viernes. 02.12.2022

El presidente del Grupo de Trabajo de Castro Urdiales, Nacho Arroyuelos Barrón, señaló que “45 personas que, a su vez, representan a 140 familias, han interpuesto una querella contra el alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Mioño, Víctor Echevarría Sáez en el Juzgado de Castro Urdiales, después de dos años de hacer todo lo posible para que resolviese algo que todavía no acertamos a calificar, pues no nos ha hecho ningún caso. Una querella que se interpuso ya a últimos del pasado mes de febrero o primeros de marzo”. “Esta querella se ha interpuesto por falsificación de certificaciones, por hurto, por prevaricación y por alarma social ”, señaló.

Continuó explicando que “en cuanto a la falsificación de certificaciones, la Junta Vecinal de Mioño inicia en marzo de 2004 varios expedientes para modificar la titularidad catastral de fincas que no son de su propiedad. Los presenta en el Ayuntamiento de Castro Urdiales y el secretario municipal, César Saiz, los certifica de orden del alcalde Fernando Muguruza. Con esta certificación del secretario municipal y de orden del alcalde, presenta los expedientes en el catastro y, dicho catastro, cambia la titularidad a nombre de la Junta Vecinal de Mioño sin revisar ni uno sólo de estos expedientes”.

650.000 metros cuadrados.

“A continuación y acogiéndose al artículo 206 de la ley hipotecaria, registra las fincas (las inscribe). Con éste método, la Junta Vecinal de Mioño, se apropia de más de 650.000 metros cuadrados de terreno (para darse cuenta de la magnitud de este metraje, pongamos como ejemplo que la bahía de Castro tiene 250.000 metros cuadrados) y dentro de esta superficie había 57 fincas y ni una sola podía ser registrada por la Junta Vecinal de Mioño porque ya lo estaban anteriormente, unas como propiedad de la empresa Agruminsa, última explotadora de las minas de Dícido, otras de la Junta Vecinal de Lusa (por reversión y propias), una pequeña parte de la propia Junta Vecinal de Mioño y otras en proceso de reversión a particulares ”. Arroyuelos señaló que “en lo que se refiere a hurto, se han cortado eucaliptos ubicados en algunas de estas fincas que alcanzan varias hectáreas y los venden; Agruminsa denuncia este hurto y actualmente, está pendiente de sentencia”.

En lo que se refiere a la denuncia por prevaricación, “porque a la Junta Vecinal de Mioño se le ha informado repetidamente y tiene en su poder toda la documentación que acredita cuántos metros cuadrados obtuvo de la reversión y dónde están. También se informó al Ayuntamiento, en una carta dirigida al alcalde Fernando Muguruza. El Ayuntamiento de Castro Urdiales tomó el acuerdo de contratar una empresa para resolverlo pero hasta hoy, han pasado dos años y el Ayuntamiento siguió emitiendo certificados y la Junta Vecinal de Mioño siguió registrándolos”. En cuanto a la alarma social, afirmó que “con la mayor tranquilidad la Junta Vecinal de Mioño se apropia de más de 650.000 metros cuadrados con la certificación del secretario del Ayuntamiento de Castro y el visto bueno del alcalde Fernando Muguruza y, con esta certificación, pasó el filtro del catastro y el del registro, requisitos que sin el informe del alcalde nunca hubiese podido pasar. Pero además, de esta 57 fincas, existen 40 en proceso de reversión y el responsable de esta reversión es el Gobierno de Cantabria que es el que tiene que garantizar que las propiedades reviertan a los propietarios (a los que las hayan iniciado) y el resto sean consolidadas por Agruminsa, tal como dice la sentencia del TSJC, de fecha 13/06/03, así como otra posterior del Tribunal Supremo sobre el caso”.

Reversión de los particulares.

