Escándalo. La presencia de la Policía Judicial en la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales para requisar abundante documentación sobre expedientes urbanísticos corrió ayer como la pólvora, tanto en la ciudad como a escala regional y nacional. Al filo de las doce del mediodía un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió al local de la Gerencia de Urbanismo por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales. Tenía por objetivo requisar numerosa documentación relacionada con el pago de facturas en materia urbanística y que abarcan tanto a esta legislatura como la anterior, en concreto, desde el año 2006.
Al parecer, esta denuncia habría partido del propio interventor del Consistorio castreño que habría sido el encargado de poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción Número 2 las irregularidades por las que se investiga la actuación desde 2006 del equipo de gobierno en varias materias, entre ellas el urbanismo. Y es que el juez podría estar revisando actuaciones que pudieran ser constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En concreto y según ha podido conocer este periódico, se han abierto diligencias previas por una serie de obras y facturas entre las que figuran la licencia de obras de 'Residencial San Pelayo' en Santullán, así como servicios de limpieza, obras de asfaltado y trabajos para la rehabilitación del Santo Hospital, entre otras. De igual forma, el juez prevé tomar declaración a varias personas del entorno de la Corporación municipal en relación a estas diligencias previas y a raíz de la documentación requisada, si bien aún no se ha podido concretar la fecha de estas citaciones.
Numerosa documentación
Los expedientes intervenidos por el juez fueron trasladados al filo de las cuatro de la tarde por los agentes en una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios atadas en tacos. Entre ellos, el expediente referente a la urbanización 'Residencial San Pelayo' que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. El 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la propia Junta Vecinal.
Por aquel entonces el pedáneo, Julián Revuelta (PSOE), aseguró que el cargo de parlamentario que ostentaba en ese momento Muguruza - entonces alcalde y diputado regional del PRC- «estaba retrasando» la tramitación de la denuncia que se encontraba precisamente en ese Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. La Junta Vecinal decidió ampliar la denuncia incluyendo en la misma a Muguruza y al entonces concejal de Obras de Castro, Salvador Hierro (IU), por un presunto delito de prevaricación. Ayer, el propio pedáneo socialista no quiso pronunciarse al respecto recordando que «es un asunto que está bajo secreto de sumario». Por su parte, la abogada de la Junta Vecinal reconoció no tener constancia de que el motivo de esta actuación judicial gire en torno a esta urbanización. Sea como fuere, este caso es una de las múltiples actuaciones que el juez está investigando.
Silencio a nivel regional
Tanto los representantes del PP como del PSOE a nivel regional evitaron ayer pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la espera de conocer más datos sobre la intervención judicial. Por su parte, el portavoz del PRC en el Parlamento Regional, Rafael de la Sierra, señaló ayer que «toda actuación encaminada a acabar con la corrupción urbanística nos parece bien». Desde la prudencia que a su juicio requiere la intervención del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el portavoz regionalista mostró su satisfacción «por actuaciones en delitos que causan gran alarma social». De la Sierra reconoció que había rumores sobre corrupción urbanística en Castro al tiempo que destacó la necesidad de «respetar la actuación de los jueces y esperar».
Los que sí se pronunciaron fueron los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación municipal castreña. La más explícita fue la portavoz del PSOE, María Jesús Esteban, que solicitó al equipo de gobierno que dé una explicación a lo que está pasando en el Consistorio castreño tras la entrada de la Guardia Civil en la Gerencia de Urbanismo. En este sentido, Esteban aseguró que esta intervención «abre interrogantes importantes sobre la actuación del Ayuntamiento» por lo que instó al Gobierno municipal a informar de lo que está ocurriendo, tanto al resto de la Corporación como a la ciudadanía castreña. No obstante, la portavoz socialista pidió que se mantenga «la tranquilidad y la prudencia porque las investigaciones siguen su curso y están en manos de un juez», aunque sí que se mostró preocupada por las noticias que recibió sobre esta operación.
A pesar de ello, Esteban cree que «esta intervención policial no empañará la imagen del Ayuntamiento, sino que, en todo caso, empañaría la forma de hacer política de una parte de los responsables municipales. No es justo que se meta a todos en el mismo saco. No todos son de la misma condición», apostilló. Desde el equipo de gobierno, además del alcalde, el portavoz del Grupo Popular, José Miguel Rodríguez, mostró su sorpresa por la intervención judicial «porque nadie había presentado, al menos hasta las dos de la tarde, ningún documento en el que se diga en base a qué se solicitaba la documentación». «Estoy sorprendido porque cuando la Policía Judicial va a pedir documentación tiene que ser en base a un escrito judicial o un procedimiento», comentó el líder de los populares castreños que reconoció que los documentos incautados por el juez «tienen que ver con contrataciones y en base a unas notas de reparo». El alcalde Muguruza dará hoy una rueda de prensa para hablar del asunto.
