jueves. 28.03.2024

La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y multa de

2.880 euros a un constructor por estafar más de 60.000 euros a una

familia que vivía en la Argentina y le encomendó la venta de sus

propiedades en España. Se da la circunstancia de que el condenado, que

es socio mayoritario de la sociedad Incos España S L, fue condenado ya

en 2003 a 18 meses de prisión como autor de un delito societario.
Además tiene pendiente otro juicio por estafa sobre una vivienda, en el

que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan

siete años de cárcel.

En este caso, según declara probado la

sección primera de la Audiencia, el procesado, con residencia en

España, entabló relación en el año 2000 con Tomás U.A., y sus tres

hijos, todos ellos residentes en La Argentina, llegando a un doble

acuerdo: de una parte, venderle las participaciones de la familia en la

finca 'La Ballena', situada en Castro Urdiales, y de otra, que éste se

ocupara de gestionar y vender las propiedades de la familia en España.

A cambio de estas gestiones, el acusado recibiría el 5 por ciento de las ventas.

'Corralito financiero'

La

familia argentina se había visto obligada a vender las propiedades en

España para hacer frente a los efectos del llamado 'corralito

financiero' que en aquellos momentos existía en aquel país, situación

que había puesto en crisis a sus empresas.

El reo vendió las

propiedades de la familia y tras cobrar el procesado la suma de los

140.396 euros,«no hizo entrega inmediata» a la familia del dinero,

«pese a haber sido requerido para ello», lo que hizo posteriormente, si

bien se quedó con un total de 66.276 euros, con el argumento de

cobrarse la deuda que la familia mantenía con él en virtud del acuerdo

suscrito.

La Sala, sin embargo, estima que el encartado se

apropió de forma indebida de 66.276 euros, cantidad que debe devolver a

la familia de Argentina, con los intereses legales por mora desde el 4

de noviembre de 2002.

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En

el juicio que tiene pendiente en la Audiencia, tanto el Ministerio

Fiscal como la acusación particular le acusan de quedarse con un chalé

situado en El Sardinero con «maniobras torticeras y embustes»,

incrementando ilícitamente su patrimonio en perjuicio de un amigo suyo

que había depositado su confianza en el acusado y que se quedó sin

vivienda.

Extraído de: eldiariomontanes.es

Dos años para un constructor por estafar a una familia argentina