Los presidentes de las Juntas Vecinales de Castro Urdiales y algunos
vecinos del municipio mostraron ayer serias dudas sobre la propuesta de
reordenación del cordón minero de Dícido, un proyecto que impulsa la
empresa Dícido Sostenible y que fue presentado en un acto público el
pasado martes. Durante la presentación de este ambicioso proyecto, los
alcaldes pedáneos plantearon sus dudas sobre la capacidad para
abastecer de agua a las más de un millar de viviendas que está previsto
construir y si se podrá regar el campo de golf.
El ingeniero Raúl Carral Sampedro e Ignacio Arroyuelos, conocido por su
participación en el grupo de trabajo de Sámano, en calidad de
portavoces de la empresa Dícido Sostenible, fueron los encargados el
pasado martes de presentar el proyecto.
En la sesión
informativa, que tuvo lugar en el Centro Cultural La Residencia, los
vecinos mostraron su preocupación por la construcción masiva de
viviendas en una zona de protección ecológica y pusieron en duda que
éste sea el único modelo de actuación para recuperar el deteriorado
cordón minero de Dícido. En el caso de que el proyecto recibiera el
visto bueno de las Administraciones competentes, los plazos de
ejecución finalizarían en 2013, señaló Carral.
Según recoge el
proyecto, se pretende actuar en 8,3 millones de metros cuadrados para
recuperar el área minera, asegurar las galerías, proteger forestalmente
una zona que tiene gran valor ecológico y restaurar las zonas
degradadas en estos terrenos. La propuesta de actuación afectaría a
cinco pedanías: Ontón-Baltezana, Santullán, Llusa, Mioño, Sámano y
Otañes-Talledo.
La propuesta incluye además la construcción de
una gran zona deportiva, un campo de golf de 18 hoyos, la restauración
de las viejas galerías de la antigua mina de Dícido, la construcción de
1.210 viviendas, la instalación de un gran complejo industrial así como
la recuperación paisajística de las escombreras. El proyecto busca el
apoyo del Gobierno de Cantabria para que sea declarado Proyecto de
Interés Regional (PSIR). La inversión ascienden a 578 millones de euros
que, según Carral y Arroyuelos, «se financiarían con la construcción de
910 viviendas libres que costearían la actuación integral y la
cosntrucción de viviendas sociales».
En el turno de preguntas,
los presidentes de las Juntas Vecinales plantearon una serie de
cuestiones relativas a los problemas de abastecimiento de agua que
padecen las pedanías durante el verano y al agravamiento que podría
registrarse en el caso de que el proyecto saliera adelante. Ignacio
Arroyuelos explicó que la millonaria iniciativa empresarial, «ya lleva
incluidos en sus presupuestos las soluciones para el problema del agua,
pues no es que no haya agua, es que no se ha buscado», explicó.
Extraído de: eldiariomontanes.es
