La Asociación Ciudadana ha elaborado un comunicado en el que cuestiona las formas empleadas por la Junta Vecinal de Mioño en lo que califica como un "engaño a la opinión pública". En el mismo se afirma que el denominado proyecto de "recuperación paisajítica" está en contra del Plan General, y que se transgredido el derecho a una información pública en condiciones adecuadas.
COMUNICADO
SOBRE EL PROYECTO DE VERTEDERO EN DÍCIDO
PROMOVIDO POR LA JUNTA VECINAL DE MIOÑO
La Junta Vecinal de Mioño ha sometido a información pública un proyecto de vertedero al que se denomina “Proyecto de Recuperación Paisajística del Cordón Minero de Castro Urdiales. Fase 1. La Cota 100”. El anunció fue publicado en el BOC, el 2 de enero, y el periodo de información pública es de un mes.
El día 24 de enero, la Dirección General de Medio Ambiente publicó la estimación de impacto ambiental, aprobatoria con condiciones.
Lo primero que llama la atención de este proyecto son las formas utilizadas: no se puede llamar “recuperación paisajística” a lo que es un vertedero puro y duro, tan duro como los materiales que van a verterse en la zona de la cota 100, muy cerca de algunos de los antiguos yacimientos mineros que alberga el Monte Dícido; piedras, tierras y materiales similares en volúmenes muy considerables como luego veremos.
Este proyecto fue paralizado por el Ayuntamiento hace algo más de un año, en setiembre de 2004, y recibió un sonado rapapolvos del tripartito por la infracción de las normas urbanísticas. Ya entonces se construyó una báscula para el pesaje de los materiales. Sin embargo, pocos meses después el ayuntamiento firmó un convenio con la Junta por el que daba vía libre al vertedero.
Se ha actuado con muchas prisas, y con nocturnidad.
No se explican porqué se autoriza un vertedero cuando en Suelo de Protección Ecológica (calificación que tiene esta zona de la Cota 100) está prohibido este tipo de usos por el capítulo V.4.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General. La página 70 de las normas urbanísticas lo dice bien claro: todos los usos que no tengan que ver con actividades agropecuarias, forestales, culturales, deportivas (siempre que no impliquen edificación) están prohibidos por el Plan General.
Esta prohibición se corrobora por el propio Plan en el capítulo V.2.5. al señalar que “las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de tipo A (tierras y escombros) se determinarán por el Ayuntamiento, dentro de las áreas de Suelo Urbanizable No Protegido”.
Sin, embargo, la Junta Vecinal ha encontrado un resquicio, que para nosotros es una torticera e interesada interpretación del P. G. que dice más adelante “excepcionalmente podrá autorizarse el vertido de residuos de tipo A en Suelo No Urbanizable Protegido cuando con ello se persigan objetivos de recuperación paisajística”.
“Excepcionalmente” y “recuperación paisajística”. Así pues, la Junta se ha inventado un proyecto de recuperación paisajística donde en realidad va un vertedero de enormes dimensiones. Lo “excepcional” se traduce en “habitual”(cinco años echando vertidos), y la “recuperación paisajística” esconde algo tan vulgar como un “vertedero”. Nos parece que es una operación muy próxima al fraude de ley, y que en cualquier caso, es un engaño a la opinión pública.
Las características que esta falsa “recuperación paisajística” nos ofrecen son bastante obvios:
- El vertedero abarcará una superficie que unida a las zonas ya explanadas de la cota 100 supondrán una superficie de 108.027 m2.
- La finca susceptible de rellenarse tiene una superficie de 43.385,47 m2.
- Volumen de rellenos: 328.093,2 m3.
- El plazo de ejecución de los vertidos es de cinco años.
Para hacernos una idea comparativa, este vertedero ocupará una superficie de veinte veces un campo de fútbol, y es más del doble de la superficie del vertedero del Covarón.
Con estos datos difícilmente puede pensarse que estamos delante de un proyecto de recuperación. Nadie entendería que la recuperación del Monte Dícido empiece por la explanación de las zonas más próximas a la autovía. Por otro lado, no hay un estudio hidrográfico, ni geológico, ni paisajístico, y no se han tenido en cuenta los yacimientos mineros. El monte de Dícido se ve por algunos como un enorme queso en el que el ratón se quiere comer el cacho que le queda más cerca.
Y hablando del ratón. Tampoco está nada claro en lo que a las formas se refiere, cómo se ha adjudicado este proyecto. No nos consta que se hayan obtenido la ratificación para la cesión de esos terrenos a la empresa adjudicataria, ni que se haya utilizado el procedimiento de concurso para la cesión los mismos, ni existen informes jurídicos sobre la pertinencia y justificación de esta operación urbanística.
Capítulo aparte es el trámite de información pública.
No se han cumplido las mínimas condiciones para garantizar al acceso de los ciudadanos a la información. Este derecho, sin reservas, ni coacciones, no se ha cumplido por parte de la Junta Vecinal. Valga como ejemplo que a nuestra asociación se le ha negado la obtención de una copia del proyecto tal como obliga la ley de procedimiento administrativo. Por ello aún no podemos emitir un juicio pormenorizado para que la población conozca los aspectos
relativos a la atenuación de impactos y riesgos que a lo largo de cinco años pueda provocar este vertedero. Por esta razón hemos solicitado a la Junta una prórroga del periodo de información pública y copia del citado proyecto). Esperemos que el buen talante del presidente de la J. V. de Mioño le haga reflexionar y no tengamos necesidad de recurrir al amparo del Defensor del Pueblo.
Una última reflexión. Lo hemos dicho muchas veces. Castro Urdiales se dirige de forma imparable por el sendero del crecimiento insostenible. Sobrepasar la barrera de la Autovía para promover ahora vertederos, luego suelo industrial, residencial… es, a nuestro juicio el mismo sendero por el que se ha llevado a nuestro municipio durante los últimos años: a la expansión urbanística descontrolada, al la destrucción del medio rural, al agotamiento de los recursos hídricos, a la destrucción del paisaje, a los problemas de infraestructuras, al déficit de equipamientos, a la generación de problemas… que la clase política local es incapaz de solucionar presa de un modelo especulativo y desarrollista que es necesario cambiar.
Asociación Ciudadana Otro Castro Es Posible
Enero de 2005
(adjuntamos escrito en el que se explican la falta de condiciones en el trámite de información pública)
