El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado, en sentencia firme, la apelación presentada por los exconcejales socialistas de Castro Urdiales, Pedro Olano Helguera y Teresa Pérez Barreda, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander que daba por bueno el convenio firmado hace tres años por el equipo de gobierno y una empresa para la construcción de un ascensor público entre la zona del colegio Arturo Dúo y la zona de Santa Catalina. La sentencia ha condenado a los dos litigantes al pago de las costas judiciales.
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia que resuelve la inaccesibilidad de la zona de Santa Catalina. A nuestra llegada intentamos resolverlo sin perjudicar a nadie pero tres concejales socialistas decidieron recurrir, perdieron, y dos de ellos se han obstinado en la apelación aún a sabiendas de que estaban perjudicando los intereses de los ciudadanos. Estos dos concejales van a sentir en sus carnes el daño que han intentado provocar. Creo que en un mes podremos inaugurar el ascensor.
Fernando Martín del Río, propietario de la empresa Construcciones Martín del Río con la que el ayuntamiento firmó el convenio urbanístico que permitía la construcción de un ascensor público desde las proximidades del colegio Arturo Dúo hasta el barrio de Santa Catalina, ha hecho público un comunicado en el cual expresa su reconocimiento a la sentencia del Tribunal Superior y se pregunta si ¿son estos señores conscientes del daño que han hecho a los cientos de vecinos afectados?. ¿Han pensado alguna vez el quebranto económico que han causado a la empresa que represento?. ¿Han pensado en la indemnización a la que pudiesen ser condenados en concepto de daños y perjuicios hacia mi empresa, si prospera la acusación, por presunta mala fe, a la que pueden ser imputados el señor Olano y la señora Pérez Barreda?.
El convenio apelado por los dos concejales supone la cesión de una pequeña parcela de propiedad municipal a la empresa constructora que permitirá el paso peatonal y rodado de la calle Leonardo Rucabado a las viviendas de nueva construcción junto al colegio Arturo Dúo. A cambio de esta cesión de uso, Fernando del Río se comprometía a la construcción de un ascensor de uso público para salvar el desnivel existente entre la calle Leonardo Rucabado y la calle Libertad así como al arreglo de las escaleras existentes. A tenor de este intercambio, la sentencia califica como de generosas las obligaciones asumidas (por el constructor) frente a una sola prestación municipal: la cesión de una pequeña parcela que formaba parte del dominio público.
Extraído de: castrodigital.com
