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[Continuación] Alegaciones al PSIR de Vallegón (Sámano)

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A la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

En Castro Urdiales, a 1 de julio de 2.007.

Los miembros de la PLATAFORMA CIUDADANA PARA SALVAR LA PEÑA DE SANTULLÁN (con domicilio a efectos de notificaciones en calle Antonio Hurtado de Mendoza, 8 3º izqu., 39700 Castro Urdiales).

EXPONEN:

Que el pasado 23 de mayo de 2007 se publica en el BOC la información pública de la aprobación inicial y del Informe de Sostenibilidad del PSIR del AREA ESTRATÉGICA INDUSTRIAL DE CASTRO URDIALES 1ª FASE, en el término municipal de Castro Urdiales.

Que la citada primera fase abarca un área afectada por zonas de alto interés paisajístico y ecológico articuladas a través del Río Tabernillas y muy próximas a la Peña de Santullán, AREA DE INTERÉS PAISAJÍSTICO según la calificación dada por el Plan de Ordenación del Litoral, zonas contiguas asimismo, al Castro de la Peña de Sámano, Bien de Interés Cultural, declarado por decreto 63/2002 del Gobierno de Cantabria (BOC de 14 de junio de 2002).

Que la calificación dada por el Plan General de Ordenación a las zonas proyectadas por esta 1ª fase es la siguiente: la zona Norte, situada al este del actual Polígono Industrial de Vallegón está calificada como SNU-PA (Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria), mientras que la zona Sur, al Sur del actual polígono, esta calificada como Suelo Urbanizable.

Que el actual Plan General de Ordenación aún no ha sido adaptado al Plan de Ordenación del Litoral tal como prescribe la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2004 del POL.

Que la superficie que abarca esta primera fase es algo más de 166.000 m2, lo que comprende aproximadamente la sexta parte del conjunto del AIE (Área de Interés Estratégico que de acuerdo con las previsiones del POL se había aprobado desarrollar mediante el PSIR de Sámano cuya superficie total es de 1.000.761 m2).

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ALEGACIONES:

Primera. De acuerdo con la Ley 9/2006 sobre Evaluación de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental debe contener aquellos problemas ambientales relevantes “relacionados con cualquier zona de particular importancia medio ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas”, tal y como establece el anexo I de la ley. Sin embargo, el Informe de Sostenibilidad omite las afecciones que la fase 1ª del PSIR, y más concretamente el futuro Polígono Industrial, va a tener sobre la zona Oeste de la Peña de Santullán, zona protegida que alberga una rica variedad de fauna y flora. Tal es así que no se señala en el Informe de Sostenibilidad la fauna protegida por la ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (en relación con el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas). Esta ley dice en los arts. 26 y siguientes los hábitats que deben ser preservados, por lo que entendemos debe aplicarse en el caso de la Peña de Santullán, especialmente en toda su zona Oeste en la que habitan varias especies de reptiles, aves y mamíferos que están incluidos en el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Interés Especial (Tritón Jaspeado, Sapillo Moteado, Rana de San Antón, Rana Bermeja, Lagarto Verdinegro, Lagarto Verde, Lagartija Roquera, Lución, Milano Negro, Águila Culebrera, Alimoche, Buitre Leonado, Gavilán, Busardo Ratonero, Cernícalo, Alcotán, Halcón Peregrino, Lechuza, Cárabo Común, Chotacabras Gris, Torcecuello, Avión Roquero, Roquero Solitario, Curruca Cabecinegra, Mosquitero Musical, Carbonero Palustre, Alcaudón Dorsirrojo, Chova Piquigualda, Murciélago Grande de Herradura, Murciélago Pequeño de Herradura, Murciélago Mediterráneo de Herradura, Murciélago Ribereño, Murciélago Bigotudo, Murciélago Ratonero Grande, Murciélago de Bosque, Murciélago Hortelano, etc). La omisión de esta importante afección en el Informe de Sostenibilidad (el cual dice textualmente que la Peña se encuentra fuera del área de afección directa del PSIR, si bien reconoce la importancia que esta zona de la Peña mantiene en relación con la nidificación de especies de aves rapaces, así como de los efectos del futuro polígono industrial sobre estas especies) es un incumplimiento grave de la ley 9/2006.

