Hasta el tratamiento contra las ratas está bajo sospecha en Castro Urdiales, salpicando a un empresario y una concejala. La rapiña ha sido de tal naturaleza que la causa general contra el urbanismo desaforado en este pueblo de la costa de Cantabria que en sólo un par de décadas ha pasado de 10.000 a 60.000 habitantes gracias a miles de vecinos de Bilbao y alrededores que buscaban una alternativa mas barata comunicada por autopista con sus centros de trabajo ha provocado ya la detención de dieciocho personas.
Además de los dos últimos alcaldes (del PSOE y del Partido Regionalista Cántabro), políticos, constructores y funcionarios municipales están imputados por delitos relacionados con el urbanismo. La semana pasada fueron detenidos el alcalde actual, Fernando Muguruza, el anterior, Rufino Díaz Helguera, y quien fuera durante décadas secretario del Ayuntamiento, César Sáenz, “don César” para todo Castro. La investigación se fija ahora en un convenio urbanístico de grandes proporciones en el que intervino como mediador Emilio Guevara, ex dirigente del PNV que luego fue parlamentario del PSOE.
La política municipal de este pueblo en expansión ha distado mucho de ser tranquila en las últimas legislaturas. A tres mayorías absolutas de Rufino Díaz Helguera (PSOE), siguió en 2003 todo un tripartito: PP, PRC e IU. Fernando Muguruza, aún mano derecha de Revilla, presidente de Cantabria, fue desde entonces alcalde. El rizo se hizo funambulista cuando, tras las últimas elecciones, en 2007, Muguruza se fugó del PRC para acabar pactando con el anterior alcalde del PSOE, que se había hecho independiente (Acuerdo por Castro, AxC) y con el PP. Así, rompiendo los pactos antitransfuguismo, Muguruza siguió como alcalde. Las decenas de acuerdos urbanísticos, los más de 245 informes alertando de ilegalidades de anterior interventor municipal, estaban a punto de hacer estallar el escándalo. En abril del año pasado comenzó un goteo de detenciones que ha culminado con la de los dos acaldes y socios de lance en el gobierno municipal.
En medio de este vaivén de siglas, los investigadores del caso consideran que la estructura decisoria de estos actos presuntamente ilegales se mantuvo intacta. Muguruza, el líder del PP local, José Miguel Rodríguez y César Díaz, el secretario del Ayuntamiento ya jubilado, junto a Díaz Herlguera o el apoyo puntual de políticos como Salvador Hierro, de IU. En medio, un sinfín de funcionarios, políticos y promotores. Uno de los primeros en pasar por la sala de detenidos de la Guardia Civil, procesado e imputado, fue el constructor Jon Loroño. Se trata de un empresario vasco, conocido en Castro Urdiales por tres motivos: por ser el mecenas de club de fútbol local, por la sucesión de bloques que ha edificado con el nombre de Paraíso y por las fiestas que organiza en su suntuaria mansión, sobre una ladera boscosa de Castro. A esto se añade algo que casi nadie sabe en el pueblo: que además fue condenado hace años por colaboración en banda armada en el vecino País Vasco. El juez sospecha de las presuntamente ilegales convivencias entre el equipo municipal, arquitectos y ese promotor para llevar a cabo cerca de una decena de promociones, de sus llamados Paraísos.
Paradójicamente, aunque Castro ha vivido un boom inmobiliario, su ayuntamiento está en precaria situación económica. La investigación del caso apunta a que hay todo un sistema de connivencia con empresarios y constructores, Como ejemplo, el contrato para el tratamiento contra las ratas. En un auto de 61 folios, el juez hace un minucioso análisis de todo un sistema anómalo de funcionamiento. La desratización de Castro Urdiales, que en cuatro años anteriores no había supuesto más que 90.000 euros a las arcas municipales, se contrató a Trapur, sociedad de un miembro de la ejecutiva local del PP, Pedro Llamas Pérez.
Lo que hasta entonces había costado 90.000 euros costó a los ciudadanos de Castro 579.013,73 entre 2003 y 2008. De este medio millón largo de euros el juez calcula unos beneficios a esta empresa que antes estaba en pérdidas, de 463.211,73 euros. En medio de esto, la concejala del PP que adjudicó el contrato, Elisa Dopico, tuvo un pequeño desliz. Aunque al juez le negó ningún tipo de cobro como comisión de su compañero de partido, la Guardia Civil descubrió que había ingresado en su cuenta un cheque de 1.000 euros de Trapur. El empresario y la concejala también han sido detenidos por la Guardia Civil.
