La calle Santander fue ayer el centro de todas las miradas en Castro Urdiales. Pasadas las doce del mediodía, la Policía Local acudió al portal número 10, sobre el que pesa una orden de derribo, para proceder a su desalojo, pero se encontró con la resistencia de los vecinos que se negaron a abandonar el inmueble.
Durante muchos minutos se vivieron momentos de tensión, sobre todo cuando el propio jefe de la Policía Local, Domingo García, se personó en la entrada del inmueble para requerir a los vecinos que desalojaran el edificio por su propia voluntad, una vez que los operarios municipales habían vallado la zona.
Presagios
La mañana comenzó con inusual tranquilidad en esa céntrica calle castreña. Nadie presagiaba lo que iba a ocurrir. Incluso algún vecino del número 10 reconocía que había dormido bien esa noche, por primera vez en varios días.
El motivo de la tranquilidad es que, al parecer, en la reunión que mantuvieron los vecinos el martes con el alcalde, Fernando Muguruza, llegaron al acuerdo para desalojar el inmueble y demolerlo. De igual forma, los afectados aseguraban que el alcalde les había prometido un mes de tiempo para encontrar una vivienda y sacar sus pertenencias. Un extremo negado rotundamente ayer por el regidor castreño que matizó que únicamente dijo «que si legalmente podría retrasarlo, lo retrasaría».
Prórroga
Los afectados pedían esta supuesta prórroga para poder encontrar un piso de alquiler. Y es que los propios vecinos que se negaban en un principio a abandonar el inmueble y que apostaban por su rehabilitación, habían cambiado de opinión y ya estaban gestionando un lugar donde realojarse. Así estaban las cosas cuando se produjo un giro inesperado en los acontecimientos al llegar la Policía Local a sus viviendas para proceder al desalojo.
Este gesto no gustó a los vecinos que estaban convencidos de que disponían de un mes de prórroga para abandonar sus viviendas.
Fue entonces cuando cambiaron de planes e insistieron en permanecer en sus hogares hasta que se les presentara la orden judicial de desalojo, advirtiendo al jefe de la Policía Local que mientras no la tuviera «nadie atravesaría el portal».
Según ha podido conocer El DIARIO MONTAÑÉS, la Policía Local solicitó ayer refuerzos a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que la Guardia Civil proceda junto con los policías de Castro al desalojo forzoso de los vecinos que se negasen a abandonar el inmueble.
Un desalojo cuya fecha al cierre de esta edición aún se desconocía. Hasta ese momento, los vecinos del portal 10 de la calle Santander anuncian que seguirán haciendo guardia.
«Intereses urbanísticos»
Los vecinos afectados por el futuro derribo del edificio número 10 de la calle Santander denunciaron ayer a los medios de comunicación «oscuros intereses». La existencia de un solar sin acceso justo detrás del edificio hace pensar a los habitantes de este inmueble que la premura para demolerlo se debe a intereses urbanísticos. «Si tiran el inmueble pueden coger el solar y venderlo todo junto para hacer pisos», aseguró una de las inquilinas. Tampoco se explican cómo es posible que haya tanta diferencia económica entre el presupuesto de la empresa demoledora que propone el Ayuntamiento de Castro Urdiales (46.000 euros) y la que ellos han buscado (25.000 euros).
En este sentido, fuentes municipales aclararon ayer a este periódico que el Ayuntamiento no ha solicitado presupuesto a ninguna empresa y el existente es el realizado por el arquitecto municipal. Estas mismas fuentes recuerdan que el Consistorio «no tiene ningún interés económico porque los que deben proceder al derribo son los propios vecinos, y tan sólo de forma subsidiaria actuaría el Ayuntamiento».
Muguruza ha asegurado en repetidas ocasiones durante los últimos días que está actuando de acuerdo a los informes técnicos y por un requerimiento judicial que debe cumplir.
Extraído de: eldiariomontanes.es
