El Tribunal Supremo ha prohibido a los propietarios del edificio
'Euromar' la entrada a los garajes de la urbanización, ubicada en el
barrio de Cotolino. El fallo judicial afecta a los 180 propietarios que
se han visto obligados a sacar sus vehículos a la calle, según confirmó
ayer el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (PRC). El regidor
anunció que el Ayuntamiento ha acatado la decisión judicial y ha
prohibido el acceso, clausurando los garajes. Según ha podido conocer
este periódico, tan sólo se ha permitido a los conductores afectados
sacar sus coches de los garajes, pero no meterlos.
El proceso judicial fue iniciado por los vecinos del inmueble situado
frente al 'Euromar'. Ambos están separados y comparten una plaza
pública por la que pasaban los coches para llegar a sus garajes.
Los
colindantes denunciaron al Ayuntamiento la «irregularidad urbanística»
que se había cometido al instalar la boca del subterráneo sobre zona
pública y haberse incumplido el proyecto original de la promotora que
contemplaba el acceso al estacionamiento a través de otra calle.
El
concejal de Obras, Salvador Hierro (IU), aseguró ayer que el
Ayuntamiento castreño ha acometido las obras de clausura del garaje.
«Ahora será la constructora o los vecinos quienes deban de actuar si
quieren tener garajes». Hierro aseguró que intentaron «resolver este
asunto desde la Concejalía que presido para perjudicar lo menos posible
a los afectados. El Ayuntamiento instaló unos pivotes para delimitar
los accesos al garaje. Reconoció que la medida provisional del
Ayuntamiento no fue la adecuada.
Un largo proceso de once años
Los vecinos de la urbanización 'Residencial Cotolino' que iniciaron la
denuncia contra el 'Euromar' han destacado el largo proceso judicial
que les ha tardado once años en dar la razón. «No denunciamos a los
propietariosque quede claro», dijo ayer un vecino que prefiere no dar
su nombre. «Nadie vivía en el inmueble en construcción cuando dimos
cuenta al Ayuntamiento de esta irregularidad».
El edil de
Obras, Salvador Hierro, denunció ayer que «la licencia firmada por el
ex alcalde socialista, Rufino Díaz Helguera, era ilegal». En este
sentido, recordó que «a sólo cien metros, también en Cotolino, se
construyó una piscina sobre un vial público. Lamentablemente, en ese
caso, la sentencia falló en contra y la urbanización se ha quedado con
estos suelos que impiden el paso de los peatones», criticó.
Extraído de: eldiariomontanes.es