Segunda. Abundando en lo dicho, cuando la ley dice que el Informe de Sostenibilidad debe valorar los efectos significativos del plan (en este caso del PSIR) sobre medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores, se refiere no solo a los aspectos principales, sino también a los secundarios, acumulativos y sinérgicos, permanentes, y temporales, a corto, medio y largo plazo (anexos I y II de la ley 9/2006) cuestión que el Informe de Sostenibilidad ha pasado por alto por cuanto el mismo solo atiende y de forma somera los efectos medio ambientales sobre la propia parcela receptora de las actividades (parcela que se considera de baja calidad ambiental) hasta el punto de que las medidas correctoras sobre el paisaje, flora y fauna, tan solo atienden a la excavación que se va a hacer y a la actuación sobre los taludes (ninguna mención sobre la vegetación de ribera, sobre restauración de zonas degradadas, o atenuación de impactos sobre el río de tabernillas), y ninguna mención sobre los efectos medioambientales sobre la zona protegida de la Peña, por lo que este Informe de Sostenibilidad no atiende el objeto del mismo, es decir, conocer los efectos significativos sobre el medio ambiente que pueda implicar este PSIR. Si nos fijamos por ejemplo en la página 23 de la memoria resumen del Informe de Sostenibilidad en la que debieran concretarse las medidas de seguimiento, a tenor del art. 15 de la ley y del anexo I, apartado i, resulta que nos encontramos con un ejemplo de nadería, es decir, no se describe ni una sola medida de seguimiento si no tan sólo la declaración de intenciones, que pueden trascribirse a este PSIR como a cualquier otro, sin atender, por tanto a las especificidades del medio natural de la zona, y sin explicar las razones de la selección de las alternativas previstas así como la descripción de la manera en la que se realizó la evaluación, todo ello en consonancia con lo previsto en el anexo I, apartado g de la ley.

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Tercera. El artículo 8 de la referida ley 9/2006 sobre Evaluación de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, señala que el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá tener en cuenta los efectos significativos de la aplicación del plan o programa sobre el medio ambiente, así como de sus alternativas “incluida entre ellas la alternativa cero”, es decir, la no realización de dicho plan. En el Informe de Sostenibilidad, se dice textualmente en referencia a la alternativa cero: “dado de que esta área de actuación estratégica está contemplada en el POL no será preciso el análisis de esta alternativa, dado que se limita a su desarrollo”. Este incomprensible axioma no puede justificar el incumplimiento de la ley 9/2006 hasta el punto de que este Informe de Sostenibilidad quiera hacernos entender de que no existe la posibilidad material o legal de que se dejen las cosas como están. Entendemos que este postulado no sólo vulnera la ley citada sino que desvirtúa el propio derecho que asiste a los ciudadanos a ejercer sus planteamientos, sugerencias y alegaciones en fase de información pública, pues no debe descartarse que como consecuencia de un Informe de Sostenibilidad que delate impactos negativos e irreversibles sobre el medio ambiente pueda optarse por la conveniencia de la alternativa cero.

