Indignados y desorientados. Con estas dos palabras se resume cómo han recibido los vecinos la orden judicial de precintar los garajes de sus viviendas los vecinos de la comunidad de propietarios 'Euromar' que está situada en el barrio castreño de Cotolino.
La mayor parte de ellos se enteraron el pasado viernes, cuando iban a aparcar, de que se les impedía el acceso a su propiedad por un fallo judicial «que no conocía ni la administradora» según señaló José Luis Martín, un vecino.
El primer paso de los residentes ha sido intentar sumar fuerzas para presentar una demanda conjunta con la intención de que «se legalice» la entrada a sus aparcamientos. «Lo haremos cuando estemos asesorados para saber cómo actuar. Yo ni siquiera sabía que estábamos en juicios» decía ayer una de las afectadas, Arantza Fernández. Todos los vecinos se han intentado informar a través del abogado de la comunidad que vive en el mismo edificio, «pero está de vacaciones», lamentaron.
Reunión
Sin embargo, otro residente, Pelayo Marcos, adelantó que «haremos una reunión de propietarios para estudiar qué hacer». También criticó Marcos que el Consistorio castreño «no nos haya informado antes de precintar la entrada. Tampoco entiendo si no hay motivos de seguridad para hacerlo, porque cierran los aparcamientos y nos obligan a construir otra entrada». Su mujer, Yolanda, aseguró que «no dudaremos en denunciar al Ayuntamiento de Castro Urdiales e incluso presentar una demanda contra el ex alcalde, Rufino Díez Helguera, si fue él quien permitió a la constructora ejecutar la entrada a través de la plaza pública por la que fuimos denunciados».
Desde el viernes, las plazas de aparcamiento están escasas en Cotolino, zona donde muchos residentes trabajan en el País Vasco y no están empadronados. Por este motivo, al aparcar en la calle, según dijeron, «tenemos que pagar la Ordenanza Castreña de Aparcamiento (OCA), o ser denunciados si no la cumplimos».
Preocupados
Los vecinos del edificio 'Euromar', tras salir de su asombro, preparan un encuentro para estudiar actuaciones judiciales. «Queremos que legalicen nuestros garajes que recibieron, en su día, un permiso municipal», protestaron.
Por otra parte, algunos se preocupan por su patrimonio: «Nuestras casas se deprecian en 60.000 euros sin garaje. Nosotros no tenemos la culpa de si los trámites no se hicieron bien». Ayer los conductores buscaban desesperados plazas para estacionar.
«Tampoco sobran», decía un residente que señalaba que «se nota que más de cien conductores buscan plazas». También apreciaron los vecinos del barrio de Cotolino que «todos buscan un garaje para alquilar. Hay más coches en la calle desde el viernes y nadie quiere esperar para aparcar».
El Ayuntamiento de Castro Urdiales acató el pasado viernes la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales los accesos a los garajes de 'Euromar', donde viven 180 propietarios.
Ayer, varios de ellos criticaron que «los demandantes del edificio de enfrente -llamado 'Residencial Cotolino'- también invaden la plaza pública.
No entendemos la motivación de esta denuncia. Ambos bloques estamos en las mismas condiciones», concluyeron los afectados.
Extraído de: eldiariomontanes.es
