El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Castro, José Miguel
Rodríguez, ha denunciado irregularidades en el cobro del impuesto de
aprovechamiento urbanístico a seis empresas. La infracción «fue
cometida durante los doce años en los que gobernó el Partido
Socialista», acusó el edil.
«Recientemente hemos hecho una investigación sobre la gestión de ese
tributo y nos hemos encontrado con que a esas firmas no se les pasó la
factura del 10% en su día», detalló Rodríguez. La deuda ha prescrito en
cinco de los casos y «en el sexto estamos pendientes de que abonen la
factura», explicó el portavoz del PP.
Como consecuencia del
impago de la carga fiscal, que debe ser abonada obligatoriamente por
todo aquel que desarrolle urbanísticamente cualquier terreno, las arcas
municipales han dejado de ingresar 500.000 euros. «Según se mire no es
una cantidad excesiva, pero estamos ante una irregularidad importante»,
apuntó Rodríguez, quien recordó que esta situación supone un agravio
comparativo.
Querella criminal
«Todos
los ciudadanos deben ser tratados por igual y eso no se hacía puesto
que unos pagaban y otros, por las circunstancias que fuera, no lo
hacían», declaró. El edil de Hacienda acusó directamente al PSOE de
«este posible fraude fiscal» y recordó que cuando estaba en la
oposición ya interpuso «una querella criminal» contra el equipo de
gobierno por «malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias,
sobre la que los jueces se pronunciarán en su día».
Rodríguez
también culpó al equipo de gobierno que lideraba Rufino Díaz de
gestionar mal el cobro del impuesto de vados. De hecho «de los 96 que
existían en la ciudad, entre los años 2001 a 2003, 74 no pagaban, lo
que ha supuesto unas pérdidas de 40.000 euros».
Asimismo, el
líder de los populares castreños desmintió las acusaciones sobre
irregularidades en el cobro del impuesto de trasmisiones hechas por los
concejales expulsados del PSOE, Pedro Olano y Teresa Pérez. «Ese
gravamen no lo gestiona el Consistorio, sino la comunidad autónoma o el
Gobierno central. La reducción del 95% de la que hablan se aplica sobre
las plusvalías, que sí se gestiona en la administración local, y se
aplica correctamente», advirtió.
Extraído de: elcorreodigital.com
