Como ya se ha señalado, el concejal no adscrito, Pedro Revuelta Barquín y el portavoz del Colectivo en defensa de la bahía castreña, Angel María Villanueva Iriarte, presentaron en la mañana del pasado martes, en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, una querella criminal contra el alcalde Fernando Muguruza, el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, el concejal de Obras, Servicios y Personal, Salvador Hierro Santurde, así como contra el ex secretario municipal César Saiz Alonso y el ex gerente de Urbanismo Pablo Sámano.
En la mañana de ayer miércoles, Salvador Hierro, en conferencia de prensa, señaló que “algunas personas, como en este caso los señores, Revuelta Barquín y Villanueva Iriarte, presentan una querella de mala fe, porque así se puede interpretar, con propósito de hacer daño no sólo a las personas a las que nos ponen la citada querella criminal, sino también a todos los concejales quienes, en una resolución de Pleno decidimos un día revisar un convenio urbanístico que creíamos injusto y que había sido suscrito por el anterior equipo de Gobierno siendo su alcalde Rufino Díaz Helguera. A sabiendas de que no había, se publicó en todos los medios de difusión de Cantabria, ningún indicio de delito en la renovación del citado convenio aprobado por el Pleno con once concejales, no solamente tres; aún así persisten y persiguen a estos concejales. Por ello tengo que recordar lo que sentenció la Fiscal General de Cantabria ante la misma acusación que, en aquella ocasión, realizó el interventor titular de este Ayuntamiento, Fernando Urruticoechea y que decía que “en el año 1996 se suscribió el primer acuerdo de planeamiento, firmándose el convenio de gestión en el año 2000. A mediados de 2003, momento en que se produce uncambio político en el Ayuntamiento consecuencia de las elecciones celebradas, el nuevoequipo de Gobierno inicia la revisión del mismo, que no se había ejecutado en su totalidad, considerando que podía mejorarse en beneficio de los intereses municipales. La decisión poltica de acudir a la vía negociada mediante un acuerdo renovacional, en lugar de acudir a la declaración de lexividad, además de producir un beneficio indudablea las arcas locales no puede tildarse de injusto, arbitrario y totalmente trasgresor del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el respeto a los derechos de los demás firmantes del convenio”.
Sigue diciendo la fiscal que “el que el precio del metro cuadrado del terreno fijado no sea igual al de otros, tampoco implica una manifiesta ilegalidad, con independencia del mayor o menos acierto en el criterio elegido, sino que puede tener una justificación razonable en atención a la diferente naturaleza del terreno, a los costesde urbanización y al tiempo transcurrido desde el primer convenio que se remonta a 1996. Por otro lado, todos los que han prestado declaración, tanto políticos como técnicos, han manifestado de forma unánime los beneficios y ventajas que supuso para el Ayuntamiento”.
Finalizó advirtiendo Salvador Hierro que “después de que esta querella sea desestimada o archivada, que yo no tengo ninguna duda de ello, emprenderé acciones judiciales contra estos señores por deteriorar mi imagen como responsable político y, obviamente, si lo permite la Ley, solicitaré una indemnización económica cuyo importe lo entregaré a una o varias asociaciones, no lucrativas, que existen en Castro Urdiales”.
Extraído de: eldiarioalerta.com
