A tenor de esta trayectoria judicial, el fallo que le otorga la custodia de la pequeña T. puede considerarse como un premio a la constancia. Tras aquella denuncia interpuesta por su ex y verse «detenido y esposado», Aingeru se empecinó en demostrar que no era un maltratador. Y lo logró: un juez determinó que la denuncia era «falsa». La sentencia fue absolutoria y el caso acabó archivado, pero Aingeru tardó dos meses en poder entrar en su casa. Más dura fue la separación de su hija. La madre desapareció con la pequeña y el hombre no encontró otra vía para recuperarla que denunciar sistemáticamente el incumplimiento del régimen de visitas: llegó a interponer ante la Policía y a Guardia Civil «más de 60 denuncias» por este motivo».
Precisamente, el juez ha tenido en cuenta la persistencia demostrada por Aingeru para averiguar el paradero de su hija, así como que tiene una casa, trabajo y una red familiar esencial para el «equilibrio emocional de la niña». Ahora que ya no tiene pleitos pendientes -aunque espera que su ex recurra la sentencia- ha decidido prestar su experiencia a otros «que hayan sufrido la injusticia de ver cómo les arrebataban a sus hijos, ya sean padres o madres». Ha registrado una agrupación, que ha bautizado como TAS (las iniciales de su hija), desde la que ofrecerá asesoramiento y asistencia jurídica a quien la necesite. Para ello, cuenta con la colaboración del abogado especializado Jorge Martínez y del psicólogo infantil Antonino Machancoses, dos profesionales comprometidos con la custodia compartida.