domingo. 27.11.2022

Vaya por delante que a nuestra asociación en correspondencia con los objetivos que persigue le tocaba hablar en estos días de amenazas para el medio urbano y natural de este municipio, como la agresión que se cierne sobre la peña de Santullán con la construcción de la ampliación del polígono industrial de Vallegón, o la ya declarada intención del gobierno de Cantabria de construir el puerto deportivo en la bahía, y más asuntos que nos preocupan, pero dado el estado de catalepsia en el que vive nuestro ayuntamiento, difícilmente puedan tener nuestras propuestas encaje hoy en la opinión pública. Hoy, lamentablemente, hay que seguir hablando de la  situación que estamos viviendo en el Ayuntamiento y que a todos nos importa.


El pasado mes de mayo nuestra asociación hizo público un comunicado por el que reivindicamos un gobierno municipal de salvación como fórmula idónea (que no la única) para salir de la situación de ingobernabilidad en la que está sumido nuestro Ayuntamiento como consecuencia del juicio que se está haciendo a la corrupción urbanística durante los últimos años de gobierno. Ahora, aquella propuesta cobra su actualidad, no sólo por ser razonable, sino porque es necesaria.

Repasemos los últimos hechos significativos que se han producido durante las últimas semanas:
-    El auto del juez Acayro por el que se resuelve la inhabilitación especial  a Muguruza para desempeñar las funciones de urbanismo y contratación (las más importantes que ejercía como alcalde).
-    El escrito de la fiscalía sobre el caso Mioño por el que el fiscal apoya en buena medida la instrucción del juez de Acayro y solicita penas de inhabilitación entre 8 y 10 años para el alcalde y seis concejales de la anterior corporación, y de los cuales, cuatro siguen en activo: Muguruza, Rodríguez, Carranza y Hierro.
-    Suspensión de militancia de los dos concejales del PP que están procesados en el caso Mioño, y retirada del apoyo del grupo municipal del PP a Muguruza. No obstante, los dos concejales suspendidos y un tercero que se da de baja en el partido, continúan su apoyo al actual alcalde.

(Anótese que esto no es sino el preludio de lo que puede ser una sucesión de autos de procesamiento con los consiguientes escritos de acusación del fiscal tal y como va a suceder con el caso Trapur y una docena de diligencias sobre delitos urbanísticos que van a volver a poner en la picota a varios políticos de esta y anteriores corporaciones, y que a decir verdad trascienden con mucho el papel de chivo expiatorio que viene asumiendo el actual alcalde).

De tales hechos cabría suponer el final del mandato de Muguruza, y sin embargo, lo que nos espera es un gobierno municipal compuesto en su mayoría por tránsfugas y exiliados de sus propias formaciones, un gobierno municipal que encaja sin ningún rubor que Rufino Díaz sea el responsable de urbanismo. El exabrupto.

En tales circunstancias se echa mano de calculadora para provocar una nueva mayoría, liderada por el PSOE, pero resulta que no salen las cuentas, pues las imputaciones penales salpican a concejales de todas las formaciones políticas con representación (excepto al PRC).

Y es que la aritmética no basta, pues no sé trata sólo de gobernar “cuánto”, sino también “cómo” y “con quién”. Lo cierto es que la propia dinámica de los partidos nos ha metido en un agujero del que ni ellos mismos nos pueden sacar. Y si esto es así creemos que ha llegado el momento de que le pregunten a la sociedad civil, pues los ciudadanos  tenemos inteligencia y sentido común para prestarles si ello fuera menester. La pregunta sería la siguiente: ¿Cuál es la solución para hacer gobernable nuestro ayuntamiento? Nosotros pensamos que a falta de aritmética es preciso echar mano de la ética. Existe un mundo de normas no escritas, un código de conducta por el que los cargos públicos procesados en delitos deben irse para casa. Todos los partidos lo entienden así, precisamente por su propia supervivencia, pues no es admisible que cargos sobre los que existe la posibilidad de ser declarados culpables continúen manejando los asuntos públicos. Se puede decir más alto, pero difícilmente podremos decirlo más claro: deben dimitir y dejar su asiento de concejal, además de Muguruza, los siguientes concejales: Rufino Díaz, Elisa Dopico y Agapito Pastor (de Acuerdo por Castro); José Miguel Rodríguez y Conchi Carranza (del PP); Salvador Hierro (de Izquierda Unida); y también Víctor Echevarría (concejal del PSOE imputado en un proceso penal por presunto fraude a una fundación en Mioño). No hace falta decir que sobre estas personas prevalece la presunción de inocencia; sin embargo, es tal la presunción de sospecha que, apelando al código ético que dicta las pautas del buen gobernante, entendemos deben dejar sus escaños para ser ocupados por los siguientes en la lista y formar un gobierno en el que estén representadas proporcionalmente todas las opciones políticas. Un gobierno municipal de salvación, o si se quiere, un gobierno de manos limpias. Esta propuesta ya no parece una quimera, y ya hay voces desde el propio ayuntamiento que parecen asumirlo, como así se desprende de las recientes declaraciones del portavoz del PRC, Javier Virto. No se trata sólo de conseguir una nueva mayoría. Se trata, sobre todo, de que el gobierno municipal alcance la credibilidad suficiente por parte de los ciudadanos para restaurar la imagen de este municipio.