Corrupción sobre plano
La investigación policial y judicial comenzó de una forma que muchos consideraron anecdótica: los 50.000 euros presuntamente malversados en la construcción de un túnel en Mioño. Esta obra fue adjudicada a una empresa propiedad del hermano de un concejal del PP (ya en el gobierno) Jaime Díaz Muro y de un arquitecto, Javier Ibarrola. Éste sería después contratado como gerente de urbanismo de Castro. Su detención y sus declaraciones a la unidad de la Guardia Civil que hace de policía judicial fueron claves para seguir la investigación, ya que abrieron todo un abanico insospechado de presuntas corruptelas.
La que ha llevado al cuartel de la Guardia Civil detenidos a los alcaldes se llama Unidad de Ejecución 1.34, cerca de Santa Catalina. Esta promoción está construida, en opinión del juez, policía judicial y técnicos, sobre el cauce de un arroyo, en terreno público. También lo sabe quien estuviera en Castro hace dos semanas, cuando el barrio se inundó por las lluvias torrenciales. Pero también lo sospechaban al menos alguno de los miembros de la actual corporación municipal, que se opuso al proyecto cuando se aprobó durante el mandato del PSOE. Después, ya en el Gobierno, lo ejecutaron. La obra se aprobó con urgencia en 2002, según consta en el acta de los plenos, “porque es de interés general, porque tendrá un Centro de artes escénicas”. Hoy, en el cono rellenado de lo que fue un arroyo, hay una explanada con coches donde, según acordaron con el Ayuntamiento a cambio de que se les dejara construir, las promotoras tenían que haber hecho un teatro municipal.
No es extraño, ya que tampoco hay rotondas, viales, parques ni aceras que las constructoras tenían que haber edificado como compensación a sus urbanizaciones y están en los planos, según ha constatado la investigación. Al igual que en otra urbanización investigada no hay agua. No se construyeron los depósitos que tenían comprometidas las urbanizadoras a cambio de edificar sus promociones. Pasa en la zona de chalés La Loma, donde unas mangueras tiradas por las aceras reparten un hilo de agua entre los vecinos, indignados. Las farolas no tienen más que el poste, los viales son tan estrechos que no caben las ambulancias ni el Patrol de la Guardia Ciivl.
El desmán es tal que, cerca de allí, en la misma La Loma, edificados por Constructora Quintana, hay 20 chalets de lujo que no figuran en ningún expediente ni en ninguna autorización, según aseguran fuentes de la investigación. Pese a su volumen de población resulta difícil no darse cuenta de que no se ha hecho un teatro y que en su lugar hay una explanada con coches. Igual que no reparar en que se ha mutilado uno de los patrimonios históricoartísticos del pueblo.
El juez Luis Acayro investiga cómo un constructor muy conocido por los equipos de gobierno, Andoni Respaldiza, de Acan Flavi, autorizado para hacer 16 chalets junto a la hermosa Torre de Cerdigo una casa torre solariega del siglo XVII , acabó haciendo 17 y construyendo de manera presuntamente ilegal un ático y ampliando este torreón centenario que el constructor usa como residencia con máxima protección según los planes urbanos, que exigían dejar intacto el monumento. Todos los arquitectos de este proyecto han sido procesados. Aunque los hechos tuvieron lugar en 2003 y el ayuntamiento dio licencia de ocupación sin reparar aparentemente en que se había hollado un monumento.
A pesar de que algunos funcionarios municipales alertaban de la posible ilegalidad de algunos convenios, éstos se sucedían. Uno de los acuerdos estrella es el que permitió construir a Vizcaína de Edificaciones, una sociedad de Antón Iráculis, 1.100 viviendas en uno de los parajes más bellos de la ciudad. Cuando Muguruza llegó a la alcaldía, en 2003, el interventor advirtió que se iba a edificar lesionando los intereses de la ciudad, que debía anular y suspender la urbanización. Sólo los terrenos que cedía el Ayuntamiento valían más de seis millones de euros y no ib a recibir ninguna compensación. Un informe jurídico decía además que la promoción era ilegal. Se inició una negociación que varió en su cariz a partir de la aparición como abogado de la empresa del político Emilio Guevara. El interventor fue apartado y todo se negoció entre el secretario municipal, “don César”, y los líderes del equipo de Gobierno.
En 2004, a pesar de un informe contrario del interventor, se aprueba un convenio por el que la constructora paga 2,4 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de que éste olvide cualquier reclamación. Nada de suspensión de la urbanización. Fuentes de la investigación aseguran que sólo los terrenos que cedía el pueblo de Castro al constructor vasco ya valían seis millones.
Extraído de: Interviú http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=55427&idseccio_PK=547&h=
