Alberto Lajas salió de la cárcel el 26 de agosto. Su delito fue
quedarse en paro y no poder pagar la pensión de 300 euros que cada mes
debía pasarle a sus dos hijos. En total, acumuló una “deuda” de un
millón de las antiguas pesetas. Y la juez, además de cuatro meses de
prisión por “peligro social”, le impuso una multa de 1.200. Alberto es
médico naturista, pero sigue en paro y continúa sin poder pasar la
pensión a sus hijos. Sus amigos hasta le han tenido que prestar dinero
para el alquiler. “Y mi ex mujer –se divorció hace seis años– vive en
un piso propio y trabaja”, cuenta Alberto, de 43 años, que lleva tres
sin ver a sus hijos, de 16 y 11.
Surrealista
“Es surrealista, yo no tengo
antecedentes ni soy ningún delincuente, simplemente no tengo dinero”,
añade. Y por eso, asegura, ha denunciado a la persona por quien se
siente maltratado: Cristina Sualdea Barrio, juez de primera instancia e
instrucción de Soria. Allí, en El Burgo de Osma, viven sus hijos, a más
de 300 kilómetros de él, que reside en Castro Urdiales (Cantabria),
donde intenta salir de una depresión y encontrar pronto un empleo.
Mientras,
desde la Asociación por la Protección Integral de la Familia (APIF),
Alberto intenta que otros padres no pasen por su misma situación.
Adriano Moguel, miembro también de APIF, paga religiosamente la pensión
a sus hijos pero logró que la justicia la redujera de 300 a 240 euros:
“El juez me denegó la custodia porque trabajo; la madre se los llevó a
Cantabria y yo vivo en Cádiz y el viaje para poder verlos me cuesta
más”.
Extraído de: publico.es