Cuarta. De la lectura del Informe de Sostenibilidad deducimos que no se responde al objetivo que la ley fija para este instrumento de evaluación ambiental que no es otro que “describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan”, muy al contrario, este Informe de Sostenibilidad pretende justificar el asentamiento de este PSIR, independientemente de los daños ambientales que se puedan producir, daños que no se miden, y sobre los que no podemos saber sus consecuencias, minimizando sus efectos hasta el punto de que en su página 41 se dice “tanto a la vegetación como a la fauna existente en el entorno afectado por el proyecto se le puede otorgar una valoración baja, en función de parámetros habitualmente empleados como naturalidad, complejidad, rareza o singularidad. Tan sólo el área correspondiente a la Peña, fuera ya del ámbito de afección directa del proyecto, reviste un valor mayor en este sentido, derivado de la existencia de algunas masas de encinar cantábrico aceptablemente conservadas y de su importancia como hábitat de algunas especies rupícolas, singularmente aves rapaces”. Una valoración como la precedente en la que se obvia la importancia del ecosistema de ribera, y de todo el sistema fluvial del Tabernillas, y de la afección sobre la flora, fauna y el patrimonio de la Peña, de la que ni siquiera se hace un adecuado inventario de la fauna existente en la misma, nos hace concluir que este Informe de Sostenibilidad es un documento sesgado que no sirve a los objetivos que por ley le son fijados: describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente. Ni una sola mención a las varias especies de quirópteros detectadas en la Peña y su entorno, ni listado de aves que nidifican en la peña, ni existencia de otras especies de fauna como anfibios o reptiles, todas ellas protegidas; tampoco parece merecer ni una sola línea al redactor de este Informe la interrelación entre el ecosistema de ribera y de pradería existente en el área del proyecto, con el mantenimiento de las especies de fauna que habitan en la Peña o en la zona del río Tabernillas, ni la consecuencia que puede provocar sobre las rapaces protegidas el hecho de que se puedan alcanzar altos niveles de ruido tanto en la fase de construcción como de explotación del polígono industrial. Por todo ello se puede afirmar que este Informe de Sostenibilidad no contiene la información adecuada que permita discernir, de acuerdo con el anexo II de la ley 9/2006 sobre Evaluación de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, si el PSIR de Sámano “es pertinente para la integración de las consideraciones ambientales, con el objeto de promover el desarrollo sostenible” (anexo II, 1.c.), o “los problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa” (anexo II, 1.d.).

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Quinta. La Junta Vecinal de Sámano, órgano promotor de este PSIR, y propietaria de los terrenos afectados por el mismo, y que como tal debe tener un papel determinante en la gestión, seguimiento y control de los efectos ambientales, no reúne las condiciones que la ley otorga a una administración local para ejercer tales funciones. En la Junta Vecinal de Sámano deben recaer entre otras la propuesta de PSIR una vez resueltas las alegaciones en esta fase de información pública, deberá realizar el seguimiento de la aplicación del PSIR sobre los efectos del medio ambiente, y previamente a todo ello, deberá responder motivadamente a las alegaciones en fase de consulta. Esta reunión de propietario de terrenos afectados y administración promotora es una inconveniencia, y probablemente sea una fatalidad. Primero, porque la Junta Vecinal de Sámano debe velar por proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que satisface sus ingresos por la promoción y venta de las parcelas resultantes en el futuro Polígono Industrial. Ambos objetivos pueden verse comprometidos, y mucho nos tememos que sean los primeros a favor de los segundos, pudiendo desvirtuar con ello el necesario principio de neutralidad, y sobre todo, el de priorizar la protección del medio ambiente. Y segundo, porque la Junta Vecinal de Sámano no dispone de recursos administrativos, ni técnicos, como para poder ejercer con eficacia las funciones que la ley le otorga como órgano promotor de este PSIR (artículos 10, 13, 15, 21, 23 y 25 de la ley 9/2006). Se incumple por todo ello con los principios de neutralidad, legalidad e igualdad de armas, que deben prevalecer en la actividad de las administraciones públicas.

