El pasado mes de julio de 2009, Otañes Turismo Rural S. L. demandó a la asociación ciudadana OTRO CASTRO ES POSIBLE por incumplimiento del derecho de rectificación, en relación a un artículo publicado en la web de la asociación en el que se denunciaba la demolición de la casa Barón de Otañes, una casona rural que estaba protegida por el plan general y que actualmente se reconstruye para albergar un negocio de turismo rural.
La vista se celebró en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales el pasado 14 de diciembre, compareciendo en representación de la asociación su presidente, Juantxu Bazán, quien defendió lo publicado en relación con la destrucción de la casa Barón como “un acto de responsabilidad y de coherencia con los propios objetivos de la asociación, la defensa del medio urbano y natural del municipio, y en este caso, la denuncia a las autoridades de la destrucción del patrimonio rural”.
La sentencia desestima la pretensión del demandante, sin entrar en el fondo del asunto, por entender que la página web de la asociación no es un medio de comunicación social, y no procede derecho de rectificación “porque la pagina de internet de la demandada no es un instrumento dirigido a transmitir información de todo tipo dirigida a un publico numeroso y heterogéneo, ni se trata de un medio al que pueda exigir una comprobación de veracidad (…) por el contrario, dicha página constituye un instrumento que no persigue, como fin último y específico, transmitir información de relevancia social, sino que sirve a la asociación para darse a conocer y mostrar, entre otras cosas que puedan servir a sus propios fines, una visión de un devenir histórico que no tiene porqué ser el más acertado, ni el más completo, ni el más objetivo, por no tratarse, como hemos señalado, de un medio de comunicación social”. Además de fallar contra las pretensiones de Otañes Turismo Rural, la jueza le impone las costas del juicio.
Otro Castro denuncia la “falsa reconstrucción” de la casa Barón
La asociación ciudadana ha registrado un escrito dirigido al nuevo concejal de urbanismo, Rufino Díaz Helguera, denunciando el proyecto de reconstrucción que tiene licencia municipal y en el que, según la asociación, se han producido alteraciones sustanciales que se alejan de lo que debe ser una correcta reconstrucción “reponiendo el edificio a su estado anterior”, tal y como exigía el decreto de restauración de la legalidad por la infracción urbanística que supuso la demolición del edificio protegido. Concretamente se señalan variaciones sustanciales en la ocupación de parcela, en el volumen de edificación y en las tipologías arquitectónicas originales de la casa Barón, hasta el punto, de que “el nuevo edificio ya no es una reconstrucción, es otro edificio con nueva planta que imita a la casa Barón, hecho que desvirtúa la restauración de la legalidad emprendida por el ayuntamiento”.
Como consecuencia de la demolición de la casa Barón, el Pleno del Ayuntamiento de abril de 2008 impuso una sanción de algo más de 300.000 € a Otañes Turismo Rural S. L. y a su arquitecto, la sanción más cuantiosa impuesta en Castro Urdiales por una infracción urbanística, actualmente recurrida y pendiente de sentenciosa en el tribunal de lo contencioso del TSJ de Cantabria.
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