Quienes viven de la pesca no ganan para sustos. Ayer mismo, un buque de cerco con base en Santoña, que faenaba junto a la costa al este de Castro Urdiales, fue interceptado por la embarcación de inspectores del Gobierno Vasco y conducido al puerto vizcaíno de Ondárroa, donde sus capturas fueron decomisadas.
Durante el recorrido hasta Ondárroa -35 millas-, el pesquero santoñés 'Nuevo Paquita' navegó escoltado por dos embarcaciones. Una era la de los inspectores del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. La otra embarcación era una patrullera de la Ertzantza, la policía autónoma vasca.
Su patrón fue acusado de faenar en aguas interiores del País Vasco sin disponer de la correspondiente autorización para ello, que tramita el propio Gobierno Vasco. Según el armador y patrón del buque, Ángel Valle, la renovación de este permiso fue solicitada el pasado 2 de junio. Ayer, 4 de julio, todavía no había recibido respuesta por parte de la administración, ni el suyo, ni ningún otro barco con base en Cantabria.
Nuevo episodio
En todo caso, lo que parece es que el incidente de ayer constituye un nuevo episodio del conflicto desatado el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno Vasco se negó a tramitar las autorizaciones correspondientes para que la flota de motoras y merluceras de Castro Urdiales pudiera faenar en las aguas interiores del País Vasco. Entonces se resolvió gracias a la mediación del director de Pesca de Cantabria, Fernando Torrontegui. Ahora, el hecho de que se trate de un buque de cerco introduce una novedad sustancial con respecto a aquellos episodios.
De persistir en su negativa a tramitar las autorizaciones para la flota de cerco, el número de barcos y pescadores cántabros afectados se multiplicaría notablemente con relación al episodio del pasado mes de mayo, lo que podría acarrear una nueva 'guerra' entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Cantabria en relación con los derechos a faenar en las aguas interiores de aquella comunidad.
Doce hombres a bordo
El 'Nuevo Paquita' es un barco que pesca en la modalidad de cerco, mide más de 20 metros de eslora y a bordo del mismo trabajan doce hombres.
Ayer fue conducido al puerto de Ondárroa con 5.000 kilos de chicharro y 1.000 kilos de caballa. La pesca fue subastada en la lonja de la Cofradía Santa Clara (Ondárrroa), pero el importe de lo subastado no fue ingresado en la cuenta del barco, sino retenido hasta tanto se resuelva el expediente administrativo abierto por los técnicos del Gobierno Vasco.
«Pretendieron que tirara el pescado al agua, pero les dije que no, que era mío», explicó Ángel Valle en la mañana de ayer, horas después del incidente. «Al final nos llevaron a Ondárroa como si fuéramos prisioneros de guerra, y subastamos allí», añadió.
A su juicio, «el lunes ningún barco de Cantabria podrá pasar de Castro hacia el este». Ello daría lugar a un escenario inédito, pues nunca hasta ahora los barcos de cerco se habían visto condicionados por la negativa de una administración a tramitar los permisos para faenar en aguas interiores. Según Ángel Valle «va a haber que tener licencia, como en Francia, para ir a pescar a Vizcaya».
Por tanto, un nuevo conflicto parece asomar sobre el horizonte de los pescadores, a menos que, como ocurrió en el mes de mayo, la intervención de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria lo evite, como entonces, y restituya la normalidad.
Una línea de faro a faro
El incidente ocurrido ayer en el Abra del Bilbao, como el conflicto surgido con la flota artesanal de Castro Urdiales, tiene su origen en las competencias que el Gobierno Vasco tiene asumidas en relación con las denominadas aguas interiores.
Las aguas interiores, a las que se refiere la polémica, son aquellas comprendidas al sur de la línea imaginaria que discurriría entre los distintos faros del litoral. Por ejemplo, el episodio de ayer se produjo dentro de la línea que uniría los faros de Castro Urdiales y Villano.
Del conflicto de mayo, y del incidente de ayer, parece desprenderse una cierta reticencia del Gobierno Vasco a la hora de renovar esos permisos, de acuerdo con sus competencias. Lo justifican en su percepción de que el litoral vizcaíno está sobreexplotado. Sin embargo, otras voces aseguran que, aun siendo aguas interiores, el caladero Cantábrico-Noroeste es único. Si efectivamente está castigado, las restricciones deben ser para todos, y no sólo para los barcos de una provincia.
Extraído de: eldiariomontanes.es