Sexta. En relación con lo expuesto en el punto anterior, resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Castro Urdiales, haya sido eludido como promotor de este PSIR, prescindiendo con ello de la posibilidad de separar al propietario de los terrenos (Junta Vecinal de Sámano) y del que debiera haber sido el promotor del PSIR (Ayuntamiento de Castro Urdiales) evitando las contradicciones entre los intereses de la propiedad y el celo en la protección del medio ambiente, y contribuyendo con los recursos técnicos y administrativos de los que dispone el Ayuntamiento de Castro Urdiales para controlar la implementación de un proceso tan complejo como este PSIR, incumpliendo así con la previsión hecha en el art. 5.3 de la ley 9/2006 por el que “las administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los principios de cooperación y colaboración”, garantizando “la debida ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en particular, la de aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones públicas”. Se incumple por tanto la obligación de colaboración entre administraciones, y salta por los aires art. 9 de la ley 2/2001 (ley de Suelo de Cantabria) que dice que “las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo adoptarán como principio rector de su actuación el de colaboración interadministrativa, arbitrando cuando proceda y en atención a los intereses en presencia los medios adecuados para que las demás puedan participar en las decisiones propias mediante informes, audiencias, documentos y, en su caso, los órganos de coordinación que puedan crearse al amparo de las potestades de autoorganización”. En la misma línea se incumple el art. 6 de la ley de Cantabria 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral, y el art. 6 de la Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria.

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Séptima. Son competencias municipales, la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, así como la protección del medio ambiente (art. 25 de la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local), y no consta que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya delegado en la Junta Vecinal de Sámano la prestación de servicios relacionados con la protección del medio ambiente y la ordenación y gestión urbanística como los que la ley/2006 atribuye a los órganos promotores de un PSIR. Por otro lado, los servicios que pretende prestar la Junta Vecinal no son de su competencia por no ser de interés exclusivo de la misma (la propia definición de un PSIR nos remite a actuaciones de interés regional según lo establecido en la ley de Suelo de Cantabria y el POL). Por todo ello se están incumpliendo los preceptos mencionados de la ley de 7/1985, y también el art. 4 de la ley de Cantabria 6/1994 Reguladora de las Entidades Locales Menores.

Octava. Por otro lado, y en ámbito estrictamente urbanístico, diremos que este PSIR, solo por su ubicación, y sin entrar en el volumen y altura de las futuras edificaciones, incumple el art. 34 de la ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, de aplicación directa, pues en él se dice que “no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, colores, muros , cierres o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rural o urbano, o desfiguren la perspectiva propia del mismo”. Este importante artículo, traído del anteriormente vigente art. 138. b de la ley de Suelo de 1.992, ha provocado una importante jurisprudencia perfectamente aplicable a este caso, en la medida de que este PSIR es un ejemplo de ruptura en la armonía del paisaje de ribera, y del Valle, y de la Peña de Santullán. En el mismo sentido, se incumple también el art. 98 del Reglamento de Planeamiento.

Novena. La zona norte del PSIR, 1ª fase, está calificada actualmente por el Plan General de Ordenación como Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria y también como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológica, situación preexistente a la entrada en vigor del POL, y por tanto del Área de Interés Estratégico Industrial que sobre esta zona se proyecta. El art. 112 de la ley 2/2001 establece el régimen para esta clase de suelo, prohibiendo “las construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino”… señalándose también que “se estará a lo dispuesto al régimen más restrictivo que pudiera derivarse del planeamiento territorial, de la legislación sectorial o del planeamiento urbanístico aplicable”. Por lo tanto, el AIE que desarrolla el PSIR jamás debiera haberse ubicado en el Suelo Rustico Protegido de la zona norte, por prohibirlo la ley del Suelo de Cantabria.

Décima. El art. 26 de la ley 2/2001 establece con claridad que los Proyectos Singulares de Interés regional podrán desarrollarse en suelo urbano, urbanizable o rústico de protección ordinaria, por lo que no está permitido desarrollar un PSIR, en ningún caso, en Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria ni en Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológica, por lo que este PSIR vulnera rotundamente la ley de Suelo de Cantabria.

