. Sin duda, un balón de oxígeno para todos los implicados.
CASO TRAPUR
Mucho se había hablado de que el 'caso Mioño' tan sólo iba a ser el detonante de un proceso más amplio y complejo. Y así fue. A finales de mayo, una nueva línea de investigación. En esta ocasión, un posible delito de prevaricación por irregularidades en el pago de facturas a la empresa castreña de desratización y desinfección Trapur, que había prestado sus servicios al Consistorio en diversas ocasiones. Además de Muguruza, el juez instructor del caso imputó al propio gerente de la empresa Trapur, Pedro Llamas, por presunto tráfico de influencias; y por prevaricación al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), al ex edil de Juntas Vecinales, Pedro Revuelta, así como la ex veterinaria municipal, Itziar Muruaga.
CASO ASCENSOR
Y como no hay dos sin tres, otro nuevo caso y otra vez Muguruza. En esta ocasión, imputado por otro presunto delito de prevaricación relacionado con la adjudicación irregular de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal, en concreto la ejecución de un ascensor.
Por este mismo asunto el instructor ha citado para que comparezcan como imputados los ediles del PP, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza, el edil de Izquierda Unida, Salvador Hierro, así como los ex concejales Santiago Vélez (IU) y Jaime Díez Muro (PRC). Además, también ha sido imputado de nuevo el ex gerente de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro. Y es que se trata de la misma empresa que realizó las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño. Todos ellos deberá testificar por esta causa en unos días.
INJURIAS Y CALUMNIAS
Por si no eran suficientes las causas que se estaban investigando en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, a raíz de unas declaraciones efectuadas por Fernando Muguruza a EL DIARIO MONTAÑÉS, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Castro llamó a testificar al primer edil castreño como imputado por un presunto delito de injurias y calumnias contra el titular del Juzgado Número 2 de la ciudad.
MANDATO DE DÍAZ HELGUERA
Si hasta ahora el instructor se había centrado en investigar irregularidades cometidas en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura, en los últimos días ha ampliado esa investigación al último mandato de Rufino Díaz Helguera como alcalde. El actual edil de Acuerdo por Castro, fue regidor de este municipio y líder de los socialistas castreños. En este caso el juez ha abierto diligencias previas en virtud del informe de auditoría del Ayuntamiento de Castro Urdiales referido a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002.
Otros frentes abiertos
A la lista de imputados hay que sumar el nombre de María del Carmen Villanueva, ingeniera municipal, y actual presidenta de la Cruz Roja de Castro Urdiales. El juez le ha imputado un presunto delito de prevaricación y falsificación de certificados urbanísticos. Al parecer, Villanueva podría haber expedido certificados careciendo de autorización en relación al plan parcial del SUNP 7 del PGOU de Castro Urdiales, situado en el paraje de La Estación, en Mioño.
Al margen de estos procedimientos hay otro que el juez está investigando desde que requiriera diferentes expedientes en el Ayuntamiento. El más sonado, sin duda, es el referente a la licencia de obras de la urbanización 'Residencial San Pelayo', en Santullán, que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. Sobre este expediente, el juez instructor encargó un informe pericial que, según ha podido conocer este periódico, podría indicar que se invadieron caminos públicos y terrenos de la Junta Vecinal y se ocupó suelo rústico. No obstante, sobre este asunto aún no ha habido imputaciones por parte del juez, aunque la Junta Vecinal sí denunció en su día al alcalde y al por entonces edil de Obras, Salvador Hierro.
Muchas son las diligencias previas que el instructor del caso ha abierto, pero ninguna de ellas ha concluído con una resolución o auto que determine si realmente se cometió o no delito. Además, no se descarta que el juez abra nuevo frentes en la investigación y aumente la nómina de imputados. Sin duda, el futuro del Ayuntamiento pasa por el resultado de esta investigación judicial.
CRONOLOGÍA
27-03-08: El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales imputa un presunto delito de prevaricación por la posible adjudicación «a dedo» de las obras del túnel de Mioño al alcalde Fernando Muguruza y a otros seis ediles del anterior equipo de gobierno. Además, se imputa un presunto delito de tráfico de influencias al ex gerente de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro.
18-04-08: El ex secretario municipal, César Saiz, se convierte en el noveno imputado en el caso Mioño.
21-05-08: El juez imputa otro presunto delito de prevaricación a Fernando Muguruza; al primer teniente de alcalde, Rodríguez López (PP), y al ex edil Pedro Revuelta, por irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Pedro Llamas, gerente de esta empresa, es imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.
23-05-08: La Policía Judicial abre diligencias por presuntas injurias y calumnias de Muguruza contra el juez de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales.
26-05-08: El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales imputa a la ex veterinaria municipal, Itziar Muruaga, dentro de la investigación que ha iniciado en relación a un presunto delito de prevaricación por irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa castreña de desratización Trapur.
11-06-08: El Juzgado de Instrucción número 1 de Castro Urdiales imputa al regidor municipal, Fernando Muguruza, un presunto delito de injurias y calumnias contra el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.
13-06-08: El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales imputa de nuevo al alcalde, Fernando Muguruza, otro presunto delito de prevaricación, en esta ocasión, relacionado con la adjudicación irregular de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal, en concreto la ejecución de un ascensor. Por este mismo asunto el instructor cita para que comparezcan como imputados a los ediles del PP, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza, el edil de Izquierda Unida, Salvador Hierro, así como los ex concejales Santiago Vélez (IU) y Jaime Díez Muro (PRC). Además, también imputa al ex gerente de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro.
03-07-08: El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales abre una nueva linea de investigación en virtud de presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento durante el último mandato de Rufino Díaz Helguera como alcalde socialista y actual socio de gobierno de Fernando Muguruza. En este caso el juez ha abierto diligencias previas en virtud del informe de auditoría del Ayuntamiento de Castro Urdiales referidos a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. Un informe que fue solicitado por el tripartito PRC, PP e IU, tras su entrada en el equipo de gobierno en 2003.
* La otra imputación: Fuentes cercanas a este periódico sostienen que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro habría imputado otro presunto delito por prevaricación al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, por la contratación del arquitecto Pedro Restegui, y de la ingeniera de Caminos Alicia García para que firmasen informes o dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados. Asimismo, se habría imputado este mismo presunto delito de prevaricación al ex concejal de Obras y actual edil de IU, Salvador Hierro. Esta nueva imputación, desmentida por el TSJC, estaría relacionada con uno de los expedientes urbanísticos que el juez requisó y que afecta al plan parcial del SUNP 7 de Castro Urdiales, ubicado en el paraje denominado La Estación, en la pedanía castreña de Mioño.
Extraído de: eldiariomontanes.es