Hay que movilizarse por un gobierno de manos limpias

Como es obvio no vamos a ser tan ilusos como para esperar que esta propuesta sea asumida por las personas a las que aludimos; tampoco esperamos que se produzca una seria reflexión en los partidos y agrupaciones a las que pertenecen, y somos bastante escépticos en que surja un movimiento cívico en pos de la regeneración de nuestro Ayuntamiento. Muy a nuestro pesar, más bien parece que la opinión pública castreña se está malacostumbrando a que los escándalos que reiteradamente ofrece nuestra corporación formen parte de lo habitual, o quizás, los ciudadanos nos comportamos como meros espectadores de un capítulo semanal de esta tragicomedia escenificada en los medios de comunicación. Sabemos que hay muchas personas que sienten vergüenza por lo que pasa en nuestro Ayuntamiento, pero cosa muy distinta es que lo digan en voz alta y sin miedo a la represalia. Y aún así tenemos la obligación moral de persistir y aportar nuestro empeño para que las cosas cambien. Es hora de dar la cara, y si hace falta salir de casa.

En coherencia con esto, nuestra asociación ciudadana convocará a los castreños que lo quieran a movilizarse para presionar a los partidos para que promuevan un gobierno de manos limpias sin descartar otras propuestas que provoquen el cambio necesario en nuestro ayuntamiento.


La disolución del ayuntamiento: ¿un lapsus de Revilla?

Hasta ahora hemos expuesto y propuesto una salida para construir otro ayuntamiento posible apelando a la ética, y que, por tanto, exige una conducta que está en manos de las personas. Pero ¿qué pasa si los concejales, que son poseedores de sus cargos, hacen oídos sordos? De acuerdo con la legislación española los nombramientos de los concejales son personales y no por su condición de pertenecer a un partido o lista electoral. Así pues, el hecho de que los concejales imputados y procesados persistan en mantener su sillón puede parecernos deleznable, pero es perfectamente legal, pues de ellos es el cargo.

La única salida que permite el ordenamiento jurídico es la disolución del Ayuntamiento, pero tiene una tramitación tan compleja y excepcional que la vemos difícil, lo cual no es óbice para apoyarla si en un plazo razonable se esfuma la posibilidad de formar un gobierno municipal de manos limpias. Dicho de otra manera: si los ciudadanos no podemos echarlos, tendremos que apelar a los poderes del estado para que disuelva el Ayuntamiento. Este procedimiento es tan excepcional que tan solo se ha utilizado una vez en España, en el caso Marbella, en abril de 2006. Pero cobra actualidad gracias a las declaraciones de ayer del presidente de Cantabria, Revilla, que resultan sorprendentes en la medida de que no son coherentes con lo declarado por el PRC de Castro, y porque hace unos meses el mismo líder regionalista descartaba la disolución. Es posible que sus compañeros de gobierno maticen esta propuesta que depende no solo de Revilla sino del acuerdo del gobierno de Cantabria, pues es este órgano quien debe hacer la propuesta al gobierno de la nación, quien a su vez aprobará la disolución del ayuntamiento previo dictamen del consejo de Estado (el “caso Marbella” se sometió también a la aprobación del Senado). Como puede comprobarse el procedimiento de disolución del ayuntamiento es tan excepcional que la decisión no va a depender sólo del criterio de Revilla, expuesto con la escasa solemnidad de un campo de golf en una tarde de sábado.

En cualquier caso, si la postura del gobierno cántabro es favorable a la disolución, ésta debe acordarse cuanto antes, y permitir así la posibilidad de que se puedan realizar nuevas elecciones para alcanzar un nuevo gobierno municipal (que, por cierto, no sabemos si será de “manos limpias”).