Décimo Primera. Las Normas Urbanísticas Regionales, aprobadas por Decreto 57/2006 de 25 de mayo (NUR) establecen normas de aplicación directa complementarias a la Ley de suelo de Cantabria, ley 2/2001, entre ellas, en su art. 7 se dice que “el planeamiento municipal deberá establecer zonas periféricas de protección al objeto de evitar soluciones bruscas en el territorio, fijando el régimen de usos, actividades e instalaciones compatibles” párrafo cuya lectura nos invita a pensar que la 1ª fase del PSIR va justamente por el camino contrario al intentar organizar una actividad industrial que amenaza con brusquedad los hábitats y el paisaje de la zona Oeste de la Peña de Santullán. Contrariamente a lo que plantea este PSIR, las NUR proponen zonas periféricas de protección entre zonas de protección como la Peña y las zonas industriales existentes (el actual Polígono Industrial de Vallegón). Dichas zonas, dice el art. 2.a “se fijarán en el entorno de espacios que gocen de protección por sus valores naturales, con la finalidad de evitar y aminorar impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior”. Este PSIR es contrario a las NUR, pues en vez de plantear una barrera de protección entre los usos industriales del actual Polígono Industrial de Vallegón y la zona protegida de la Peña, plantea una ampliación del Polígono acercándolo a la Peña, contrariamente a lo previsto en las NUR.

Décimo Segunda. También se plantea por las NUR el alejamiento de los lugares con valores naturales y culturales relevantes de las construcciones o actuaciones que provoquen un impacto significativo, como sucede con la ampliación del Polígono Industrial de Vallegón en relación con la Peña y el Castro de la Peña de Sámano, por lo que proponer como se hace desde el Informe de Sostenibilidad que las cubiertas de las nuevas edificaciones industriales se pinten de verde resulta un sarcasmo, a la vez que un incumplimiento del art. 16 y concordantes de las NUR.

Décimo Tercera. Este PSIR, 1ª fase, pretende dejar sin efecto la aplicación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, concretamente las que afectan al título V, capítulo 3, apartado 10 que regula las condiciones de la edificación vinculadas a la producción industrial, así como todo el título IX, capítulo 3 en la que se regulan las condiciones generales del Suelo Productivo. Así pues, se dice en la página 32 de la Memoria General de Ordenación del PSIR, 1ª fase, “la presente ordenanza, por desarrollarse dentro de un ámbito de un PSIR, no está sujeta a las vigentes Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Castro Urdiales”, no obstante, se dice también “se ha pretendido no entrar en conflicto con dicho PGOU”, para decir más adelante que en caso de conflicto entre ambos documentos prevalece la ordenanza del PSIR. El conflicto es mayúsculo, hasta el punto de que las nuevas edificaciones industriales que pueden construirse al amparo de este PSIR pueden alcanzar una edificabilidad de 1 m2 por cada m2 construido, la altura máxima de los pabellones puede alcanzar las cuatro plantas, y 14 metros de metros de altura desde la cornisa, lo que significa una auténtica barbaridad si comparamos con los estándares fijados por el PGOU, que permiten una edificabilidad de 0,45 m2 por cada m2, y entre 7 y 13 metros de altura máxima desde el alero, según se trate de edificaciones de grado 1º o de grado 2º. Pero más allá de las diferencias entre los criterios entre una y otra ordenanzas, lo que interesa reseñar aquí, es el arbitrario uso de una normativa exclusiva en atención a que el futuro polígono industrial está en el ámbito del PSIR. Eso es claro, y no se cuestiona aquí. Pero cuando el POL clasifica toda esta zona como AIE productiva, lo hace a los efectos de definir la clase de suelo, pero en modo alguno puede pretender establecer una ordenanza urbanística al margen de la existente en el Plan General, pues con ello incurriría en una gravísima invasión de la competencia local sobre la ordenación urbanística en el municipio, a tenor no sólo de la Ley de Reguladora de las Bases de Régimen Local sino de la propia Ley de Suelo de Cantabria. No habría nada que objetar si este PSIR hubiera fijado en su proyecto el contenido previsto en el artículo 27 de la ley 2/2001, incluido lo que se dice en su apartado c, es decir, “una memoria justificativa y descripción detallada de la ordenación y de las características técnicas del proyecto”. Efectivamente así lo hace este proyecto en el capítulo 3 de su memoria, fijando aspectos relativos a la ubicación, conectividad, accesibilidad, la posibilidad de resolver problemas de urbanización, y sobre todo, la delimitación de los usos del suelo y las infraestructuras. Pero lo que no puede hacer este PSIR es fijar como también hace en su memoria aspectos como una ordenanza ambiental sui géneris (al margen de las ordenanzas municipales), o una ordenanza de edificación sui géneris, para este suelo productivo, al margen de la ordenanza de edificación fijada por las Normas Urbanísticas del Plan General y aprobada por la Comisión Regional de Urbanismo. Es un auténtico disparate. Cuando el Reglamento de Planeamiento utiliza la expresión “ordenación”, se está refiriendo a la clasificación del suelo, y las diferentes tipos y categorías del mismo, a los usos globales de los mismos y a los sistemas generales, así como a los viales, zonas verdes, servicios y dotaciones. Si el legislador regional hubiera pretendido que los PSIR entraran a regular la edificación en el suelo productivo del PSIR (algo que, por otro lado, hubiera invadido la competencia municipal urbanística) habría utilizado la misma expresión que utiliza el Reglamento de Planeamiento, es decir, “las normas urbanísticas”, o dicho de otra manera “la ordenanza de la edificación y uso del suelo que contiene la reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen, condiciones higiénico sanitarias de las construcciones, así como las características estéticas de la ordenación, de la edificación y su entorno” (art. 40 del Reglamento de Planeamiento R. D. 2159/1978). Por todo ello alegamos que este PSIR contraviene al art. 27 de la ley 2/2001 de Suelo de Cantabria y el art. 54 de la ley de Cantabria 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral.

