viernes. 19.04.2024

Podemos Castro Urdiales ha valorado en nota de prensa su valoración de la sentencia del Caso Proconor que condenaba a penas de carcel e inhabilitación, entre otros, al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza.

A continuación publicamos nota de prensa íntegra recibida en nuestra Redacción.


NOTA DE PRENSA PODEMOS

La última condena por corrupción contra políticos y técnicos del Ayuntamiento de Castro Urdiales está fresquita, recién salida del horno. Aún chorrea putrefacción por todos sus poros. Un exalcalde y una técnica municipal condenados a penas de prisión e inhabilitación. Muchos, demasiados concejales, condenados a penas de inhabilitación. Y se han salvado de penas mayores porque la justicia no ha querido actuar antes contra ellos para así poder aplicar ese comodín que en algunos casos resulta la dilación indebida. Esa misma justicia que fue mucho más rápida y diligente en su actuación contra el juez instructor de todos los casos de podredumbre política que ahora se están juzgando, esa justicia que sólo tardó seis meses en enjuiciar y condenar al juez Acayro con falsas acusaciones. Condena que el Tribunal Supremo elimino de un plumazo, respaldando al juez Acayro al sentenciar que toda su instrucción había resultado impecable.

Casi una docena de casos judiciales: este es el balance de la corrupción en Castro. Podrían haber sido más si la justicia en Cantabria estuviera solo un poquito menos interrelacionada con el legislativo.

En los 8 juicios celebrados han resultado condenados 25 políticos, cifra que sin duda aumentará cuando se conozcan las sentencias de los que se están celebrando y los que faltan por celebrar. En todos ellos se ha demostrado perjuicio para las arcas del Ayuntamiento; en todos ellos el Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado; en ninguno de ellos el Ayuntamiento ha ejercido como acusación particular. Podemos Castro Urdiales ha pedido en dos ocasiones que el Ayuntamiento se personara como parte perjudicada, lamentablemente sin éxito. En todos los juicios sentenciados hay condenados. Pero, como el Ayuntamiento no ha ejercido acusación particular, en ninguno de ellos, va a retornar a las arcas del Ayuntamiento ni un solo euro de lo robado, esas arcas que custodian el dinero de tod@s y, cuando lo roban, nos lo roban a tod@s>.

Para que la corrupción prospere, necesita empresarios corrompedores, políticos corruptos, y empleados públicos que hacen o intentan sobre el papel dar apariencia de legalidad a lo que es ilegal. Estos tres elementos son una realidad en Castro Urdiales. Los dos primeros ya han quedado en evidencia en varias ocasiones.

El último elemento queda en evidencia con el anuncio en prensa de que la Audiencia Provincial, una vez más, admite y ratifica la instrucción del Juez-Magistrado Luis Acayro Sánchez del caso “Nóminas y Sobresueldos”. Y lo hace sentando en el banquillo a los ya condenados anteriormente exalcaldes Rufino Díaz Helguera, y Fernando Muguruza, al exalcalde Iván González, exconcejales José Miguel Rodríguez López KyK, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Elisa Dopico, Agapito Pastor y a los funcionarios Pedro Luis Arroyuelos, Gregorio Alcedo y, de nuevo, una vez más, al exsecretario Cesar Sainz.

Este caso trata sobre los enchufados en puestos públicos, puestos estratégicamente ocupados con afines, y de sobresueldos no admitidos por ley, pagados a empleados públicos, con los que se tapaban muchas denuncias y se conseguía tener un control a la carta de la gestión municipal en todos sus ámbitos.

Ya en el informe del Tribunal de Cuentas publicado en el 2009 denominó a la administración municipal como “Organización sin organización”.

Ya se le escapó al número 1 del PRC en Castro cuando dio aquel titular “Fue mi padre el que le metió como director de la escuela taller, y no por oposición, que fue a dedo”. Le preguntamos en su momento si conocía más casos, parece que, una vez utilizada la política para sus intereses económicos personales, se olvidó de: limpiadores, operarios, auxiliares, agente de desarrollo local, conserje, auxiliar técnico cultural, conductor, coordinador de peones, pintor, fontanero, albañil, profesor, bibliotecario, educador social…..

Este no es un caso aislado como siempre se ha intentado hacer creer con los demás casos de la historia corrupta de este municipio, es un caso fundamental que muestra la implantación de un “contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades” que ha existido en el ayuntamiento:

  1. Contrataciones de personal al margen de la legalidad, o en fraude de ley
  2. Contrataciones sin procesos selectivos.
  3. Mantenimiento de situaciones generalizadas de       interinidad a sabiendas de su ilegalidad.
  4. Ocupación de puestos claves en el organigrama municipal con finalidad delictiva.
  5. Ocupación de puestos por contrataciones directas cuando la ley reserva únicamente esos puestos a Funcionarios Públicos.
  6. Contrataciones declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. (Saiz Escudero, hija del Secretario Municipal Saiz Alonso).
  7. Incumplimientos de sentencias (Relación de puestos de trabajo de 2004).
  8. Ocupación de puestos técnicos por personal laboral a pesar de estar recogido en la ley que deben ser ocupados por Funcionarios públicos, como dijo la sentencia 649/2011 del TSJC, la sentencia decía que esto suponía “Perversión del sistema” (15 años después, seguía ocupando el puesto).
  9. Contrataciones directas de un día para el otro para puestos de trabajos inexistentes en la RPT.
  10. Ocupaciones de puestos por funcionarios de categoría inferior a la que exige la ley.
  11. Ascenso de categoría sin procesos selectivos y sin titulación exigida.
  12. Los puestos de Interventor, Tesorero y Recaudador han sido ocupados por un funcionario de categoría Administrativo, categoría inferior a la exigida.
  13. Abonos de complementos fuera de la ley.
  14. Abonos de complementos duplicados.
  15. Abonos de complementos posteriores a ceses y sin desempeñar funciones.
  16. Incrementos del salario en un 10% a todo el personal de la Residencia Municipal al margen de la legalidad en marzo 2007.

