miércoles. 30.11.2022

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, no ocultó ayer su

pesimismo sobre el futuro de las 79 viviendas de la urbanización

Mirador de Ostende, cuya licencia de construcción fue anulada la semana

pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. «Tal y como

está redactado el fallo judicial, si alguien pide que se derribe el

bloque habría que hacerlo», reconoció ayer a EL CORREO. Aunque en la

sentencia no se hace referencia a la posible demolición, el primer edil

ya se ha puesto en lo peor. «Las arcas locales tendrían que desembolsar

entre 18 y 36 millones de euros para indemnizar a los vecinos y pagar

los derribos», aventuró.
Los jueces invalidaron el permiso de obras, concedido por el

Ayuntamiento en agosto de 1996, por no ajustarse el bloque y sus

dimensiones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

De hecho, el proyecto no sólo «no tiene cabida en el planeamiento de

1965, sino que tampoco está permitido por el que se aprobó en 1996»,

recordó Muguruza. El proyecto inicial suponía la edificación de 40

apartamentos en un lugar privilegiado de la punta de Ostende. Una vez

conseguido el permiso para esas viviendas, éste se amplió de forma

irregular -según se desprende de la sentencia-, propiciando el

desarrollo de otras 39.

La operación fue denunciada por un

particular que posee unos terrenos colindantes. El vecino consideró que

el edificio, que cuenta además con piscina, pista de tenis y garajes,

invadía su propiedad. Asimismo, el demandante se sentía agraviado, al

entender que «el Consistorio sólo nos permitía levantar en nuestro

terreno tres alturas, mientras que a ese constructor se le dejaba subir

hasta siete». Tras diez años de procesos y con la sentencia del

Tribunal Superior en la mano, el denunciante ya ha adelantado que

pedirá «que se restablezca la legalidad». «Lo sentimos por las familias

afectadas, pero es nuestro derecho», adelantó.

Los servicios

jurídicos municipales «están preparando el recurso de casación para

interponerlo ante el Supremo», anunció el alcalde. No obstante, «la

propia sentencia del Superior ya dice que la situación es de difícil

solución», advirtió Muguruza. Y es que, además de incumplir el Plan

General, la promoción está en situación «irregular, porque no se pueden

conceder licencias de construcción mientras se está aprobando un nuevo

PGOU, como era el caso», apuntó.

En busca de información

«La

responsabilidad corresponde íntegramente a quien tomó la decisión, en

este caso Rufino Díaz Helguera (PSOE), que entonces era alcalde con

mayoría absoluta», recordó el primer edil castreño, quien adelantó que

también «estamos investigando qué técnicos intervinieron en la

operación y si le dieron el visto bueno o no». No obstante, el regidor

reconoció que, «dado el caos de organización que existe en el

Ayuntamiento, el proceso está resultando complicado».

El ex

alcalde, por su parte, lamentó la actitud «alarmista» de Muguruza y su

empeño en «personalizar una sentencia que afecta a una Administración y

no a un individuo». «Sus palabras son un ejercicio de

irresponsabilidad, cometido por el máximo responsable del Ayuntamiento

y contribuye a generar alarma social», advirtió Díaz Helguera, que está

recopilando «toda la información» sobre la controvertida licencia de

obras.

Por otro lado, Muguruza quiso desvincular la sentencia

de Ostende de la emitida hace tres semanas por el Tribunal Superior de

Justicia que dejó fuera de ordenación 133 chalés en construcción en

Sámano. «En el caso de los adosados, se trata de un error subsanable.

Las licencias no son ilegales, como en el caso del bloque de

apartamentos», puntualizó. El Consistorio ha puesto el caso de Sámano

en manos de la Comisión Regional de Urbanismo. «Serán ellos los que nos

asesoren en la resolución del problema. En todo caso, los propietarios

deben estar tranquilos», concluyó el alcalde.

«¿No nos pasará lo mismo que a los de Arnuero?», se preguntan los vecinos

Los vecinos de la urbanización Mirador de Ostende todavía no han reaccionado. Algunos ni siquiera conocían ayer la existencia de la sentencia que declara nula la licencia de construcción del edificio en el que viven desde hace nueve años. Los que sabían del fallo judicial permanecían a la expectativa, pero con una intranquilidad «que va a más, a medida que nos vamos enterando de nuevas cosas», reconoció Rafael Burgos.



Este bilbaíno, «del barrio de Arangoiti», y su esposa María ocupan como primera vivienda «desde hace ocho años» uno de los pisos de la promoción. Desde su terraza disfrutan de una de las vistas más privilegiadas que se pueden tener de Castro. «Es una maravilla», admitieron. Como otros vecinos, el matrimonio se enteró de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria «por la prensa». «Al principio no le di más importancia, pero ahora, con las autoridades hablando de derribos, empiezo a asustarme. ¿No nos irá a pasar lo mismo que a los de Arnuero?», preguntaba María.



Para la pareja, la referencia al caso de la urbanización El Encinar, en la que la demolición de los primeros dos bloques es inminente, resulta inevitable. «Estuvimos a un pelo de comprar uno de aquellos apartamentos», desvelan. «Nos libramos porque nos parecía que estaban un poco solitarios y al final nos decantamos por una vivienda de veraneo en Ajo. Sería el colmo que nos hubiésemos librado de aquello y ahora sufriésemos lo mismo aquí», reflexionaban ayer.



La posibilidad de perder el piso les asusta y por eso consultarán «a la administradora y a quien haga falta para ver qué podemos hacer», advirtieron. Lo mismo harán otros residentes, como Itziar. La mujer, antigua vecina de Las Arenas, se enteró a mediodía de ayer de la situación. «Se me acaba de atragantar la comida. No sabía nada. No me lo puedo creer. ¿Pero si nadie nos había dicho nada!», reaccionó.



Buscar asesoramiento



Junto a otra vecina -una joven que vive de alquiler en uno de los inmuebles-, Itziar recordó que cuando adquirió su piso «todo estaba en regla». «No entiendo nada. Si todos los permisos están bien... ¿Qué pasa, que la sentencia es retroactiva?», se preguntaba antes de que la llamada de su hijo interrumpiese la conversación.



Al otro lado del teléfono, la voz de su familiar la tranquilizó. «Habrá que ir al Ayuntamiento a pedir todos los datos y la sentencia», comentó la mujer. Otros, como Aitor, llegado desde Barakaldo en 1998, recibían la noticia con tranquilidad. «No he oído nada, pero bueno si tiran, que tiren», dijo. Tras pensarlo mejor, el joven admitió que «habrá que hablar con el administrador y algún asesor para ver qué dicen». En 1998, el precio de las viviendas oscilaba entre los 78.000 y los 150.000 euros. Hoy alcanza los 245.000.




Extraído de: elcorreodigital.com

El alcalde teme el derribo de 79 pisos en Ostende y prepara ya las indemnizacion