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Los vecinos están preocupados por la posible construcción masiva en Dícido

Los presidentes de las Juntas Vecinales de Castro Urdiales y algunos vecinos del municipio mostraron ayer serias dudas sobre la propuesta de reordenación del cordón minero de Dícido, un proyecto que impulsa la empresa Dícido Sostenible y que fue presentado en un acto público el pasado martes. Durante la presentación de este ambicioso proyecto, los alcaldes pedáneos plantearon sus dudas sobre la capacidad para abastecer de agua a las más de un millar de viviendas que está previsto construir y si se podrá regar el campo de golf.
El ingeniero Raúl Carral Sampedro e Ignacio Arroyuelos, conocido por su participación en el grupo de trabajo de Sámano, en calidad de portavoces de la empresa Dícido Sostenible, fueron los encargados el pasado martes de presentar el proyecto.

En la sesión informativa, que tuvo lugar en el Centro Cultural La Residencia, los vecinos mostraron su preocupación por la construcción masiva de viviendas en una zona de protección ecológica y pusieron en duda que éste sea el único modelo de actuación para recuperar el deteriorado cordón minero de Dícido. En el caso de que el proyecto recibiera el visto bueno de las Administraciones competentes, los plazos de ejecución finalizarían en 2013, señaló Carral.

Según recoge el proyecto, se pretende actuar en 8,3 millones de metros cuadrados para recuperar el área minera, asegurar las galerías, proteger forestalmente una zona que tiene gran valor ecológico y restaurar las zonas degradadas en estos terrenos. La propuesta de actuación afectaría a cinco pedanías: Ontón-Baltezana, Santullán, Llusa, Mioño, Sámano y Otañes-Talledo.

La propuesta incluye además la construcción de una gran zona deportiva, un campo de golf de 18 hoyos, la restauración de las viejas galerías de la antigua mina de Dícido, la construcción de 1.210 viviendas, la instalación de un gran complejo industrial así como la recuperación paisajística de las escombreras. El proyecto busca el apoyo del Gobierno de Cantabria para que sea declarado Proyecto de Interés Regional (PSIR). La inversión ascienden a 578 millones de euros que, según Carral y Arroyuelos, «se financiarían con la construcción de 910 viviendas libres que costearían la actuación integral y la cosntrucción de viviendas sociales».

En el turno de preguntas, los presidentes de las Juntas Vecinales plantearon una serie de cuestiones relativas a los problemas de abastecimiento de agua que padecen las pedanías durante el verano y al agravamiento que podría registrarse en el caso de que el proyecto saliera adelante. Ignacio Arroyuelos explicó que la millonaria iniciativa empresarial, «ya lleva incluidos en sus presupuestos las soluciones para el problema del agua, pues no es que no haya agua, es que no se ha buscado», explicó.

Extraído de: eldiariomontanes.es

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