viernes. 29.03.2024

Definitivamente, el Gobierno Vasco ha sancionado a los componentes de

la tripulación de Astillero que se negaron a pasar el interrogatorio

después de la regata de Fuenterrabía el pasado 24 de septiembre. Esta

decisión complica el futuro del club cántabro en las competiciones de

remo y más en concreto, en la liga ACT.
El Gobierno Vasco ha sancionado con «la prohibición de acceso a

instalaciones deportivas por un plazo de dos años y una multa de

6.010,13 euros» a 14 remeros de Astillero por «incumplimiento de la

obligación de someterse a un control antidopaje», según informó el

propio Ejecutivo autonómico.

La misma sanción, aunque con una

multa de mayor cuantía, en su caso de 15.000 euros, ha recaído en el

entrenador del club cántabro, José Manuel de Francisco, por la misma

causa, según la resolución del expediente sancionador del caso llevada

a cabo por el viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, Gurutz

Larrañaga.

Los remeros sancionados son Iñaki Errasti Ubera,

Enrique López Martínez, Israel Bolado Mantilla, Vasile Matei, Jose

Ángel Vázquez Helguera, Ionel Sorín, Jose A. Cuero Fuentecilla,

Fernando Rúa Pena, Mauricio Monteserín Gómez, Luis Pazos Rodríguez,

Roberto Pérez Rovira, Jose Carlos González Ruiz, Enrique Vitoria

Aguinaga y José Antonio Acebal Rugama.

Según apunta el Gobierno

Vasco en su nota, Larrañaga «ha resuelto el expediente sancionador

sobre la base de la petición de la Juez Instructora y después de

estudiar las alegaciones presentadas por los imputados».

«Las

personas afectadas -continúa el texto- han sido informadas de la

resolución del expediente sancionador y tienen un plazo de 30 días para

presentar, en su caso, un recurso de alzada ante la del Gobierno Vasco».

De

acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco la sanción que se impone a

los remeros de Astillero es la mínima en la cuantía económica, mientras

que los dos años para competir en el País Vasco es la mitad de la que

les podían aplicar, ya que podían haber llegado a los cuatro años de

acceso a instalaciones deportivas.

Después de la regata

Los

hechos se remontan al 24 de septiembre de 2005, cuando el Gobierno

Vasco efectuó tras una regata en Fuenterrabía un control antidopaje a

todos los remeros que habían pedido autorización para el uso

terapéutico de diversos medicamentos, concretamente a 25 remeros de

seis clubes, todos los cuáles accedieron salvo los 14 de Astillero.

El

control no consistió en la recogida de muestras, sino en la toma de

declaración a los deportistas, y, según dijo en su día la consejera

vasca de Cultura, Miren Azkarate, los 14 remeros de Astillero

«mantuvieron una actitud hostil, no facilitando la colaboración

solicitada y negándose a someterse al control con la actitud

obstruccionista y no colaboradora del entrenador», José Manuel de

Francisco.

Este control se llevó a cabo porque, días antes de

esa regata, el juez único de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT)

informó al Gobierno Vasco de que el club de El Astillero había

solicitado autorizaciones de uso terapéutico de glucocorticoides para

dieciséis remeros, «aquejados supuestamente de los mismos problemas de

salud».

Incitación

Según constaba en la propuesta de

sanción, una vez que se comunicó al entrenador de Astillero que el

control no era una toma de muestras sino un interrogatorio, éste «no

solo presionó e incitó a los remeros a no someterse al control, sino

que fue el instigador y la persona que arengó a los remeros de la SDR

Astillero a negarse a realizar el control de dopaje».

El

interrogatorio a los remeros del club cántabro quedó suspendido cuando

las personas que practicaban la diligencia del control establecieron

que resultaba «manifiestamente imposible continuar con los controles

con un mínimo de garantías, ya que se habían quebrado todas las

condiciones necesarias para la práctica de dicha prueba».