Vaya por delante que a nuestra asociación en correspondencia con los objetivos que persigue le tocaba hablar en estos días de amenazas para el medio urbano y natural de este municipio, como la agresión que se cierne sobre la peña de Santullán con la construcción de la ampliación del polígono industrial de Vallegón, o la ya declarada intención del gobierno de Cantabria de construir el puerto deportivo en la bahía, y más asuntos que nos preocupan, pero dado el estado de catalepsia en el que vive nuestro ayuntamiento, difícilmente puedan tener nuestras propuestas encaje hoy en la opinión pública. Hoy, lamentablemente, hay que seguir hablando de la  situación que estamos viviendo en el Ayuntamiento y que a todos nos importa.

El pasado mes de mayo nuestra asociación hizo público un comunicado por el que reivindicamos un gobierno municipal de salvación como fórmula idónea (que no la única) para salir de la situación de ingobernabilidad en la que está sumido nuestro Ayuntamiento como consecuencia del juicio que se está haciendo a la corrupción urbanística durante los últimos años de gobierno. Ahora, aquella propuesta cobra su actualidad, no sólo por ser razonable, sino porque es necesaria.

Repasemos los últimos hechos significativos que se han producido durante las últimas semanas:
-    El auto del juez Acayro por el que se resuelve la inhabilitación especial  a Muguruza para desempeñar las funciones de urbanismo y contratación (las más importantes que ejercía como alcalde).
-    El escrito de la fiscalía sobre el caso Mioño por el que el fiscal apoya en buena medida la instrucción del juez de Acayro y solicita penas de inhabilitación entre 8 y 10 años para el alcalde y seis concejales de la anterior corporación, y de los cuales, cuatro siguen en activo: Muguruza, Rodríguez, Carranza y Hierro.
-    Suspensión de militancia de los dos concejales del PP que están procesados en el caso Mioño, y retirada del apoyo del grupo municipal del PP a Muguruza. No obstante, los dos concejales suspendidos y un tercero que se da de baja en el partido, continúan su apoyo al actual alcalde.

(Anótese que esto no es sino el preludio de lo que puede ser una sucesión de autos de procesamiento con los consiguientes escritos de acusación del fiscal tal y como va a suceder con el caso Trapur y una docena de diligencias sobre delitos urbanísticos que van a volver a poner en la picota a varios políticos de esta y anteriores corporaciones, y que a decir verdad trascienden con mucho el papel de chivo expiatorio que viene asumiendo el actual alcalde).

De tales hechos cabría suponer el final del mandato de Muguruza, y sin embargo, lo que nos espera es un gobierno municipal compuesto en su mayoría por tránsfugas y exiliados de sus propias formaciones, un gobierno municipal que encaja sin ningún rubor que Rufino Díaz sea el responsable de urbanismo. El exabrupto.

En tales circunstancias se echa mano de calculadora para provocar una nueva mayoría, liderada por el PSOE, pero resulta que no salen las cuentas, pues las imputaciones penales salpican a concejales de todas las formaciones políticas con representación (excepto al PRC).

Y es que la aritmética no basta, pues no sé trata sólo de gobernar “cuánto”, sino también “cómo” y “con quién”. Lo cierto es que la propia dinámica de los partidos nos ha metido en un agujero del que ni ellos mismos nos pueden sacar. Y si esto es así creemos que ha llegado el momento de que le pregunten a la sociedad civil, pues los ciudadanos  tenemos inteligencia y sentido común para prestarles si ello fuera menester. La pregunta sería la siguiente: ¿Cuál es la solución para hacer gobernable nuestro ayuntamiento? Nosotros pensamos que a falta de aritmética es preciso echar mano de la ética. Existe un mundo de normas no escritas, un código de conducta por el que los cargos públicos procesados en delitos deben irse para casa. Todos los partidos lo entienden así, precisamente por su propia supervivencia, pues no es admisible que cargos sobre los que existe la posibilidad de ser declarados culpables continúen manejando los asuntos públicos. Se puede decir más alto, pero difícilmente podremos decirlo más claro: deben dimitir y dejar su asiento de concejal, además de Muguruza, los siguientes concejales: Rufino Díaz, Elisa Dopico y Agapito Pastor (de Acuerdo por Castro); José Miguel Rodríguez y Conchi Carranza (del PP); Salvador Hierro (de Izquierda Unida); y también Víctor Echevarría (concejal del PSOE imputado en un proceso penal por presunto fraude a una fundación en Mioño). No hace falta decir que sobre estas personas prevalece la presunción de inocencia; sin embargo, es tal la presunción de sospecha que, apelando al código ético que dicta las pautas del buen gobernante, entendemos deben dejar sus escaños para ser ocupados por los siguientes en la lista y formar un gobierno en el que estén representadas proporcionalmente todas las opciones políticas. Un gobierno municipal de salvación, o si se quiere, un gobierno de manos limpias. Esta propuesta ya no parece una quimera, y ya hay voces desde el propio ayuntamiento que parecen asumirlo, como así se desprende de las recientes declaraciones del portavoz del PRC, Javier Virto. No se trata sólo de conseguir una nueva mayoría. Se trata, sobre todo, de que el gobierno municipal alcance la credibilidad suficiente por parte de los ciudadanos para restaurar la imagen de este municipio.


