Un millar de viviendas se hallan en situación irregular en Cantabria. En algunos casos, desde hace más de una década. Durante este tiempo, la incertidumbre se ha apoderado de forma progresiva de cientos de familias que adquirieron un piso o un chalé en algún punto de la región entre Comillas y Castro Urdiales. Los últimos en sumarse a esta 'lista negra' urbanística fueron los propietarios de los 395 apartamentos del 'Alto del Cuco', en Piélagos. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) paralizó hace un año las obras de la promoción por el impacto ambiental que provocaban en la zona.
Sobre esta urbanización no existe aún una sentencia firme de demolición, pero los afectados, pendientes del dictamen del Tribunal Supremo, ya han unido fuerzas a través de la asociación Costa Verde. Mientras, el Ayuntamiento de la localidad, el Gobierno regional y la constructora, Fadesa, tratan de diseñar un nuevo plan parcial que sea más respetuoso con el entorno natural.
Este caso es el más reciente, pero existe otra veintena de sentencias judiciales que ponen en el disparadero a otras 635 viviendas -en su mayoría compradas por vizcaínos- repartidas entre los municipios cántabros de Comillas, Miengo, Arnuero, Argoños, Escalante y Castro Urdiales. Hay más de 2.000 afectados. Los primeros en ser condenados al derribo fueron los 144 apartamentos de la urbanización 'El Encinar' de Arnuero. Las dos primeras fases -42 apartamentos- debían haber sido reducidas a escombros hace meses, pero la situación se encuentra estancada. La firma navarra Erri Berri fue la adjudicataria de la demolición, pero se echó atrás «por la presión social». También se negaron las dos empresas que le seguían. En diciembre, la promotora que los construyó, Inmobiliaria Arnuero, pidió autorización al Consistorio para tirar sólo las 32 viviendas que tiene en propiedad. Las 112 restantes, todas vendidas a particulares, no quería tocarlas. El problema es que, si acepta la obra, tiene que hacerse cargo de todo el proyecto, no sólo de una parte.
Sin ofertas
En la misma línea, las dos primeras fases de la promoción 'Las Llamas' de Argoños, compuestas por 19 y 22 chalés, respectivamente, deberían haberse demolido el año pasado, pero ninguna empresa ha optado siquiera al concurso. Así las cosas, el alcalde del municipio, Juan José Barruetabeña, informó al juez de la enquistada situación para que estime qué hacer. Sin embargo, mientras espera instrucciones de los tribunales, el Consistorio estudia convocar otra subasta para adjudicar la demolición de los 16 unifamiliares de la tercera fase.
Si bien el Tribunal Supremo ya dejó claro en 2006 que los afectados no recibirán las indemnizaciones por daños patrimoniales hasta que los derribos sean efectivos, cinco sentencias del TSJC avalan desde 2004 las compensaciones por las secuelas psicológicas. Así, ha tasado entre los 9.000 y los 12.000 euros la angustia de los propietarios de 254 viviendas en las localidades de Argoños y Arnuero. La cuantía varía en función de si hacían uso de la vivienda como segunda o primera residencia. La obligación de abonar las indemnizaciones recae sobre los ayuntamientos de ambas localidades y el Gobierno de Cantabria, pero han recurrido las resoluciones. A día de hoy, sólo los propietarios de las 22 viviendas de 'Las Llamas II' podrían ver el dinero a corto plazo.
Extraído de: elcorreodigital.com
