Crecen las custodias concedidas al padre

Cada año, algo más de 4.000 matrimonios pasan por los juzgados vascos para rubricar su divorcio. En la mitad de los casos, al haber hijos menores de edad por medio, el juez debe determinar cuál de los dos miembros de la pareja tendrá su custodia legal -lo que obligará al pequeño a acostumbrarse a la ausencia habitual de uno de sus padres- o si se encargarán ambos de su cuidado a partes iguales -lo que le obligará a vivir a caballo entre dos casas-. ¿Pero qué es lo mejor para el niño? Haya o no acuerdo previo entre la pareja, la sentencia de divorcio al uso atribuye la custodia por abrumadora mayoría a la madre: en el último año computado a efectos estadísticos en Euskadi, el cuidado de los hijos recayó en la mujer en el 85,9% de los casos, mientras que apenas un 6,3% de padres obtuvieron la guardia legal. Pero algo está cambiando. Según las estadísticas, este porcentaje supone un incremento de dos puntos respecto al ejercicio anterior, cuando la custodia monoparental masculina se adjudicó en el 4,7% de los divorcios.



«Es una evolución con cuentagotas», apunta el abogado de familia Jorge Martínez. El letrado, especializado en custodia compartida, considera que el desigual porcentaje a favor de la mujer no se corresponde con los actuales roles sociales, con un padre mucho más implicado y comprometido con la crianza de los hijos que treinta años atrás, cuando se aprobó la ley. «Nos encontramos ante un funcionamiento arcaico de la Justicia, que no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Hace falta un cambio de mentalidad muy gordo por parte de los jueces, es necesario que rompan inercias».

Martínez acaba de conseguir una sentencia favorable a un cliente que califica de «extraordinaria» porque el juez «ha dictado a favor de los intereses del menor incluso en contra del criterio de la Fiscalía». El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha concedido a un bilbaíno afincado en esta localidad cántabra la guardia y custodia de su hija de 2 años al considerar que la petición de la madre -que la reclamaba en solitario, así como una pensión y el 50% de los gastos - «no obedece al interés y beneficio de la menor, sino al suyo propio».

El juez ha fallado a favor de Aingeru Sanz en contra, incluso, de la petición del fiscal, que coincidía con la de la madre. El magistrado entra a valorar aspectos como la reciente relación sentimental iniciada por la mujer, que acarreará un cambio de domicilio a más de un centenar de kilómetros del padre y «que no va acompañado de una oferta laboral alguna», una situación que «no deriva beneficio alguno para la menor». Además, tiene en cuenta «el entorno familiar y la mayor estabilidad» que aporta el progenitor que además, tiene un trabajo.

El juez «se ha mojado», considera el letrado, que destaca otro aspecto novedoso de la sentencia: no fija una cantidad concreta como pensión alimenticia, sino que reconoce la «precariedad económica de la madre y establece una aportación «del 10% de sus ingresos cuando los tenga».

Guarda compartida

La sentencia ha superado, incluso, las expectativas de Martínez y su representado, que solicitaban la custodia compartida. Esta modalidad, que reparte el cuidado del menor entre los dos progenitores, «ha caído en Euskadi en los últimos años a pesar, incluso, de que ha aumentado su demanda», lamenta Justo Sanz, el presidente de Kidetza, la asociación de separados que ha logrado esta semana trasladar al Parlamento vasco el debate para que se establezca como opción preferente en los divorcios. En 2009, apenas el 6,8% de las guardas fueron para el padre y la madre, frente al 7,2% del año anterior.

Tras el visto bueno de la Mesa de la Cámara de Vitoria, el debate sobre la custodia se abrirá en breve en este foro. Kidetza quiere que el Parlamento promueva una ley en ese sentido y siga así los pasos de otras comunidades como Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra o Galicia que «han legislado o están legislando sobre custodia compartida». De hecho, recuerdan, el País Vasco es «la única comunidad con derecho foral que aún no ha regulado nada al respecto».

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