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El Ayuntamiento y la promotora recurrirán la ilegalización de los 150 chalés

El Ayuntamiento de Castro Urdiales y la promotora Inversiones Casa recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha dejado fuera de ordenación 150 chalés en la pedanía castreña de Sámano. La decisión, hecha pública el pasado 23 de octubre, declara nulo el plan parcial que permitió la construcción de los adosados que conforman la urbanización El Prado. El alto tribunal ha considerado que el instrumento urbanístico utilizado para reparcelar la zona vulnera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que sólo se contempla el desarrollo de 88.300 metros cuadrados y no de los 163.800 que refleja el Plan Parcial.
El alcalde, Fernando Muguruza, insistió ayer en el argumento, desestimado durante el proceso judicial por la sala cántabra, de que todo se debe a un «error tipográfico». «El PGOU, que se aprobó inicialmente en 1995, establecía en esa zona un suelo urbanizable no programado, denominado SUNP-6, de 88.300 metros cuadrados. Durante la tramitación posterior del Plan General en legislaturas pasadas se modificó la clasificación, creándose un nuevo espacio, denominado SUNP-1», detalló el regidor. Así, esa nueva área era el resultado de la unión del sector 6 con terrenos aledaños, cuya suma ascendía a 163.800 metros cuadrados.

«Por un error tipográfico, en la ficha técnica no figuraba esa cantidad y se mantenían los 88.300 metros cuadrados porque se les olvidó o se confundieron. El Plan General se aprobó con ese fallo el 23 de diciembre de 1996», relató Muguruza. En 2002, el Ayuntamiento decidió desarrollar los terrenos mediante un Plan Parcial y un programa de actuación. «Durante la redacción de ambos instrumentos se corrigió la cifra y después fueron aprobados definitivamente en el pleno del 7 de abril de 2004. Esa ha sido toda la actuación de este equipo de gobierno», advirtió el regidor, quien admitió que la corrección sólo se hizo en el Plan Parcial y no en el PGOU, como obliga la ley.

Un error «menor»

«En cualquier caso, se trata de un defecto menor», manifestó el alcalde castreño, quien se mostró convencido de que el fallo judicial «es nulo y lo recurriremos». «No se ha emplazado al resto de los interesados, es decir, la promotora», aseguró Muguruza. Precisamente, el portavoz de Inversiones Casa, fundó en este extremo el recurso de casación que interpondrá contra la sentencia. No obstante, la misma fuente lamentó que «el Ayuntamiento no nos haya informado en ningún momento de que había un proceso abierto».

Desde 1998, la ley exime al tribunal de convocar a los afectados, fuera del demandante y demandado, en un proceso de este tipo. Esa obligación corresponde, según han confirmado fuentes judiciales, a las partes actoras. Así, en este caso, «el Consistorio, que fue el denunciado, debería habernos avisado para acudir al proceso y exponer nuestros argumentos», criticaron desde Inversiones Casa. No obstante, la promotora apuntó que «también el tribunal debería haber advertido de que se nos tenía que convocar».

La firma lo tiene muy claro: «La sentencia es nula porque se nos deja en estado de indefensión». Si el recurso de casación, que deberá ser resuelto por el Supremo, fuera desestimado, «pediremos la nulidad de las actuaciones», adelantó el portavoz de la empresa. En cualquiera caso, tanto el Consistorio como la compañía confían en que el problema se solvente «subsanando el error en el Plan General». «El Ayuntamiento sostiene que el fallo se cambió en el PGOU en diciembre de 2005. No hemos visto ese documento, pero confiamos en que sea así y con eso se solucione el problema», concluyó el representante legal de la firma.

Los afectados se plantean «echar atrás» la compra

«Se nos ha atragantado el desayuno». Así de descriptivos se expresaron ayer algunos de los propietarios de los chalés de la urbanización El Prado. Llegados en su mayoría desde Vizcaya, los futuros residentes aparecieron por el módulo de información que Inversiones Casa posee frente a la promoción a media mañana. La preocupación se reflejaba en sus caras.

«Me ha llamado mi hermano para darme la noticia. He venido inmediatamente a ver si me aclaran algo», relataba Jon, de Galdakao. Su inmueble pertenece a la primera fase de la urbanización y «se supone que me lo entregarán en julio de 2007». «Iba a poner mi piso en venta para trasladarme, pero ahora no se qué hacer. Este parecía un sitio tranquilo y mira», lamentaba con gesto resignado.

Sámano se ha transformado en un enclave muy atractivo para los vizcaínos. A dos minutos de Castro y en un ambiente natural, la pedanía representa para muchos «un lugar en el que tener una casa para nuestros nietos», comentaba Félix, de Getxo. «La sentencia deja en el aire nuestras casas porque anula todos los permisos concedidos... pero, ¿y el dinero que ya hemos pagado?», se preguntaban Susana, muy disgustada, y José Ramón, de Castro.

Muy cerca, Josu apuntaba el nombre y el DNI de los congregados. «Cuando compramos nadie nos dijo nada que había un juicio pendiente. Creo que esto puede suponer que echemos para atrás el contrato si hay problemas», advertía indignado. La empresa lanzaba por su parte un mensaje tranquilizador: «Los principales afectados somos nosotros y queremos que esto se aclare. Los propietarios deben estar tranquilos». Por su parte, el alcalde, Fernando Muguruza, descartaba toda posibilidad de que se produzcan los temidos derribos.

Extraído de: elcorreodigital.com

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