Castro Urdiales fue reconocida como ciudad en 1909. La hasta entonces villa costera, de fuerte tradición marinera, exhibía orgullosa el importante patrimonio cultural y natural que años más tarde la convertiría en un enclave turístico de primer orden. Su privilegiada situación y su idílico entorno favorecieron un primer 'boom' de veraneantes a finales de los 60 que más tarde se mantendría en el tiempo. Esta circunstancia trajo un importante crecimiento económico y un progresivo aumento de la demanda de viviendas para la temporada estival.
Esa tendencia se mantuvo, aunque, con el tiempo, muchos de aquellos visitantes estacionales procedentes del País Vasco se plantearon vivir en el municipio todo el año. Y es que los precios de los pisos eran bastante más asequibles que en Vizcaya. También ayudó la apertura del tramo de El Haya de la autovía A-8 a principios de los 90. A partir de entonces, ambas comunidades quedaron conectadas a apenas veinte minutos. Todo ello provocó un descomunal aumento demográfico en la localidad. En sólo diez años, Castro ha pasado a duplicar sus entonces 15.000 habitantes. Aunque esa estimación se refiere sólo a los empadronados, ya que se calcula que, en realidad, el municipio soporta cerca de 60.000 vecinos reales.
Suelo «agotado»
La fuerte demanda de vivienda provocó la construcción masiva de nuevas promociones en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, de clara vocación expansiva. De hecho, se llegaron a levantar «entre 2.000 y 3.000 viviendas al año». Hoy, el suelo urbano está «casi agotado».
«El urbanismo, lejos de ser una herramienta para hacer ciudad, ha sido entendido como una máquina de hacer dinero. Hemos sufrido un desarrollo urbano desmesurado en el que ha primado el consumo de suelo sin que se dotara a la ciudad de los servicios y equipamientos necesarios. Esta situación se agrava con la falta de medidas para crear actividades económicas más allá de los ladrillos y el cemento», apunta la portavoz del grupo municipal socialista, Chus Esteban.
«Se construyó demasiado y el pueblo no estaba preparado. El PGOU se hizo con muy poca cabeza. Permitió un crecimiento desordenado en algunas zonas, como La Loma, que está superpoblada, y en las pedanías. Ahora lo están pagando los vecinos», explica el gerente de una constructora radicada en Castro.
Uno de los errores que denuncian inmobiliarias y promotores es que el acelerado desarrollo no fue parejo a la dotación de infraestructuras. «No hubo programación. Hay urbanizaciones en ciertas pedanías que hacen daño a la vista», resumen desde la inmobiliaria Santa Ana, con 16 años de experiencia en el sector.
«Castro pasó de ser un pueblecito marinero a hacerse una ciudad sin los servicios necesarios. Aún falta una buena red de saneamiento y suministro en las pedanías y el extrarradio y, en muchos casos, no se han respetado las zonas verdes. Las constructoras fueron avariciosas y pudieron meter la pata, pero también hubo quien les dio permiso», aporta la responsable de otra céntrica inmobiliaria.
«Los responsables políticos no pensaron en su día qué ciudad querían tener en el futuro. No es normal que haya zonas que se inunden por falta de un saneamiento adecuado, que no haya agua en otras y el deficiente estado de los viales», denuncia Michelle Meulemans, portavoz de los vecinos de Sámano.
En esa misma línea, fuentes del equipo de gobierno reconocen que pudo haber «errores de planificación», aunque defienden que el desarrollo del municipio fue, en líneas generales, correcto. Asimismo, admiten que las infraestructuras y servicios «no fueron parejos a la cantidad de edificios que se estaban haciendo».
Uno de los más importantes constructores de la villa, Jon Loroño, estima que Castro «está muy bien construido» y defiende la gestión del alcalde, Fernando Muguruza, y de su antecesor, Rufino Díaz Helguera. No obstante, hay zonas con cuyo desarrollo no comulga. Es el caso de las «600 ó 700» viviendas que hay a la entrada de la autopista.
Aquella vorágine constructiva hizo que las inmobiliarias proliferaran. Llegó a haber 70. Sin embargo, ahora quedan una decena. La crisis manda. Aunque tampoco ha ayudado la investigación judicial que ha puesto bajo sospecha a promotores y políticos, como Muguruza y Díaz Helguera, imputados por múltiples irregularidades urbanísticas. «Aquí ya nadie quiere comprar un piso», se duelen algunas inmobiliarias.
Lo cierto es que, años más tarde, la legalidad de algunas de las promociones surgidas al calor de una desbordante demanda y un clima de bonanza económica ha quedado en entredicho. No han faltado las denuncias por invadir supuestas áreas protegidas, como la urbanización El Cantábrico, en La Loma. Más irregularidades han destapado las pesquisas judiciales iniciadas hace casi un año, que, de momento, ponen en duda el desarrollo de tres promociones en la céntrica zona de Santa Catalina.
Extraído de: elcorreodigital.com
