El Ayuntamiento de Castro Urdiales y la promotora Inversiones Casa
recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
que ha dejado fuera de ordenación 150 chalés en la pedanía castreña de
Sámano. La decisión, hecha pública el pasado 23 de octubre, declara
nulo el plan parcial que permitió la construcción de los adosados que
conforman la urbanización El Prado. El alto tribunal ha considerado que
el instrumento urbanístico utilizado para reparcelar la zona vulnera el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que sólo se contempla
el desarrollo de 88.300 metros cuadrados y no de los 163.800 que
refleja el Plan Parcial.
El alcalde, Fernando Muguruza, insistió ayer en el argumento,
desestimado durante el proceso judicial por la sala cántabra, de que
todo se debe a un «error tipográfico». «El PGOU, que se aprobó
inicialmente en 1995, establecía en esa zona un suelo urbanizable no
programado, denominado SUNP-6, de 88.300 metros cuadrados. Durante la
tramitación posterior del Plan General en legislaturas pasadas se
modificó la clasificación, creándose un nuevo espacio, denominado
SUNP-1», detalló el regidor. Así, esa nueva área era el resultado de la
unión del sector 6 con terrenos aledaños, cuya suma ascendía a 163.800
metros cuadrados.
«Por un error tipográfico, en la ficha
técnica no figuraba esa cantidad y se mantenían los 88.300 metros
cuadrados porque se les olvidó o se confundieron. El Plan General se
aprobó con ese fallo el 23 de diciembre de 1996», relató Muguruza. En
2002, el Ayuntamiento decidió desarrollar los terrenos mediante un Plan
Parcial y un programa de actuación. «Durante la redacción de ambos
instrumentos se corrigió la cifra y después fueron aprobados
definitivamente en el pleno del 7 de abril de 2004. Esa ha sido toda la
actuación de este equipo de gobierno», advirtió el regidor, quien
admitió que la corrección sólo se hizo en el Plan Parcial y no en el
PGOU, como obliga la ley.
Un error «menor»
«En
cualquier caso, se trata de un defecto menor», manifestó el alcalde
castreño, quien se mostró convencido de que el fallo judicial «es nulo
y lo recurriremos». «No se ha emplazado al resto de los interesados, es
decir, la promotora», aseguró Muguruza. Precisamente, el portavoz de
Inversiones Casa, fundó en este extremo el recurso de casación que
interpondrá contra la sentencia. No obstante, la misma fuente lamentó
que «el Ayuntamiento no nos haya informado en ningún momento de que
había un proceso abierto».
Desde 1998, la ley exime al tribunal
de convocar a los afectados, fuera del demandante y demandado, en un
proceso de este tipo. Esa obligación corresponde, según han confirmado
fuentes judiciales, a las partes actoras. Así, en este caso, «el
Consistorio, que fue el denunciado, debería habernos avisado para
acudir al proceso y exponer nuestros argumentos», criticaron desde
Inversiones Casa. No obstante, la promotora apuntó que «también el
tribunal debería haber advertido de que se nos tenía que convocar».
La
firma lo tiene muy claro: «La sentencia es nula porque se nos deja en
estado de indefensión». Si el recurso de casación, que deberá ser
resuelto por el Supremo, fuera desestimado, «pediremos la nulidad de
las actuaciones», adelantó el portavoz de la empresa. En cualquiera
caso, tanto el Consistorio como la compañía confían en que el problema
se solvente «subsanando el error en el Plan General». «El Ayuntamiento
sostiene que el fallo se cambió en el PGOU en diciembre de 2005. No
hemos visto ese documento, pero confiamos en que sea así y con eso se
solucione el problema», concluyó el representante legal de la firma.
Los afectados se plantean «echar atrás» la compra
«Se nos ha atragantado el desayuno». Así de descriptivos se expresaron
ayer algunos de los propietarios de los chalés de la urbanización El
Prado. Llegados en su mayoría desde Vizcaya, los futuros residentes
aparecieron por el módulo de información que Inversiones Casa posee
frente a la promoción a media mañana. La preocupación se reflejaba en
sus caras.
«Me ha llamado mi hermano para darme la noticia. He
venido inmediatamente a ver si me aclaran algo», relataba Jon, de
Galdakao. Su inmueble pertenece a la primera fase de la urbanización y
«se supone que me lo entregarán en julio de 2007». «Iba a poner mi piso
en venta para trasladarme, pero ahora no se qué hacer. Este parecía un
sitio tranquilo y mira», lamentaba con gesto resignado.
Sámano
se ha transformado en un enclave muy atractivo para los vizcaínos. A
dos minutos de Castro y en un ambiente natural, la pedanía representa
para muchos «un lugar en el que tener una casa para nuestros nietos»,
comentaba Félix, de Getxo. «La sentencia deja en el aire nuestras casas
porque anula todos los permisos concedidos... pero, ¿y el dinero que ya
hemos pagado?», se preguntaban Susana, muy disgustada, y José Ramón, de
Castro.
Muy cerca, Josu apuntaba el nombre y el DNI de los
congregados. «Cuando compramos nadie nos dijo nada que había un juicio
pendiente. Creo que esto puede suponer que echemos para atrás el
contrato si hay problemas», advertía indignado. La empresa lanzaba por
su parte un mensaje tranquilizador: «Los principales afectados somos
nosotros y queremos que esto se aclare. Los propietarios deben estar
tranquilos». Por su parte, el alcalde, Fernando Muguruza, descartaba
toda posibilidad de que se produzcan los temidos derribos.
Extraído de: elcorreodigital.com