Gorostiaga afirma que ni hay ni va a haber discriminación
La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, afirmó ayer que «no se va a hacer ni si hace ninguna discriminación» con el Ayuntamiento de Castro Urdiales porque «seguimos en la línea de ayudas a los ciudadanos». De esta forma, a preguntas de los periodistas, respondió al anuncio del equipo de gobierno municipal de posibles movilizaciones ante la falta de ayudas por parte de la Administración regional.
Gorostiaga señaló que el Gobierno de Cantabria «sigue velando por los intereses de los ciudadanos de Castro Urdiales» porque «los ciudadanos no tienen en absoluto la culpa de la situación que se está dando» en este ayuntamiento.
Proyectos
Indicó que la Administración regional tiene en marcha los proyectos que inició la pasada legislatura y desarrollará los presentados en ésta. «Los estamos llevando a cabo y vamos a seguir», apostilló, tras lo que citó el Centro de Día, el Centro de Salud, los proyectos industriales ya iniciados, la renovación del puerto de Castro Urdiales y el aparcamiento subterráneo de Amestoy, y la ampliación de varios colegios y de los servicios sociales.
A juicio de la vicepresidenta del Ejecutivo, es «paradógico» que quien se haya encargado de hacer públicas las quejas del Ayuntamiento de Castro hacia todas las consejerías del Gobierno regional, excepto la de Cultura, haya sido el primer teniente del alcalde, José Miguel Rodríguez 'Kaika', del Partido Popular, cuando su formación política respaldó el pacto nacional antitransfuguismo y ahora gobierna en Castro Urdiales con un alcalde declarado tránsfuga de forma oficial.
Compromisos
«Desprecio es -agregó- no acatar los compromisos que tu mismo adquieres sin que nada te obligue y cuando llegue el momento de tener que decidir sobre algo que has firmado a nivel nacional te hagas el loco y eches balones fuera. A mi eso me parece bastante paradógico».
Dolores Gorostiaga insistió en que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, es un tránsfuga, «y no lo digo yo, lo dice una resolución de un pacto antitransfuguismo que firmaron a nivel nacional PSOE y PP».
En este sentido, la vicepresidenta regional advirtió que los populares están apoyando, por tanto, a un tránsfuga y «a partir de ahí lo demás son fuegos de artificio».
«Es una caza de brujas en toda regla»
«Lo triste e injusto de esta situación es que se está actuando con una total oscuridad en cuanto a los fines, a los medios y lo que se persigue. Me da la impresión de que todo esto es un circo mediático». Así de claro se mostró ayer el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tras conocer la presencia de la Policía Judicial en la Gerencia de Urbanismo.
El alcalde dijo que «no hay sustancia ninguna y que al final todo va a quedar en nada, como quedó en nada lo de Urruticoechea denunciando al Ayuntamiento, lo del secretario Ballesteros y el Tribunal de Cuentas, que estuvo hace dos años y todo quedó en nada». En opinión del máximo mandatario municipal, «nos encontramos ante otra actuación de tipo estelar o quizá de un juez estrella. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que los motivos son políticos. Cuando no pueden acabar con un equipo de gobierno por la vía democrática, tienen que buscar otras vías que les sirvan», apostilló. El alcalde dijo que «esto es una caza de brujas en toda regla» y que no había ningún imputado. Muguruza se mostró tranquilo porque «siempre hemos actuado con honradez». «En el área de Urbanismo siempre se ha actuado con la máxima honradez y la máxima honestidad. En ningún momento ha habido el más mínimo desliz. Desde el punto de vista judicial no tengo ninguna preocupación, sí desde el punto de vista mediático», remarcó.
PSOE
Además, Muguruza responsabilizó al PSOE por lo ocurrido y señaló que la intención que tienen los socialistas «es extender un halo de sospechas sobre el equipo de gobierno. Lo que interesa aquí es el circo mediático, porque en el fondo no hay nada».
En este sentido, dijo que todo esto tenía relación «con el cabreo que tiene el PSOE que no ve satisfecho sus pretensiones en Castro. ¿Qué es lo que le mueve al Partido Socialista a actuar de esta manera y mover todos estos hilos en un intento de desprestigiar a un equipo de gobierno?», concluyó preguntándose el alcalde Fernando Muguruza.
Extraído de: eldiariomontanes.es
