martes. 27.02.2024

Una sentencia ha paralizado el desarrollo urbanístico en la zona de Santa Catalina, de 60.220 metros cuadrados de superficie, en la que actualmente se construye el quinto colegio de Castro Urdiales, y donde está prevista la construcción de más de un centenar de viviendas. Según pone en evidencia la resolución judicial, el expediente administrativo está jalonado de defectos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha anulado el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUP-4, denominación técnica de la zona, aprobado por el ayuntamiento castreño en noviembre de 2005. Además, la sentencia anula el expediente de ocupación directa y los convenios urbanísticos aprobados. La jueza María Dolores de los Ríos estima así el recurso presentado por la empresa Incos Española S. A., copropietaria de una parcela afectada, y ordena al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de los acuerdos urbanísticos.

Según la resolución judicial, se incoó el expediente de ocupación directa de los sistemas generales adscritos al sector SUP-4, para obtener terrenos para dotaciones públicas reconociendo a sus titulares el derecho a integrarse en una unidad de actuación excedentaria, sin estar aprobado el Plan Parcial de la zona, tal y como exige la legislación. Tampoco se publicaron en el BOC los requisitos necesarios, ni notificación alguna a los interesados. Y tampoco consta que se inscribieran las superficies ocupadas a favor del ayuntamiento en los términos previstos legalmente.

Respecto a los convenios urbanísticos formalizados para la obtención de parcelas para dotaciones públicas, como el colegio que se está construyendo, la sentencia precisa que no se abrió un periodo de información pública sobre el proyecto del convenio, motivo suficiente para declarar su nulidad. En el caso del proyecto de reparcelación, la causa de nulidad tiene el mismo origen: la ausencia de notificación individual de la iniciación del expediente a los interesados.

Un plan trufado de polémica

El Plan Parcial de la zona de Santa Catalina está ligado indefectiblemente al escándalo urbanístico. El PP acusó al actual consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, de beneficiar desde su cargo entonces como miembro de la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Crotu), a un familiar suyo con intereses claros en Santa Catalina. En Santander y en Castro, los 'populares' pidieron explicaciones a Mediavilla, al que acusaron de dar por bueno que el Plan Parcial había sido aprobado con anterioridad al POL, para evitar una reserva del 25 por ciento de la edificación para viviendas protegidas.

El consejero rechazó las acusaciones y recordó que hasta el cuatro ocasiones la Crotu paralizó el expediente por incompleto, lo que le ocasionó las criticas del PP por «parar un tema de interés público».

Extraído de: eldiariomontanes.es

El Juzgado paraliza los proyectos urbanísticos en Santa Catalina