La asociación ecologista Arca considera que las conclusiones del estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria "no se ajustan a la realidad y provocan una alarma injustificada". Según Arca, los datos "reales" reflejan que "sólo unas decenas de empresas" están afectadas por el deslinde del dominio público marítimo terrestre, y en "todos los casos", dice, es posible su regularización sin necesidad de "dinamitar" el articulado de la Ley de 1988.
La asociación señala en un comunicado que, ante estas circunstancias, "echa de menos" que los gobiernos de España y de Cantabria defiendan la vigencia de la Ley de Costas como una "herramienta fundamental" para gestionar ordenadamente el litoral español y, al mismo tiempo, rechaza que pueda hablarse de inseguridad jurídica con relación a una ley que se publicó hace 22 años.
Por último, opina que las empresas cántabras que decidieron instalarse en zonas costeras "tienen que aceptar" las limitaciones establecidas por la Ley de Costas, "exactamente igual que el resto de españoles, y que en ningún caso afectan a la propiedad o a la continuidad de su actividad industrial".
Recordemos que Derivados del Fluor, ubicada en la pedanía de Ontón en Castro Urdiales, es una de las empresas inmersas en este estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria.
