Definitivamente, el Gobierno Vasco ha sancionado a los componentes de
la tripulación de Astillero que se negaron a pasar el interrogatorio
después de la regata de Fuenterrabía el pasado 24 de septiembre. Esta
decisión complica el futuro del club cántabro en las competiciones de
remo y más en concreto, en la liga ACT.
El Gobierno Vasco ha sancionado con «la prohibición de acceso a
instalaciones deportivas por un plazo de dos años y una multa de
6.010,13 euros» a 14 remeros de Astillero por «incumplimiento de la
obligación de someterse a un control antidopaje», según informó el
propio Ejecutivo autonómico.
La misma sanción, aunque con una
multa de mayor cuantía, en su caso de 15.000 euros, ha recaído en el
entrenador del club cántabro, José Manuel de Francisco, por la misma
causa, según la resolución del expediente sancionador del caso llevada
a cabo por el viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, Gurutz
Larrañaga.
Los remeros sancionados son Iñaki Errasti Ubera,
Enrique López Martínez, Israel Bolado Mantilla, Vasile Matei, Jose
Ángel Vázquez Helguera, Ionel Sorín, Jose A. Cuero Fuentecilla,
Fernando Rúa Pena, Mauricio Monteserín Gómez, Luis Pazos Rodríguez,
Roberto Pérez Rovira, Jose Carlos González Ruiz, Enrique Vitoria
Aguinaga y José Antonio Acebal Rugama.
Según apunta el Gobierno
Vasco en su nota, Larrañaga «ha resuelto el expediente sancionador
sobre la base de la petición de la Juez Instructora y después de
estudiar las alegaciones presentadas por los imputados».
«Las
personas afectadas -continúa el texto- han sido informadas de la
resolución del expediente sancionador y tienen un plazo de 30 días para
presentar, en su caso, un recurso de alzada ante la del Gobierno Vasco».
De
acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco la sanción que se impone a
los remeros de Astillero es la mínima en la cuantía económica, mientras
que los dos años para competir en el País Vasco es la mitad de la que
les podían aplicar, ya que podían haber llegado a los cuatro años de
acceso a instalaciones deportivas.
Después de la regata
Los
hechos se remontan al 24 de septiembre de 2005, cuando el Gobierno
Vasco efectuó tras una regata en Fuenterrabía un control antidopaje a
todos los remeros que habían pedido autorización para el uso
terapéutico de diversos medicamentos, concretamente a 25 remeros de
seis clubes, todos los cuáles accedieron salvo los 14 de Astillero.
El
control no consistió en la recogida de muestras, sino en la toma de
declaración a los deportistas, y, según dijo en su día la consejera
vasca de Cultura, Miren Azkarate, los 14 remeros de Astillero
«mantuvieron una actitud hostil, no facilitando la colaboración
solicitada y negándose a someterse al control con la actitud
obstruccionista y no colaboradora del entrenador», José Manuel de
Francisco.
Este control se llevó a cabo porque, días antes de
esa regata, el juez único de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT)
informó al Gobierno Vasco de que el club de El Astillero había
solicitado autorizaciones de uso terapéutico de glucocorticoides para
dieciséis remeros, «aquejados supuestamente de los mismos problemas de
salud».
Incitación
Según constaba en la propuesta de
sanción, una vez que se comunicó al entrenador de Astillero que el
control no era una toma de muestras sino un interrogatorio, éste «no
solo presionó e incitó a los remeros a no someterse al control, sino
que fue el instigador y la persona que arengó a los remeros de la SDR
Astillero a negarse a realizar el control de dopaje».
El
interrogatorio a los remeros del club cántabro quedó suspendido cuando
las personas que practicaban la diligencia del control establecieron
que resultaba «manifiestamente imposible continuar con los controles
con un mínimo de garantías, ya que se habían quebrado todas las
condiciones necesarias para la práctica de dicha prueba».
