El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Santander ha anulado una sanción de 30.306 euros a la Junta de Compensación del APD-2 de Castro Urdiales y a la empresa Ascán por ejecutar sin autorización unas obras de relleno en una zona de servidumbre de protección en Punta Cotolino. En la sentencia, hecha pública hoy, se señala que la Consejería de Obras Públicas tenía "pleno conocimiento" de estos trabajos a través de sus instrumentos de planteamiento y que pese a ello no mostró "ningún reparo", por lo que se incumplió el "principio de confianza legítima".
Las obras formaban parte de un proyecto de parque urbano, y consistieron en la ejecución de una red de alcantarillado, que requirió relleno y nivelación de tierras, con su correspondiente vertido a la costa, así como otro relleno para la ejecución de una senda peatonal, junto a una plataforma para acceder al parque.
La sanción fue impuesta por la Dirección General de Puertos y Costas, y posteriormente confirmada por el Consejo de Gobierno en una decisión que es la que recurre ahora la Junta de Compensación. La denuncia que dio origen a la sanción se produjo por la actuación de la Demarcación de Costas en Cantabria.
La citada junta defendió que estos obras estaban autorizadas por el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del APD-2 de Castro, aprobado en el año 2000 por el Gobierno de Cantabria, y que incluía las obras del parque, que serviría para separar el espacio edificado del mar.
Las obras, al estar incluidas en el plan, tendrían la autorización del Gobierno, ya que fue éste el que aprobó el Plan Especial. Además, se remitía al proyecto de urbanización y al proyecto del propio parque, con informes favorables municipales y que fue trasladado al Ejecutivo, como autorizaciones para iniciar los trabajos.
Sin embargo, Obras Públicas incidía en que estas obras debían comunicarse con carácter previo, al encontrarse a entre 10 y 40 metros de la ribera del mar, algo que rechaza el fallo, que anula la sanción.
Extraído de: cantabriaconfidencial.com
