miércoles. 21.02.2024

El Ayuntamiento de Castro Urdiales y la promotora Inversiones Casa

recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

que ha dejado fuera de ordenación 150 chalés en la pedanía castreña de

Sámano. La decisión, hecha pública el pasado 23 de octubre, declara

nulo el plan parcial que permitió la construcción de los adosados que

conforman la urbanización El Prado. El alto tribunal ha considerado que

el instrumento urbanístico utilizado para reparcelar la zona vulnera el

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que sólo se contempla

el desarrollo de 88.300 metros cuadrados y no de los 163.800 que

refleja el Plan Parcial.
El alcalde, Fernando Muguruza, insistió ayer en el argumento,

desestimado durante el proceso judicial por la sala cántabra, de que

todo se debe a un «error tipográfico». «El PGOU, que se aprobó

inicialmente en 1995, establecía en esa zona un suelo urbanizable no

programado, denominado SUNP-6, de 88.300 metros cuadrados. Durante la

tramitación posterior del Plan General en legislaturas pasadas se

modificó la clasificación, creándose un nuevo espacio, denominado

SUNP-1», detalló el regidor. Así, esa nueva área era el resultado de la

unión del sector 6 con terrenos aledaños, cuya suma ascendía a 163.800

metros cuadrados.

«Por un error tipográfico, en la ficha

técnica no figuraba esa cantidad y se mantenían los 88.300 metros

cuadrados porque se les olvidó o se confundieron. El Plan General se

aprobó con ese fallo el 23 de diciembre de 1996», relató Muguruza. En

2002, el Ayuntamiento decidió desarrollar los terrenos mediante un Plan

Parcial y un programa de actuación. «Durante la redacción de ambos

instrumentos se corrigió la cifra y después fueron aprobados

definitivamente en el pleno del 7 de abril de 2004. Esa ha sido toda la

actuación de este equipo de gobierno», advirtió el regidor, quien

admitió que la corrección sólo se hizo en el Plan Parcial y no en el

PGOU, como obliga la ley.

Un error «menor»

«En

cualquier caso, se trata de un defecto menor», manifestó el alcalde

castreño, quien se mostró convencido de que el fallo judicial «es nulo

y lo recurriremos». «No se ha emplazado al resto de los interesados, es

decir, la promotora», aseguró Muguruza. Precisamente, el portavoz de

Inversiones Casa, fundó en este extremo el recurso de casación que

interpondrá contra la sentencia. No obstante, la misma fuente lamentó

que «el Ayuntamiento no nos haya informado en ningún momento de que

había un proceso abierto».

Desde 1998, la ley exime al tribunal

de convocar a los afectados, fuera del demandante y demandado, en un

proceso de este tipo. Esa obligación corresponde, según han confirmado

fuentes judiciales, a las partes actoras. Así, en este caso, «el

Consistorio, que fue el denunciado, debería habernos avisado para

acudir al proceso y exponer nuestros argumentos», criticaron desde

Inversiones Casa. No obstante, la promotora apuntó que «también el

tribunal debería haber advertido de que se nos tenía que convocar».

La

firma lo tiene muy claro: «La sentencia es nula porque se nos deja en

estado de indefensión». Si el recurso de casación, que deberá ser

resuelto por el Supremo, fuera desestimado, «pediremos la nulidad de

las actuaciones», adelantó el portavoz de la empresa. En cualquiera

caso, tanto el Consistorio como la compañía confían en que el problema

se solvente «subsanando el error en el Plan General». «El Ayuntamiento

sostiene que el fallo se cambió en el PGOU en diciembre de 2005. No

hemos visto ese documento, pero confiamos en que sea así y con eso se

solucione el problema», concluyó el representante legal de la firma.

Los afectados se plantean «echar atrás» la compra

«Se nos ha atragantado el desayuno». Así de descriptivos se expresaron

ayer algunos de los propietarios de los chalés de la urbanización El

Prado. Llegados en su mayoría desde Vizcaya, los futuros residentes

aparecieron por el módulo de información que Inversiones Casa posee

frente a la promoción a media mañana. La preocupación se reflejaba en

sus caras.

«Me ha llamado mi hermano para darme la noticia. He

venido inmediatamente a ver si me aclaran algo», relataba Jon, de

Galdakao. Su inmueble pertenece a la primera fase de la urbanización y

«se supone que me lo entregarán en julio de 2007». «Iba a poner mi piso

en venta para trasladarme, pero ahora no se qué hacer. Este parecía un

sitio tranquilo y mira», lamentaba con gesto resignado.

Sámano

se ha transformado en un enclave muy atractivo para los vizcaínos. A

dos minutos de Castro y en un ambiente natural, la pedanía representa

para muchos «un lugar en el que tener una casa para nuestros nietos»,

comentaba Félix, de Getxo. «La sentencia deja en el aire nuestras casas

porque anula todos los permisos concedidos... pero, ¿y el dinero que ya

hemos pagado?», se preguntaban Susana, muy disgustada, y José Ramón, de

Castro.

Muy cerca, Josu apuntaba el nombre y el DNI de los

congregados. «Cuando compramos nadie nos dijo nada que había un juicio

pendiente. Creo que esto puede suponer que echemos para atrás el

contrato si hay problemas», advertía indignado. La empresa lanzaba por

su parte un mensaje tranquilizador: «Los principales afectados somos

nosotros y queremos que esto se aclare. Los propietarios deben estar

tranquilos». Por su parte, el alcalde, Fernando Muguruza, descartaba

toda posibilidad de que se produzcan los temidos derribos.

Extraído de: elcorreodigital.com

El Ayuntamiento y la promotora recurrirán la ilegalización de los 150 chalés