Décimo Cuarta. Se ha optado por dividir en fases el PSIR, aprobándose ahora la denominada primera fase que afecta a la sexta parte del territorio afectado por este PSIR. Ni en la ley de Suelo de Cantabria, ni en el POL, se permite esta eventualidad. De la lectura del artículo 27 de la ley del Suelo de Cantabria, se deduce que se debe plantear un Proyecto Singular de Interés Regional, con una sola memoria y documentación que justifique la propuesta de ordenación, y características técnicas del proyecto. Lo que si permite la Ley del Suelo es que se fijen “los plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en las que se divida su ejecución”. Pero una cosa es que se ejecute la obra en fases, algo que puede ser muy recomendable, y otra muy diferente es que se planifique el territorio en fases, algo que no tiene sentido desde el punto de vista de la racionalización de los recursos, en este caso, del suelo. Se renuncia así a una mejor ordenación y zonificación de los usos del suelo, las cesiones, los equipamientos públicos, los sistemas generales, las zonas verdes… en definitiva, la Junta Vecinal y más incomprensiblemente la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, están renunciando a la tarea que corresponde al planificador. A lo que nos lleva esta errónea división del PSIR en fases, es a sucesivas aprobaciones iniciales, provisionales y definitivas, con sus correspondientes Informes de Sostenibilidad, y previas declaraciones de interés regional por parte del Gobierno de Cantabria. Es un galimatías simplemente aberrante. Si los proyectos singulares de interés regional lo que pretenden es regular la implantación de instalaciones industriales, lo que tiene que hacer es eso justamente, regularlo sobre la totalidad del territorio afectado por el PSIR. Al optar por regular una primera fase sin planificar las cinco sextas partes del territorio restantes se desvirtúa la propia finalidad del PSIR de Sámano, incumpliendo lo previsto en los arts. 26 y siguientes de la Ley de Suelo de Cantabria. Pero también es contrario al principio de eficacia que debe prevalecer en la actividad administrativa.

