Las Juntas Vecinales de Mioño y Sámano condenadas a devolver al Ayuntamiento 2MM de euros por la subvención del agua de 2008

ONDA CERO CASTRO

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander ha condenado a la Junta vecinal de Sámano y a la Junta Vecinal de Mioño al reintegro al Ayuntamiento de Castro Urdiales de la subvención concedida en 2008 por las instalaciones del agua por importe de 913.266,91 euros en el caso de Sámano y de 584.492 euros en el caso de Mioño, a los que hay que sumar los intereses.

El fallo con fecha de 18 de enero desestima completamente el recurso de las Juntas vecinales y les impone además el pago de las costas judiciales. Es recurrible.

MIOÑO

La magistrada juez Ana Rosa Araujo considera que se pueden dar por justificados gastos por importe de 168.498,04 euros de los 584.492,78 euros de subvención concedida, cantidad, dice, que no se aproxima al cumplimiento total además de que la Junta vecinal no acredita “una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos”. De ahí que se la condena a la devolución íntegra del dinero.

El Ayuntamiento había solicitado a la Junta el reintegro del dinero entregado por haber incumplido la obligación de justificar en el plazo señalado el empleo dado a la subvención. Por su parte, la Junta pidió que se declarase nula dicha resolución aduciendo que el convenio firmado con el Ayuntamiento era ilegal, que había prescrito el plazo para iniciar el expediente de reintegro, la caducidad del plazo para tramitar el mismo, inexistencia de requerimiento de justificación y de subsanación, cumplimiento y justificación de las condiciones de la subvención, vulneración de los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima y enriquecimiento injusto de la demandada. Motivos todos ellos que han quedado desestimados tal y como se recoge en el desarrollo de la sentencia.

FACTURAS RECHAZADAS

En la sentencia se explica que se han rechazado facturas presentadas para justificar la subvención por falta de expediente de contratación, por no ajustarse al período de vigencia del contrato o por no tratarse de gastos de inversión. Aspectos, todos ellos, que no son subsanables. Sin embargo, los reparos opuestos por presentar fotocopias si lo son y en este sentido, la jueza señala como se privó a la Junta vecinal de la posibilidad de subsanar ciertos defectos sobre la ampliación de facturas de inversión a petición de la Intervención municipal al no constar requerimiento expreso para ello.

La magistrada entra en el fondo para determinar la justificación de la subvención concedida y deja claro que las facturas con fecha anterior a la firma del convenio no pueden ser tenidas en cuenta ya que “es obvio que la cantidad otorgada debe destinarse al fin establecido desde la fecha en la que se rubrica el convenio que ampara la misma, pues de otra forma no tendría sentido incluir inversiones anteriores a la fecha de la subvención”. Si se han tenido en cuenta facturas presentadas en el plazo que se prorrogó por el Ayuntamiento ya que éste tiene efectos hasta que se anula por sentencia. Sin embargo, “no se admiten dichas facturas porque falta expediente de contratación, no se consideran gastos de inversión y no se acredita la titularidad del bien”, se recoge en la sentencia.

Además se han rechazado facturas por no haberse seguido el procedimiento de contratación administrativa desde la Junta por lo que no se da por válida la inversión realizada.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castro considera justificados 57.716,59 euros, “debiéndose admitir 110.781,45 euros, en cuanto copias de facturas respecto de las que no fueron requeridos para que aportasen originales, y sin que consten otras causas de rechazo. En total, estarían justificados 168.498,04 euros. El importe concedido fue de 584.492,78 euros, lo que determina la obligación de reintegro por dicha falta de justificación”.

En este caso, la magistrada juez argumenta que Mioño tiene que devolver toda la subvención en aplicación de la Ley general de subvenciones ya que se aplicarían una serie de criterios atendiendo al principio de proporcionalidad en la cantidad a reintegrar si la Junta hubiera acreditado una aproximación de modo significativo al cumplimiento y una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Circunstancias que no aprecia en ese caso, porque aunque "el convenio no regula dichos criterios de graduación", "la resolución impugnada motiva debidamente su decisión de reintegro total y no parcial".

También deja claro que no se ha producido un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento ya que el dinero dado a la Junta es una subvención y no un contrato, “y por tanto no cabe hablar de obligaciones recíprocas entre las partes. Tampoco se ha vulnerado el principio de buena fe y confianza legítima, por el hecho de iniciar el expediente de reintegro tras declararse lesivo el acuerdo de prórroga, pues no es hasta dicho momento cuando puede incoarse el mismo”.

 

SÁMANO 

La jueza Ana Rosa Araujo condena a la Junta vecinal de Sámano a devolver íntegramente la subvención concedida, teniendo en cuenta en este caso que están justificados gastos por importe de 281.235,90 euros, “no aproximándose por tanto al cumplimiento total y sin que se acredite por la Junta vecinal una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos”.

Con la misma argumentación jurídica que en el caso de Mioño sobre el procedimiento objeto de recurso, se indica que la Junta vecinal de Sámano no presentó en el plazo señalado documentación o justificantes que solventasen las deficiencias observadas en las facturas aportadas.

“El plazo para su presentación ha concluido y los documentos aportados no acreditan gasto elegible adecuado que justifique suficientemente el empleo dado a la subvención concedida, siendo causa de reintegro”, remarca.

Ademas, se pone de relieve que la junta vecinal de Sámano no ha acreditado haber dado un empleo adecuado de la subvención ya que según el informe de la Intervención municipal “no todos los gastos justificados tienen la naturaleza de gastos de inversión”.

La jueza apunta que el alcalde actual de Sámano es el denunció ante el Tribunal de Cuentas al anterior, entre otras cuestiones, precisamente también por el incumplimiento de su obligación de justificar la subvención y que el propio Tribunal es el que señala que la subvención no está justificada. A esto se suma el informe de intervención en el que se detalla el rechazo de las facturas aportadas.

Como en Mioño, Sámano ha presentado facturas anteriores a la firma del convenio que han sido descartadas ya que deben destinarse a un fin desde la fecha de la firma del acuerdo con el Ayuntamiento. Además, no se ha seguido el procedimiento de contratación administrativa al que la Junta vecinal está obligada.

La jueza subraya que atendiendo al informe de Intervención, aún admitiendo algunas de las facturas presentadas en fotocopias, concurren sobre la mayoría faltas de expediente de contratación y otras más, que motivan su rechazo y que determinan la obligación de reintegro por falta de justificación.

Finalmente, se rechaza que haya falta de proporcionalidad al pedir el reintegro íntegro de la subvención. Al respecto, "el convenio no regula dichos criterios de graduación, pero la resolución impugnada motiva debidamente su decisión de reintegro total y no parcial". Se dan por justificados 281.235,90 euros de un total de 913.266,91 euros, “no aproximándose por tanto al cumplimiento total y sin que se acredite por la recurrente una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos”.

Tampoco se estima que se haya producido un enriquecimiento injusto a favor del ayuntamiento porque se está “ante una subvención, no un contrato, y por tanto no cabe hablar de obligaciones recíprocas entre las partes”, señala la jueza.

NOTICIA EXTERNA

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