Mª Perpetua Andueza Barrenechea, Rufino Díaz Helguera, Pedro Olano Helguera, Mª Teresa Pérez Barreda y Pascuala San Miguel Romaña, concejales del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales, nos han enviado el siguiente comunicado de prensa, denunciando nuevas supuestas ilegalidades en el consistorio castreño.
COMUNICADO DE PRENSA
ILEGALIDAD DEL ALCALDE AL DENEGAR INFORMACIÓN
El Alcalde, D. Fernando Muguruza Galán, actúa al margen de la legalidad. Incumple la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local.
La Constitución Española (Art. 23.1) dice que:
“ Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
La Ley de bases de Régimen Local (Art.77) establece que:
“Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde cuantos antecedentes datos e informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
Tal información debe ser resuelta, motivadamente, su solicitud en los cinco días siguientes a aquél en que se hubiese presentado. La negativa a proporcionar la documentación solicitada por los concejales puede constituir hecho delictivo.
En fecha 7 de Julio de 2004 (Registro de Entrada nº 7410), solicitamos información sobre nombre de todos los despachos de abogados que hubieran sido contratados.
El 3 de Agosto de 2004 (Reg. Nº 8389), se vuelve a hacer la misma petición, ampliándola a las minutas de todos los servicios jurídicos contratados. Peticiones trasladadas, también, al Concejal de Hacienda (Sr. Rodríguez López) quien – escurriendo el bulto como es habitual en él – nos remite al Alcalde como responsable de facilitar lo solicitado.
Ante el silencio, como respuesta, por parte del Alcalde (lo que a nuestro parecer, y como marca la Ley de Bases, puede resultar constitutivo de delito), volvemos a registrar (23 de Septiembre de 2005, Reg. Nº 10986) escrito solicitando la información antes referida.
Con posterioridad, hemos sabido que existe un listado de procedimientos contencioso-administrativos tramitados que llama poderosamente la atención por la cantidad de casos (en torno a 150 ó más).
Esto, no puede continuar así. No se puede seguir “negando” (no facilitando) la documentación solicitada al Alcalde. Pero es que, además, debe ponerse freno a esta alocada carrera de gastar dineros públicos en bufetes de abogados. De hecho, el borrador de Presupuestos para 2006 recoge – para afrontar gastos jurídicos – una partida de 75.000 €, representando sobre la anterior (18.000 €) UN INCREMENTO DEL 316,67%.
Hecha pública la presente denuncia, queremos hacer ver a la ciudadanía castreña cómo el ALCALDE GASTA LOS DINEROS PÚBLICOS: fruto de su falda de diálogo – que sustituye por la prepotencia y el enfrentamiento – a la hora de resolver los problemas de nuestro municipio.