Décimo Quinta. No se cuestiona en este escrito de alegaciones la importancia y la pertinencia de regular la implantación de un futuro suelo industrial en el municipio de Castro Urdiales, objetivo loable. Ni siquiera se cuestiona la ubicación del conjunto del Área de Interés Estratégico de casi un millón de metros cuadrados. Lo que se cuestiona es que se pretenda iniciar esta área por las zonas más frágiles desde el punto de vista del territorio, y las más valiosas desde el punto de vista ecológico. Si este PSIR, sale adelante, la administración regional habrá optado por el camino contrario al desarrollo sostenible, y por una pésima gestión del territorio así como por una planificación urbanística irracional y contraria al interés público. Aunque es difícil justificar esta última alegación desde el punto de vista jurídico, más allá de los incumplimientos legales señalados, vamos a explicar brevemente la propuesta alternativa a este PSIR, o lo que es lo mismo, lo que no hace el promotor, es decir, la Junta Vecinal de Sámano, para planificar adecuadamente este PSIR. Lo que no hace la Junta Vecinal, y debiera hacer en lógica que quiera ordenar correctamente esta parte del territorio es planificar globalmente el mismo, es decir el conjunto de los algo más de un millón de metros cuadrados. Y las afecciones al valle, la Peña, y a los Barrios de Sámano. Ello implica realizar un diagnóstico del conjunto de este territorio, y su articulación con los sistemas generales, las zonas residenciales próximas, y el polígono actual de Vallegón ya desarrollado (y lamentablemente gestionado), y su interrelación con el Valle de Sámano y la Peña de Santullán, los ríos y el entorno natural. Todos son elementos que interactúan en el territorio. Una vez hecho el diagnóstico debe tenerse presente de manera relevante el principio de sostenibilidad (algo que se ha obviado sistemáticamente en este PSIR y en su Informe de Sostenibilidad) y la prioridad en la protección del Río Tabernillas, La Cava y el entorno de la Peña de Santullán. Del resultado de este itinerario podemos anticipar una hipótesis de desarrollo para el futuro PSIR de Sámano (insistimos que es tan solo una hipótesis) la cual podría ser la de generar un área de protección y de recuperación ambiental de las parcelas de esta denominada primera fase y propiciar el desarrollo edificatorio en la zona Oeste del PSIR, entre Vallegón y Helguera, desarrollo que pondere volúmenes suaves y una urbanización que potencie los espacios públicos, la accesibilidad, y la sostenibilidad. El PSIR no debiera olvidarse, sino más bien priorizar la reordenación del actual polígono, un ejemplo lamentable de gestión insostenible de una zona ibdustrial. Sobre este planteamiento y con medidas de atenuación sobre los impactos negativos quedarían bastante protegidas la zona del Castro de la Peña de Santullán y todo su zona Oeste. Todo ello siempre y cuando esta parte del territorio permita soportar con garantías la capacidad de carga y capacidad de acogida que habrán de evaluarse siempre sobre la premisa de la máxima protección del medio ambiente. Por todo ello nuestra última alegación se redacta a modo de sugerencia y esta no es sino que se redacte un PSIR para todo el territorio del AIE productiva de Sámano ajustándose al principio de desarrollo sostenible que impregna la legislación regional y que es objetivo de la nueva ley estatal del Suelo.

Es por todo ello y a la vista de las alegaciones expuestas SOLICITAMOS:

Se admita el presente escrito y las alegaciones en él contenidas, procediendo a retirar el actual PSIR 1ª fase de Sámano y a realizar el trámite para la aprobación del PSIR del conjunto de la zona que engloba al AIE aprobado por el POL.

Firmantes:

Javier San Sebastián Hurtado, Javier López Orruela, Oscar Prada Campaña, Cristina Martínez Martínez,  Juan Antonio Bazán Perales, Alvaro Ganza González,  Marcelo Curto Nates,  Jesús Ángel Arrate Jorrin,  Charo Garitacelaya Castillo,  Michelle Meulemans Pérez..









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