Pilar Martín Najera, fiscal jefe del TSJC, acordó en una resolución fechada el día 5 de septiembre que el Juzgado Decano de Castro Urdiales llame a declarar como imputados de un posible delito de prevaricación a dos concejales del equipo de gobierno tripartito municipal, Jaime Díez Muro (PRC) y Salvador Hierro (IU), por la adjudicación irregular de las obras del túnel de Mioño a la empresa Izeta Ingeniería. Se da la circunstancia de que la gerencia de la citada empresa está representada por el hermano del concejal regionalista quien también deberá prestar declaración ante el juez.
Por otra parte, el actual interventor municipal, Fernando Martínez, deberá de comparecer ante el Juzgado para aportar su experta opinión. La Fiscalía constató por declaraciones del titular de la Intervención y del secretario municipal que el expediente de contratación no existía, cuando los trabajos ya habían sido acometidos.
Las obras de mejora para acondicionar un paso peatonal en el túnel de Mioño, contaron con un presupuesto de 58.765 euros y fueron ejecutadas sin contrato ni proyecto, según puso en conocimiento de la Fiscalía Pedro Olano, edil no adscrito de la oposición en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Posible delito
Martín Najera afirma en el documento oficial que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación tipificado en el Código Penal, por el que se adjudican unas obras públicas 'a dedo' a una empresa de la cual es gerente el hermano de Díez Muro, «con el más elemental olvido de las normas de publicidad y concurrencia que rigen la contratación administrativa», precisa la fiscal jefe en dicho escrito. Según Martín Nájera, se cita a declarar a Jaime Díez Muro, edil de de Desarrollo Industrial y Salvador Hierro, concejal de Obras y Servicios (entre otros cargos), porque ellos conocían quien era el gerente de la empresa. El primero aprobó los trabajos sin abstenerse como era su deber y el segundo ofertó la obra personalmente al hermano de su socio de gobierno local. Martín Najera asegura además que «no puede presumirse» que los otros miembros de la Comisión municipal que aprobaron el expediente «lo hicieran a sabiendas».
El día 9 de diciembre de 2005, el interventor municipal levantó una nota de reparo para denunciar las irregularidades cometidas. Unos días después, Muguruza levantó la fiscalización del área de la Intervención municipal, para poder abonar los trabajos.
Extraído de: eldiariomontanes.es
