Los letrados de la administración de justicia de Castro Urdiales se han adherido a las reivindicaciones y movilizaciones de los Letrados de la Administración de Justicia en la que se advierte de las deficiencias en sus condiciones de trabajo "que redundan de forma negativa en la propia administración de justicia".

A continuación compartimos el comunicado suscrito por los tres letrados integrantes de los Juzgados radicados en Castro Urdiales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial va a juzgar, a partir del próximo viernes día 13 a las diez de la mañana, a los expresidentes de las Juntas Vecinales de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por el caso de la UTE Dícido

Son acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y nueve meses de cárcel al electricista que estafó cerca de 300.000 euros al Ayuntamiento de Castro Urdiales mediante facturas falsas y con ayuda de su mujer, a quien se ha impuesto una pena de un año y nueve meses de prisión.

Así se ha acordado este martes en el juicio contra ambos acusados, ante el que el Consistorio castreño se ha retirado como acusación particular y los dos procesados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, en base al cual la sala de al Sección Primera de la AP dictará sentencia condenatoria.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el martes, 20 de marzo, y el miércoles, día 21, a partir de las 9.30 horas al electricista acusado, junto a su esposa, de estafar cerca de 300.000 euros al Ayuntamiento de Castro Urdiales mediante facturas falsas de material.

La vista, prevista para el pasado 22 y 23 de enero, fue suspendida al no haberse citado a los interventores para que comparecieran y declarasen en la sesión.

El Juzgado de Instrucción Número 2 ha enviado a la Audiencia Provincial la renuncia del despacho de Abogados ONTIER y de sus letrados a la defensa del Ayuntamiento de Castro Urdiales en el caso La Loma.

El Juzgado número 2 de Castro Urdiales enviará en las próximas horas casi 60.000 folios, clasificados en un centenar de tomos, y 40 piezas separadas de responsabilidad civil; un volumen importantísimo de documentación que pasará a manos de la Audiencia Provincial de Cantabria, órgano al que corresponde fijar la fecha de juicio oral.

En el caso están acusadas más de cincuenta personas, entre cargos públicos, empresarios y funcionarios municipales, que podrían haber incurrido en diez tipos de delito, entre otros, de prevaricación urbanística, estafa y cohecho.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoge el lunes, a partir de las 9:30 horas, el juicio contra el acusado de aprovechar su condición de empleado municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, con la categoría de electricista, para concertarse con su esposa, quien se dio de alta como responsable de un almacén de electricidad, y elaborar facturas de venta de material eléctrico que el Consistorio abonaba.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander ha estimado parcialmente la demanda presentada por la Junta Vecinal de Ontón frente a la reclamación del Ayuntamiento de Castro, que pedía la devolución de los 310.693 euros (232.907 euros más intereses) procedentes de la ayuda entregada a la junta en 2009 a cambio de sus infraestructuras del agua.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al cuatro años y medio de carcel al autor del atraco a la sucursal del BBVA en Castro Urdiales el paso de mes de mayo con un pasamontañas y una pistola. 

El hecho de que el atracador llevase el rostro cubierto ha hecho de agravante, desestimandose el recurso del condenado a la sentencia anterior.

La Audiencia Provincial de Cantabria impondrá tres años de prisión al acusado de descargar y compartir pornografía infantil desde el domicilio de su madre en Castro Urdiales.

La Sección Tercera juzgaba hoy a esta persona, que ha reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que le ha rebajado la pena solicitada por un delito de corrupción de menores de siete a tres años.

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