Hay que movilizarse por un gobierno de manos limpias

Como es obvio no vamos a ser tan ilusos como para esperar que esta propuesta sea asumida por las personas a las que aludimos; tampoco esperamos que se produzca una seria reflexión en los partidos y agrupaciones a las que pertenecen, y somos bastante escépticos en que surja un movimiento cívico en pos de la regeneración de nuestro Ayuntamiento. Muy a nuestro pesar, más bien parece que la opinión pública castreña se está malacostumbrando a que los escándalos que reiteradamente ofrece nuestra corporación formen parte de lo habitual, o quizás, los ciudadanos nos comportamos como meros espectadores de un capítulo semanal de esta tragicomedia escenificada en los medios de comunicación. Sabemos que hay muchas personas que sienten vergüenza por lo que pasa en nuestro Ayuntamiento, pero cosa muy distinta es que lo digan en voz alta y sin miedo a la represalia. Y aún así tenemos la obligación moral de persistir y aportar nuestro empeño para que las cosas cambien. Es hora de dar la cara, y si hace falta salir de casa.

En coherencia con esto, nuestra asociación ciudadana convocará a los castreños que lo quieran a movilizarse para presionar a los partidos para que promuevan un gobierno de manos limpias sin descartar otras propuestas que provoquen el cambio necesario en nuestro ayuntamiento.


La disolución del ayuntamiento: ¿un lapsus de Revilla?

Hasta ahora hemos expuesto y propuesto una salida para construir otro ayuntamiento posible apelando a la ética, y que, por tanto, exige una conducta que está en manos de las personas. Pero ¿qué pasa si los concejales, que son poseedores de sus cargos, hacen oídos sordos? De acuerdo con la legislación española los nombramientos de los concejales son personales y no por su condición de pertenecer a un partido o lista electoral. Así pues, el hecho de que los concejales imputados y procesados persistan en mantener su sillón puede parecernos deleznable, pero es perfectamente legal, pues de ellos es el cargo.

La única salida que permite el ordenamiento jurídico es la disolución del Ayuntamiento, pero tiene una tramitación tan compleja y excepcional que la vemos difícil, lo cual no es óbice para apoyarla si en un plazo razonable se esfuma la posibilidad de formar un gobierno municipal de manos limpias. Dicho de otra manera: si los ciudadanos no podemos echarlos, tendremos que apelar a los poderes del estado para que disuelva el Ayuntamiento. Este procedimiento es tan excepcional que tan solo se ha utilizado una vez en España, en el caso Marbella, en abril de 2006. Pero cobra actualidad gracias a las declaraciones de ayer del presidente de Cantabria, Revilla, que resultan sorprendentes en la medida de que no son coherentes con lo declarado por el PRC de Castro, y porque hace unos meses el mismo líder regionalista descartaba la disolución. Es posible que sus compañeros de gobierno maticen esta propuesta que depende no solo de Revilla sino del acuerdo del gobierno de Cantabria, pues es este órgano quien debe hacer la propuesta al gobierno de la nación, quien a su vez aprobará la disolución del ayuntamiento previo dictamen del consejo de Estado (el “caso Marbella” se sometió también a la aprobación del Senado). Como puede comprobarse el procedimiento de disolución del ayuntamiento es tan excepcional que la decisión no va a depender sólo del criterio de Revilla, expuesto con la escasa solemnidad de un campo de golf en una tarde de sábado.

En cualquier caso, si la postura del gobierno cántabro es favorable a la disolución, ésta debe acordarse cuanto antes, y permitir así la posibilidad de que se puedan realizar nuevas elecciones para alcanzar un nuevo gobierno municipal (que, por cierto, no sabemos si será de “manos limpias”).


Comunicado aprobado por la junta directiva de “Otro Castro Es Posible”, en reunión del domingo 8 de noviembre de 2009.


Comunicado de Otro Castro Es Posible: Otro Ayuntamiento debe ser posible