Unas versiones que se contradicen con las del club de remo astillerense.

Fallo a favor

Ante

la situación que se planteaba, los remeros de Astillero presentaron una

denuncia en el Juzgado de Irún por supuesta coacción y amenazas de los

funcionarios del Gobierno Vasco que a la postre resultó que eran

policías de paisano.

La vista de Irún ya se ha fallado y, aunque

la titular del Juzgado irundarra no encuentra causa grave en lo

acontecido, sí considera que hubo engaño para los remeros de Astillero,

que fueron solicitados para realizar un control antidoping y, una vez

en la instalación, les dijeron que era un interrogatorio. La jueza de

Irún consideró que en este aspecto sí hubo engaño. Además, daba la

opción a los implicados en el expediente con el Gobierno Vasco a

utilizar su fallo en las alegaciones. Los policías autónomos

reconocieron en el Juzgado de Irún que no se habían identificado como

tales y que en ninguna caso indicaron a los remeros de Astillero que se

trataba de una toma de declaración. Incluso, en la antesala a la

ubicación de los médicos del Gobierno Vasco les facilitaron agua y

bebidas para que tuviesen más facilidad a la hora de depositar las

muestras.

La ACT exculpa

No es este el único expediente

que tiene abierto Astillero, ya que con fecha seis de abril el juez

único de la ACT les comunicó el fallo de la Asociación de Clubes por lo

acontecido en Fuenterrabía, exculpando a los remeros implicados, aunque

sancionaba a Víctor Sainz de la Maza con una multa de 6. 600 euros.

El

juez único de la ACT reconoce en su fallo que los remeros de Astillero

se han ajustado al procedimiento de la asociación para que los

deportistas fuesen tratados de acuerdo a su solicitud en los 'AUTs' y

aunque también entiende como correcto que se abriera el expediente a

petición de los responsables de la Comisión de Salud y Antidopaje de la

ACT.

Expulsión

Mientras este fallo les resultaba

favorable a los astillerenses, el mismo juez único, Miguel Juane

Sánchez, comunicaba a al club cántabro que en un segundo expediente

proponía su expulsión de la ACT de forma definitiva por no haber

enviado en tiempo y forma unos formularios en los que el club

astillerense entiende que «se vulnera la Ley Orgánica de Protección de

datos de carácter personal y los Principios y derechos elementales de

la Constitución».

Ante esta situación, los astillerenses no

tuvieron más remedio que enviar los formularios en los que se pedía la

autorización de los deportistas para que sus datos sobre controles

médicos fuese públicos.

El envió se efectuó fuera de plazo, si

bien por una situación administrativa no parece lógico que les sea

impuesta la máxima sanción como es la expulsión de la asociación con la

perdida de todos los derechos, una sanción desproporcionada.

El club cántabro presentará un recurso de alzada ante la consejera de Cultura vasca

Los

responsables de Astillero esperaban este fallo desfavorable a sus

intereses por parte del Gobierno Vasco y ayer, en torno las 15.30 horas

recibieron la documentación a través de mensajeros. Quince minutos

antes el Gobierno vasco filtraba su resolución a los medios

informativos cercanos.

El recurso que planteara la defensa de

los astillerenses irá dirigido a la consejera de Cultura del Gobierno

Vasco, quien deberá decidir en un plazo corto de tiempo el final del

expediente en su vía administrativa. El siguiente paso para el club

cántabro es la Justicia ordinaria y, aunque el proceso será muy largo,

es en el que los cántabros tienen mayores posibilidades de salir

airosos.

Hay que recordar que otra entidad de la región,

Pedreña, dio el paso de la Justicia ordinaria ante la situación que se

les planteo con la decisión de los jueces de la regata de La Concha,

que les descalificaron y con su fallo evitaron que los pedreñeros

lograsen la bandera donostiarra que habían ganado en buena lid.



Extraído de: eldiariomontanes.es

El Gobierno vasco prohíbe a Astillero remar en sus aguas durante dos años