El Gobierno vasco prohíbe a Astillero remar en sus aguas durante dos años

Definitivamente, el Gobierno Vasco ha sancionado a los componentes de la tripulación de Astillero que se negaron a pasar el interrogatorio después de la regata de Fuenterrabía el pasado 24 de septiembre. Esta decisión complica el futuro del club cántabro en las competiciones de remo y más en concreto, en la liga ACT.
El Gobierno Vasco ha sancionado con «la prohibición de acceso a instalaciones deportivas por un plazo de dos años y una multa de 6.010,13 euros» a 14 remeros de Astillero por «incumplimiento de la obligación de someterse a un control antidopaje», según informó el propio Ejecutivo autonómico.

La misma sanción, aunque con una multa de mayor cuantía, en su caso de 15.000 euros, ha recaído en el entrenador del club cántabro, José Manuel de Francisco, por la misma causa, según la resolución del expediente sancionador del caso llevada a cabo por el viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, Gurutz Larrañaga.

Los remeros sancionados son Iñaki Errasti Ubera, Enrique López Martínez, Israel Bolado Mantilla, Vasile Matei, Jose Ángel Vázquez Helguera, Ionel Sorín, Jose A. Cuero Fuentecilla, Fernando Rúa Pena, Mauricio Monteserín Gómez, Luis Pazos Rodríguez, Roberto Pérez Rovira, Jose Carlos González Ruiz, Enrique Vitoria Aguinaga y José Antonio Acebal Rugama.

Según apunta el Gobierno Vasco en su nota, Larrañaga «ha resuelto el expediente sancionador sobre la base de la petición de la Juez Instructora y después de estudiar las alegaciones presentadas por los imputados».

«Las personas afectadas -continúa el texto- han sido informadas de la resolución del expediente sancionador y tienen un plazo de 30 días para presentar, en su caso, un recurso de alzada ante la del Gobierno Vasco».

De acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco la sanción que se impone a los remeros de Astillero es la mínima en la cuantía económica, mientras que los dos años para competir en el País Vasco es la mitad de la que les podían aplicar, ya que podían haber llegado a los cuatro años de acceso a instalaciones deportivas.

Después de la regata

Los hechos se remontan al 24 de septiembre de 2005, cuando el Gobierno Vasco efectuó tras una regata en Fuenterrabía un control antidopaje a todos los remeros que habían pedido autorización para el uso terapéutico de diversos medicamentos, concretamente a 25 remeros de seis clubes, todos los cuáles accedieron salvo los 14 de Astillero.

El control no consistió en la recogida de muestras, sino en la toma de declaración a los deportistas, y, según dijo en su día la consejera vasca de Cultura, Miren Azkarate, los 14 remeros de Astillero «mantuvieron una actitud hostil, no facilitando la colaboración solicitada y negándose a someterse al control con la actitud obstruccionista y no colaboradora del entrenador», José Manuel de Francisco.

Este control se llevó a cabo porque, días antes de esa regata, el juez único de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) informó al Gobierno Vasco de que el club de El Astillero había solicitado autorizaciones de uso terapéutico de glucocorticoides para dieciséis remeros, «aquejados supuestamente de los mismos problemas de salud».

Incitación

Según constaba en la propuesta de sanción, una vez que se comunicó al entrenador de Astillero que el control no era una toma de muestras sino un interrogatorio, éste «no solo presionó e incitó a los remeros a no someterse al control, sino que fue el instigador y la persona que arengó a los remeros de la SDR Astillero a negarse a realizar el control de dopaje».

El interrogatorio a los remeros del club cántabro quedó suspendido cuando las personas que practicaban la diligencia del control establecieron que resultaba «manifiestamente imposible continuar con los controles con un mínimo de garantías, ya que se habían quebrado todas las condiciones necesarias para la práctica de dicha prueba».

Unas versiones que se contradicen con las del club de remo astillerense.

Fallo a favor

Ante la situación que se planteaba, los remeros de Astillero presentaron una denuncia en el Juzgado de Irún por supuesta coacción y amenazas de los funcionarios del Gobierno Vasco que a la postre resultó que eran policías de paisano.

La vista de Irún ya se ha fallado y, aunque la titular del Juzgado irundarra no encuentra causa grave en lo acontecido, sí considera que hubo engaño para los remeros de Astillero, que fueron solicitados para realizar un control antidoping y, una vez en la instalación, les dijeron que era un interrogatorio. La jueza de Irún consideró que en este aspecto sí hubo engaño. Además, daba la opción a los implicados en el expediente con el Gobierno Vasco a utilizar su fallo en las alegaciones. Los policías autónomos reconocieron en el Juzgado de Irún que no se habían identificado como tales y que en ninguna caso indicaron a los remeros de Astillero que se trataba de una toma de declaración. Incluso, en la antesala a la ubicación de los médicos del Gobierno Vasco les facilitaron agua y bebidas para que tuviesen más facilidad a la hora de depositar las muestras.

La ACT exculpa

No es este el único expediente que tiene abierto Astillero, ya que con fecha seis de abril el juez único de la ACT les comunicó el fallo de la Asociación de Clubes por lo acontecido en Fuenterrabía, exculpando a los remeros implicados, aunque sancionaba a Víctor Sainz de la Maza con una multa de 6. 600 euros.

El juez único de la ACT reconoce en su fallo que los remeros de Astillero se han ajustado al procedimiento de la asociación para que los deportistas fuesen tratados de acuerdo a su solicitud en los 'AUTs' y aunque también entiende como correcto que se abriera el expediente a petición de los responsables de la Comisión de Salud y Antidopaje de la ACT.

Expulsión

Mientras este fallo les resultaba favorable a los astillerenses, el mismo juez único, Miguel Juane Sánchez, comunicaba a al club cántabro que en un segundo expediente proponía su expulsión de la ACT de forma definitiva por no haber enviado en tiempo y forma unos formularios en los que el club astillerense entiende que «se vulnera la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal y los Principios y derechos elementales de la Constitución».

Ante esta situación, los astillerenses no tuvieron más remedio que enviar los formularios en los que se pedía la autorización de los deportistas para que sus datos sobre controles médicos fuese públicos.

El envió se efectuó fuera de plazo, si bien por una situación administrativa no parece lógico que les sea impuesta la máxima sanción como es la expulsión de la asociación con la perdida de todos los derechos, una sanción desproporcionada.

El club cántabro presentará un recurso de alzada ante la consejera de Cultura vasca

Los responsables de Astillero esperaban este fallo desfavorable a sus intereses por parte del Gobierno Vasco y ayer, en torno las 15.30 horas recibieron la documentación a través de mensajeros. Quince minutos antes el Gobierno vasco filtraba su resolución a los medios informativos cercanos.

El recurso que planteara la defensa de los astillerenses irá dirigido a la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, quien deberá decidir en un plazo corto de tiempo el final del expediente en su vía administrativa. El siguiente paso para el club cántabro es la Justicia ordinaria y, aunque el proceso será muy largo, es en el que los cántabros tienen mayores posibilidades de salir airosos.

Hay que recordar que otra entidad de la región, Pedreña, dio el paso de la Justicia ordinaria ante la situación que se les planteo con la decisión de los jueces de la regata de La Concha, que les descalificaron y con su fallo evitaron que los pedreñeros lograsen la bandera donostiarra que habían ganado en buena lid.


Extraído de: eldiariomontanes.es

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