Zuloaga, que aseguró hace meses que el expediente de derribo se publicaría en el BOE a finales de 2018, ha agradecido al Ayuntamiento de Castro los trabajos de colocación de andamios para asegurar el tránsito de viandantes por esa zona.
El coste del derribo asciende a unos 200.000 euros mientras que la indemnización a los propietarios rondará los 600.000 euros, que deben contemplarse en los presupuestos generales del Estado este año.

El Delegado del Gobierno ha reconocido que éste es "un "caso complicado", pero que tras haberse hecho todos los intentos para intentar dar un uso a ese inmueble, ahora con la sentencia firme "queda poco más que cumplirla".

Por otro lado, sobre la rehabilitación del Cargadero de Dícido en Mioño, Pablo Zuloaga ha explicado que el estudio previo a la redacción de un plan de restauración ha concluido ya y que recoge dos posiblidades. Conservar el Cargadero como un elemento estructural, vestigio de la arqueología industrial como hasta ahora o convertirlo en un recurso turístico y hacerlo visitable, con lo que el coste de la intervención sería mayor.

Dicho estudio que sacó a licitación el Ministerio de Cultura con un coste cercano a los 60.000 euros y que dice que "la rehabilitación es posible siempre y cuando se quiera que la instalación no sea visitable".

También si se quiere que el Cargadero "sea visitable habría que "reforzar la estructura e introducir elementos nuevos que permitan aguantar el peso de las personas que quieran acceder".
Ahora la decisión, decía Zuloaga, debe pasar "por el entendimiento de la Junta vecinal, del Ayuntamiento e incluso de la toma de decisiones porque el proyecto para asumir una u otra decisión depende del Ayuntamiento. El Gobierno de España está a disposición a través de la Demarcación de Costas para tramitar ese proyecto con cargo al 1% cultural".