Unas versiones que se contradicen con las del club de remo astillerense.
Fallo a favor
Ante
la situación que se planteaba, los remeros de Astillero presentaron una
denuncia en el Juzgado de Irún por supuesta coacción y amenazas de los
funcionarios del Gobierno Vasco que a la postre resultó que eran
policías de paisano.
La vista de Irún ya se ha fallado y, aunque
la titular del Juzgado irundarra no encuentra causa grave en lo
acontecido, sí considera que hubo engaño para los remeros de Astillero,
que fueron solicitados para realizar un control antidoping y, una vez
en la instalación, les dijeron que era un interrogatorio. La jueza de
Irún consideró que en este aspecto sí hubo engaño. Además, daba la
opción a los implicados en el expediente con el Gobierno Vasco a
utilizar su fallo en las alegaciones. Los policías autónomos
reconocieron en el Juzgado de Irún que no se habían identificado como
tales y que en ninguna caso indicaron a los remeros de Astillero que se
trataba de una toma de declaración. Incluso, en la antesala a la
ubicación de los médicos del Gobierno Vasco les facilitaron agua y
bebidas para que tuviesen más facilidad a la hora de depositar las
muestras.
La ACT exculpa
No es este el único expediente
que tiene abierto Astillero, ya que con fecha seis de abril el juez
único de la ACT les comunicó el fallo de la Asociación de Clubes por lo
acontecido en Fuenterrabía, exculpando a los remeros implicados, aunque
sancionaba a Víctor Sainz de la Maza con una multa de 6. 600 euros.
El
juez único de la ACT reconoce en su fallo que los remeros de Astillero
se han ajustado al procedimiento de la asociación para que los
deportistas fuesen tratados de acuerdo a su solicitud en los 'AUTs' y
aunque también entiende como correcto que se abriera el expediente a
petición de los responsables de la Comisión de Salud y Antidopaje de la
ACT.
Expulsión
Mientras este fallo les resultaba
favorable a los astillerenses, el mismo juez único, Miguel Juane
Sánchez, comunicaba a al club cántabro que en un segundo expediente
proponía su expulsión de la ACT de forma definitiva por no haber
enviado en tiempo y forma unos formularios en los que el club
astillerense entiende que «se vulnera la Ley Orgánica de Protección de
datos de carácter personal y los Principios y derechos elementales de
la Constitución».
Ante esta situación, los astillerenses no
tuvieron más remedio que enviar los formularios en los que se pedía la
autorización de los deportistas para que sus datos sobre controles
médicos fuese públicos.
El envió se efectuó fuera de plazo, si
bien por una situación administrativa no parece lógico que les sea
impuesta la máxima sanción como es la expulsión de la asociación con la
perdida de todos los derechos, una sanción desproporcionada.
El club cántabro presentará un recurso de alzada ante la consejera de Cultura vasca
responsables de Astillero esperaban este fallo desfavorable a sus
intereses por parte del Gobierno Vasco y ayer, en torno las 15.30 horas
recibieron la documentación a través de mensajeros. Quince minutos
antes el Gobierno vasco filtraba su resolución a los medios
informativos cercanos.
El recurso que planteara la defensa de
los astillerenses irá dirigido a la consejera de Cultura del Gobierno
Vasco, quien deberá decidir en un plazo corto de tiempo el final del
expediente en su vía administrativa. El siguiente paso para el club
cántabro es la Justicia ordinaria y, aunque el proceso será muy largo,
es en el que los cántabros tienen mayores posibilidades de salir
airosos.
Hay que recordar que otra entidad de la región,
Pedreña, dio el paso de la Justicia ordinaria ante la situación que se
les planteo con la decisión de los jueces de la regata de La Concha,
que les descalificaron y con su fallo evitaron que los pedreñeros
lograsen la bandera donostiarra que habían ganado en buena lid.
Extraído de: eldiariomontanes.es