Rufino
Díaz Helguera, Socorro Anduela, Teresa Pérez, Pedro Olano y Pascuala
San Miguel, todos ellos concejales no adscritos (ex PSOE) en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales, han denunciado los «importantes
defectos legales» en los que el equipo de gobierno tripartito ha
incurrido a la hora de confeccionar el expediente de contratación para
sacar a concurso la concesión de la gestión integral del servicio de
agua y alcantarillado.
entregado no incluye el informe del secretario o de los servicios
jurídicos municipales sobre el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En concreto, aseguran que el secretario municipal, en el
informe de marzo de 2005 sobre las impugnaciones presentadas al Pliego
de Gestión del Servicio de agua y alcantarillado, indica «que se debe
proceder a anular el concurso, a la devolución de la documentación y
garantías a todas las empresas que se habían presentado y propone la
redacción de un nuevo pliego de condiciones».
También aseguran
que el expediente cuenta con una nota de reparo de intervención,
indicando que es necesario suspender la tramitación del expediente por
la omisión de requisitos o trámites esenciales. Además, critican que
tampoco incluye anteproyecto de explotación y de las obras precisas que
deben estar aprobadas previamente como marca la Ley.
Por todo
ello, estos concejales exigen que se resuelva legalmente los defectos
en la tramitación del expediente y solicitan una serie de
condicionantes que debe contemplar el contrato de concesión de la
gestión integral del servicio de aguas en el municipio de Castro
Urdiales.
Propuestas
En este sentido, aseguran que «el
servicio de agua y saneamiento debe ser autosuficiente financieramente
y no debe ser una fuente de financiación puntual para el Ayuntamiento».
También apuntan a que «el cobro del servicio se hará a través de una
tasa cuyo importe no podrá exceder, en su conjunto, el coste real o
previsible del servicio de agua y alcantarillado».
De igual
forma, piden que no haya canon inicial a ingresar por la empresa
concesionaria. «En el borrador de pliego se contempla que la empresa
concesionaria entregará un canon inicial. Es de un gran montante de
dinero en efectivo que el Ayuntamiento recibe en los tres primeros años
del contrato. Con este sistema se penaliza a futuras Corporaciones ya
que el importe mayor lo percibe la Corporación actual», apuntan.
Extraído de: eldiariomontanes.es