En resumen:

  1. Constan acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral sin proceso selectivo en el Ayuntamiento.
  2. Constan 35 contrataciones directas de personal en el Organismo Autónomo de la Residencia Municipal sin superar proceso selectivo alguno.
  3. Consta que se adjudicó a SEPISMA el Servicio de Extinción de Incendios al margen de la legalidad y contratación directa de 21 personas que deberían haber sido cubiertas mediante proceso selectivo público.
  4. Consta que a fecha de 16/7/2012, y en documentación acreditada por la Secretaria Municipal, existían 159 plazas vacantes (53 Funcionarios, 35 Personal Laboral, 21 del personal del Organismo Autónomo de Extinción de Incendios, 50 del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal) es decir estaban ocupadas por contrataciones ilegales interinamente sin dar la oportunidad a la ciudadanía de acceder a un puesto de trabajo público que respetase los principios de Mérito, Capacidad y Publicidad.

En cuanto a retribuciones al margen de la legalidad, se autorizó el abono generalizado a todos los funcionarios de conceptos inexistentes en la legislación como son Bolsa de Navidad, Coso Blanco, y productividades lineales, periódicas sin criterio alguno. Se abonaron, sin título legítimo que lo permitiese, a cierto personal los conceptos de “Complemento personal Transitorio”, “Gratificaciones por servicios especiales”, “Gratificaciones por 25 años” y se abonaron salarios superiores a lo legalmente establecido.

Estas prácticas fraudulentas supusieron un quebranto total documentado para las arcas municipales que ascendió a la cantidad de 2.108.992,79 € durante el decenio comprendido entre 2000 y 2010.

Este caso demuestra que el Ayuntamiento de Castro era gestionado como un cortijo. Un cortijo que permitía, por un lado, una organización diseñada para propiciar un urbanismo corrupto y, por otro, crear una red clientelar que pagara estas colocaciones al margen de la ley con su voto cada 4 años.

En todos los casos juzgados de corrupción, este Ayuntamiento ha estado dando cobertura a los creadores de esta forma de gobernar no presentando acusaciones particulares, protegiendo a sus compañeros de partido, porque la mayoría de los partidos estaban implicados y olvidándose de los intereses de la ciudadanía. Y esta cobertura no es cosa del pasado, se está ofreciendo ahora mismo.

Las consecuencias de la corrupción las pagamos tod@s y no solo en forma de dinero, también en forma de oportunidades que no tuvo toda esa ciudadanía que no tenía enchufe y en falta de infraestructuras y servicios públicos que permitan la humanización y socialización de la ciudad.

O se está en contra de la corrupción o se está con ella. Mirar a otro lado, dejar que hagan otros, buscar soluciones y no culpables, asumir obras, urbanizaciones, depósitos de agua que no nos corresponden, es estar, cuanto menos, permitiendo la corrupción.

Dos veces Podemos Castro Urdiales ha pedido una posición firme contra la corrupción. En una de ellas se nos tildó de chismosos. En la segunda ocasión la Alcaldesa Susana Herrán impidió que nuestro concejal leyera un reconocimiento que había solicitado leer como ruego tras el pleno. Algo huele muy mal en este Ayuntamiento y en algunos de los partidos que lo conforman.

Podemos Castro Urdiales solicitará, de nuevo, en pleno municipal, que de una vez por todas este Ayuntamiento defienda el interés general de la ciudadanía, que defienda a la mayoría que está sufriendo las consecuencias de la corrupción y no a los pocos que se aprovecharon de ella, por muy colegas de partido que sean, por mucha amistad o vínculos que tengan o hubieran tenido con ell@s. Que se persone como perjudicado y acusación particular para intentar recuperar algo de lo robado.

Ejercer la acusación particular no permitiría posiciones incomprensibles ejercidas por fiscalías y tribunales, que exculpan a discreción, sin fundamentaciones, a acusados. Como ha ocurrido en el caso La Loma, por ejemplo.

Este caso está a falta de escrito de acusación de fiscalía y posterior fecha de inicio de juicio oral.

Presidente de Audiencia y Fiscal Jefe de Cantabria ¿vamos a tener que esperar otra década para verlo?

Por último, Podemos Castro Urdiales está contemplando con estupor como la mayoría de las veces y la mayoría de los medios de comunicación locales y algunos autonómicos están silenciando nuestras denuncias en todos y cada uno de los asuntos de corrupción que hemos denunciado. Tal parece que estamos ante un caso de omertá mafiosa. El silencio también es cómplice.

 

Podemos Castro Urdiales valora la sentencia del Caso Proconor