El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria, Juan Carlos Saavedra, acusó a los responsables del organismo autónomo Residencia Municipal de Castro Urdiales de «incumplir las normas más elementales en la contratación de personal en una entidad de la administración pública y vulnerar el derecho de sus trabajadores a comunicarse con la empresa».
Saavedra aclaró que la Residencia Municipal de Castro Urdiales «ha contratado a dedo a cuatro personas» sin recurrir a su propia bolsa de empleo público para cubrir las vacantes de cuatro trabajadoras despedidas «de manera improcedente» porque éstas últimas eran las primeras de la lista.
El sindicalista denunció que esta contratación ajena a la bolsa de trabajo vulnera el principio constitucional de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para acceder a un empleo público, y que además «es un auténtico fraude para los ciudadanos que de buena fe hicieron una oposición para estar en la bolsa y conseguirlo».
El responsable regional de FSP-UGT agregó que los mencionados despidos respondieron a una represalia de la dirección de la Residencia Municipal de Castro Urdiales «simplemente, porque se les pidió una reunión para hablar de la bolsa de trabajo, el convenio colectivo y la adaptación al centro del recientemente aprobado Estatuto del Empleado Público».
Despidos
Saavedra recordó que las irregularidades en las decisiones adoptadas por la dirección de la Residencial Municipal se iniciaron con el despido de las cuatro trabajadoras porque tenían un contrato de interinidad que sólo puede ser rescindido cuando retorna al puesto de trabajo el titular del mismo o se cubre con una oferta pública de empleo, «no por mero capricho como en este caso, con lo que tuvieron que reconocer el despido improcedente y pagar con el dinero de todos los castreños más de 11.000 euros en indemnizaciones».
«De todos modos», comentó el sindicalista, «no contentos con ello no dudaron después en prevaricar, contratando a dedo para sustituirlas a quien les pareció y menospreciando una bolsa de empleo que no se está ejecutando, pese a que tiene que respetarse para cualquier contratación en la administración pública», concluyó Saavedra.
Extraído de: eldiariomontanes.es
