La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha acordado incoar diligencias previas contra el
actual equipo de gobierno de Castro Urdiales por un presunto delito de
prevaricación urbanística que podría haberse cometido el pasado año en
un convenio para la zona de Cotolino.
La querella fue presentada el pasado 29 de agosto en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Castro por el portavoz del Colectivo en Defensa
de la Bahía, Ángel Villanueva y el edil no adscrito, Pedro Revuelta, y
está motivada por la renegociación de un convenio urbanístico que dio
lugar a la venta, en 2004, de un sector del barrio de Cotolino de
11.061 metros cuadrados. Según los denunciantes, el Ayuntamiento habría
vendido el terreno a un tercio del valor del mercado.
Según
Villanueva, el equipo de gobierno, al no tener en cuenta la información
del Registro de la Propiedad y vender el terreno por debajo de su valor
real, «habría provocado unas pérdidas a las arcas municipal de más de
tres millones de euros», sin contar con la nota de reparo del
interventor, Fernando Urruticoechea, quien denunció que los suelos «se
vendían a dedo». La querella fue presentada contra los portavoces del
tripartito: Fernando Muguruza, José Miguel Rodríguez y Salvador Hierro
y dos funcionarios.
Extraído de: eldiariomontanes.es
