La adjudicación de viviendas de protección oficial en Castro continúa
rodeada de polémica. El alcalde de la localidad costera, Fernando
Muguruza, anunció ayer que el Ayuntamiento ha anulado la asignación de
pisos a quince familias agraciadas en el último sorteo de VPO,
celebrado en enero. El máximo regidor explicó que fue el tribunal
calificador del Consistorio el encargado de revisar los datos de las
personas afortunadas. Y para su sorpresa, «quince solicitantes no
cumplían los requisitos exigidos para la entrega de los pisos, por lo
que su demanda fue desestimada».
Sin
embargo, Elisa Dopico y Pedro Revuelta, concejales no adscritos en el
Ayuntamiento del municipio cántabro, desataron una nueva controversia
al acusar a Muguruza de presuntas irregularidades en la adjudicación de
las viviendas de VPO. Según los representantes del Grupo Castro, el
primer edil ha retirado las viviendas asignadas a varias personas
premiadas en el último sorteo sin ninguna justificación. «Ha intentado
engañar a los ciudadanos», apuntaron.
Muguruza, por su parte,
recuerda que «los datos económicos de algunas familias no encajaban con
la ordenanza». Es por ello por lo que el alcalde citó telefónicamente a
estos aspirantes para comunicarles el resultado de las investigaciones
de la Corporación local. «Yo sólo cumplo la Ley», añadió el máximo
regidor.
Colectivos especiales
Las
177 viviendas de VPO situadas en el barrio El Chorrillo, en el centro
de la localidad, son las protagonistas de la polémica. Su sorteo, que
también estuvo precedido por las acusaciones de los ediles disidentes
con el PP, se efectuó por el método de papeletas en tres urnas:
alquiler, aspirantes en general y colectivos especiales -personas que
no cumplen algunos de los requisitos que se exige al resto de
solicitantes-. Ahora, Elisa Dopico dirige de nuevo su dedo acusador
hacia el Ayuntamiento porque, a su juicio, «no es una casualidad que
los colectivos especiales sean los perjudicados en este programa».
Extraído de: elcorreodigital.com