“Se da la circunstancia de que mientras el Gobierno de Cantabria, en este caso los Servicios Jurídicos dependientes de la Consejería de la Vicepresidencia, bajo la responsabilidad de José Vicente Mediavilla, estaban defendiendo los derechos de reversión de los particulares, como dicen las sentencias, en ese momento desaparecen las fincas del Catastro, simplemente, y en el Registro otras fincas ocupan su lugar. Pudiera darse el caso de que la Junta Vecinal, en ese momento, vendiese esos terrenos y podía ser hasta legal esa venta; ante esta circunstancia nos encontramos en la total descomposición del sistema, una descomposición de la actuación administrativa. Esto creo que no ha ocurrido ni en Marbella, y esta es una opinión personal que tendr é que contrastar”, concluyó Nacho Arroyuelos.

Víctor Echevarría rechaza las acusaciones y defiende la labor de la junta vecinal.

El alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Mioño, Víctor Echevarria Sáez, salió al paso de las acusaciones vertidas por Nacho Arroyuelos, comenzando por señalar que “antes de entrar en materia queremos poner los siguientes antecedentes; en resoluciones de fecha 7/05/1993 y 30/05/1997, se acordó por la Delegación del Gobierno, la reversión de fincas expropiadas a la Junta Vecinal de Mioño a favor de la Compañía Minera de Dícido (Agruminsa), de las cuales, el jurado provincial de expropiación forzosa, adoptó acuerdo fijando justiprecio de reversión y otro posterior, de corrección de errores aritméticos, para los mismos expedientes, el 21/01/1999. Posteriormente, en consecuencia, se procedió por la Junta Vecinal de Mioño, al pago del justiprecio de reversión, así como de los intereses devengados por los terrenos correspondientes al término de Mioño”.

“Queremos dejar claro que se trata de un expediente del año 2004, y, por lo tanto, manifestamos nuestra opinión de denominarlo como querella electoral al haber tenido más de dos años para haber dirigido sólo un escrito o una carta o cualquier documento, para poner de manifiesto su discrepancia sobre este asunto, porque no han dirigido ni un solo escrito a la Junta Vecinal de Mioño para indicar su posición. Esta junta vecinal es la legítima propietaria de los terrenos revertidos de las antiguas minas y, para ello, se ha seguido escrupulosamente la legalidad vigente. Reversión del jurado provincial de expropiación forzosa, inventario de los bienes revertidos en el libro inventario de la Junta Vecinal, certificaciones de la secretaría del Ayuntamiento de Castro Urdiales, cambio de titular catastral y registro de la propiedad.

Si alguien cree tener algún derecho sobre alguna finca debe comunicárselo documentalmente a esta junta vecinal. Por otro lado, queremos hacer público que ya se han destinado los terrenos, de común acuerdo con la Junta Vecinal de Ontón. Se está esperando a la reversión de los terrenos de la Junta Vecinal de Lusa para el deslinde, de común acuerdo con esta entidad local, para lo cual tienen resolución de la Junta Vecinal de Mioño; pero hasta que no paguen el justiprecio de los terrenos, no se puede llevar a efecto. Las Juntas Vecinales de Otañes y Santullán, serán las siguientes para el deslinde y, para lo cual, los alcaldes de Santullán y Mioño, están iniciando los oportunos expedientes.

Esta Junta Vecinal, persigue defender los intereses generales del pueblo y, sobre todo, con respecto a las antiguas minas en las que tantos montañeses perdieron la vida y sacrificaron tantos años de trabajo. Por lo tanto, nos parece una acto de mezquindad esta denuncia, cuando todas las actuaciones han sido en el camino de que esta Junta Vecinal, en colaboración con otras administraciones, lidere cualquier actuación, al respecto, como garante del futuro de nuestros vecinos de Mioño, después de tantos años de expropiación de los terrenos por parte de las compa ñías mineras”.

Extraido de: elalerta.com

Cuarenta y cinco personas se querellan contra el pedáneo de Mioño