Los concejales no adscritos, Pedro Vicente Olano Helguera y Teresa Pérez Barreda, han salido al paso de las declaraciones efectuadas, días pasados, por el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, sobre la sentencia favorable al Ayuntamiento, sobre la construcción de un ascensor panorámico en la zona de Santa Catalina, a la que habían interpuesto recurso ambos ediles.
“No paralizamos las obras”
Teresa Pérez Barreda afirma que “el señor Muguruza dice que hemos actuado de mala fe y nosotros queremos contestar que ante la serie de irregularidades detectadas e incumplimientos sobre este expediente, y basándonos siempre en los informes técnicos municipales, denunciamos el Convenio Urbanístico realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Martín del Río, por incumplimiento del PGOU, nunca el ascensor ni las escaleras, sólo respecto al acceso a los garajes del edificio sujeto a convenio en la calle Leonardo Rucabado (recordar que se utiliza suelo educativo de cesión y de propiedad municipal)”.
En cuanto a actuar de mala fe y paralizar las obras “de lo que nos acusa el alcalde, aclaramos nuevamente que las obras las paraliza el alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 201/05. La competencia para resolver la suspensión de las obras le corresponde a la Alcaldía, en función de la Ley del Suelo de Cantabria (art. 2007), obras que fueron paralizadas el 19/05/05, por incumplimiento de la Normativa Urbanística. Posteriormente los Servicios Técnicos Municipales informan desfavorablemente nuevamente de las obras y deniegan la licencia de construcción del ascensor y escaleras por incumplimiento del PGOU. Estos informes demuestran que quien paraliza las obras es el Ayuntamiento. Nuestro compromiso ante las irregularidades, avaladas con los informes técnicos han sido la defensa y denuncia en las Comisiones de Urbanismo; por ello, señor Muguruza, actuar de mala fe es su caso, porque paraliza las obras y le echa la culpa a los concejales de la oposición; usted paraliza por Decreto y concede nuevamente licencia por Decreto; paraliza las obras en mayo de 2005 y concede licencia nuevamente en diciembre de 2006. La sentencia, la acatamos pero no la compartimos porque el PGOU debe respetarse”.
Pedro Vicente Olano señala que “en cuanto a la condena en costas; en primer lugar la sentencia contiene dos declaraciones contradictorias: en el fundamento jurídico 10º afirma que no hay condena y en la parte dispositiva dice todo lo contrario. En vista de esta circunstancia hemos solicitado aclaración de dicha sentencia. En cuanto a la cuantía de las costas debemos desmentir lo dicho por el alcalde a los medios de comunicación, porque en sus declaraciones se ha retratado, ha dejado ver el odio que le envuelve en sus actos”. Para seguir diciendo que “el alcalde debería saber, y si no lo sabe se lo vamos a decir, que el recurso se ha tramitado como de “cuantía indeterminada”, lo que, de acuerdo con las normas del Colegio de Abogados de Cantabria, equivale a considerar una cuantía del proceso de 6.000 euros, por lo que las costas de cada parte en el proceso se marcan en la escala tipo. Todo ello está muy lejos de las cifras dichas por el alcalde y, además, ¿qué se puede esperar de una persona que se alegra del mal ajeno?”.
En cuanto “a cualquier referencia hecha por el promotor a posibles daños causados, la entendemos sólo como una coacción conducente a evitar que cumplamos con las obligaciones contraídas con el cargo que ejercemos. Los informes, todos negativos, están aquí y aquí siguen. Nosotros hemos recurrido el convenio entre la promotora y el Ayuntamiento, mientras que la obra fue paralizada por decisión municipal”.
Extraído de: elalerta.com
