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Comunicado de la Asociación Ciudadana OTRO CASTRO ES POSIBLE
Urbanismo y corrupción: el (lamentable) espectáculo continúa.
No han sido pocos los que han dirigido su mirada a Otro Castro para recabar nuestra opinión acerca del lamentable espectáculo político, mediático y judicial que venimos padeciendo en torno al urbanismo castreño.
Hemos de decir que nuestra posición al respecto nada ha cambiado desde aquel comunicado que emitimos hace poco más de un año, acerca de los procedimientos judiciales que se estaban instruyendo en el juzgado de instrucción nº 2 de Castro Urdiales, relativos a presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, y otros, que afectan a políticos locales en ejercicio, técnicos municipales, profesionales del urbanismo y empresarios del sector.
Ya por aquel entonces pedíamos respeto a la presunción de inocencia, y diligencia por parte de la policía judicial, fiscalía y juez instructor, para conocer toda la verdad y que recaigan sobre los responsables todo el peso de la ley. Desde entonces se han iniciado una docena de procedimientos penales que apuntan a una presunta trama de corrupción urbanística con implicaciones políticas y administrativas.
Entre avergonzados y preocupados, hemos contemplado que, lamentablemente, estos asuntos se están ventilando en los medios de comunicación, con filtraciones de datos a la prensa que debieran estar a buen recaudo en el juzgado, denigrando por unos la presunción de inocencia, y faltando al respeto, por otros, al juez encargado de la instrucción.
Parálisis y descontrol: el Tribunal de Cuentas informa.
No cabe duda de que estos procedimientos salpican la actividad pública local y afectan de forma decisiva al gobierno municipal, habida cuenta de que una buena parte de los imputados ocupan en la actualidad cargos municipales. El sentido común nos obliga a pensar que cuando el alcalde o los concejales están con un pie en el juzgado, el cuidado de los asuntos públicos queda bastante trastabillado. Lamentablemente, la realidad nos demuestra que estamos en lo cierto pues el descontrol que pesa (actualmente y desde hace bastantes años) sobre el urbanismo y otros asuntos de la gestión municipal es desquiciante.
No es sólo nuestra opinión. Esto ya lo dice el Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador del estado, en el informe que se ha hecho público en marzo de este año y que, referido sólo al ámbito urbanístico, nos deja las siguientes perlas:
- El ayuntamiento ha ejercido de forma deficiente su competencia en disciplina urbanística, función que actualmente sigue al margen de una correcta estructura organizativa.
- La inspección urbanística ha sido y es inexistente. Mientras tanto la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo no ha exigido al Ayuntamiento el cumplimiento de esta función a la que obliga la ley del suelo de Cantabria.
- El Plan General no se ha adaptado a la ley del suelo, lo que transmite una situación de ilegalidad del urbanismo en nuestro municipio. Tampoco en esta cuestión la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha estado a la altura.
- El ayuntamiento no ha controlado las modificaciones del Plan General.
- El descontrol de los aprovechamientos urbanísticos habla de pérdidas millonarias para el erario municipal: no se ha utilizado el procedimiento correcto para adjudicar los aprovechamientos; no se ha gestionado el cobro de aprovechamientos por importes de casi medio millón de euros en dos años; no se han realizado las cesiones para espacios públicos a las que obliga la legislación urbanística; se han enajenado bienes de dominio público que son inalienables; en las permutas se han fijado precios arbitrariamente con pérdidas para el patrimonio municipal por casi medio millón de euros (datos referidos tan solo a dos sectores de suelo urbanizable).
Además, hace referencia el Tribunal de Cuentas en su conclusión número 15 a un caso especialmente sangrante, como es el incumplimiento del convenio urbanístico con el propietario de la cantera de Santullán:
Los 11.000 metros cuadrados de jardines del castillo de Ocharan que debían ser cedidos al Ayuntamiento a cambio de un aumento en la superficie de explotación de la cantera y una recalificación de terrenos contiguos al castillo, continúan “…como un gran espacio cerrado y sin uso para la colectividad”, tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones la Plataforma para Salvar la Peña de Santullán.
Aunque este diagnóstico se refiere a los años 2004 y 2005, en nuestra opinión la situación no ha mejorado con el convulso advenimiento del nuevo equipo de gobierno: seguimos padeciendo un enorme descontrol urbanístico solo paliado por la crisis económica, que ha azotado especialmente al sector del ladrillo.
Pero la nefasta gestión urbanística municipal padecida durante muchos años continúa sin perspectivas de cambio, ya que mientras los expedientes de restauración de la legalidad se pierden en un agujero negro y continúan sin realizarse las obligadas inspecciones, nuestros gobernantes siguen sin plantearse siquiera cómo se va a restaurar la chapuza urbanística consentida durante los últimos 15 años.
Desgraciadamente, este ayuntamiento no tiene programa ni modelo de ciudad y, lo peor de todo, no parece haber ningún interés en tenerlo.
Sobre la foto se señala la ubicación de los depósitos del monte Cueto, proyecto al que nuestra asociación ha presentado alegaciones, y que rubrica un urbanismo que se expande por las zonas recalificadas de la Loma - Mioño y Santullán tras la operación especulativa que se urde a partir de 1999.
(...sigue el comunicado...)
Otro ayuntamiento es posible
A la enorme preocupación que supone la presunta implicación de políticos y funcionarios en una trama de corrupción urbanística, hay que añadirle la consiguiente parálisis institucional que está sufriendo el consistorio, donde las sombras de duda y las sospechas parecen salpicar cualquier actuación.
En estas circunstancias cabría preguntarse si tiene sentido la disolución de la corporación, tal y como solicitó recientemente el ex-interventor municipal en una llamativa rueda de prensa.
Tanto la realización de nuevas elecciones, como la elección de una comisión gestora que se hiciese cargo de las funciones que corresponden a los órganos de poder municipal hasta las próximas elecciones resultan atractivas ante el negro panorama que se nos presenta, aún a costa de darle a Castro el dudoso honor de ser, después de Marbella, el segundo Ayuntamiento de España en el que se toma una decisión tan extrema.
Son varias las circunstancias que coinciden, como es el hecho de que varios políticos municipales en activo estén imputados en procedimientos judiciales, o la dejación de algunas de las más importantes competencias municipales que afectan seriamente al interés general; unido al hecho de que esta corporación esté presidida por un tránsfuga, así declarado.
Sin embargo, hay otros aspectos relevantes por los que creemos no va a prosperar esta propuesta. Uno, es el de su dimensión penal, que, por mucho que lo enfaticemos, no alcanza lo acontecido en Marbella, y además todavía aquí no se han producido inhabilitaciones de ninguno de los cargos imputados; y dos (y quizás esto sea lo más importante), a diferencia de Marbella, la disolución no cuenta con el apoyo del gobierno regional, que tal vez atisba en este río revuelto una ganancia de pescadores de votos.
Cabría por tanto preguntarse si al margen del desgobierno actual, o de su improbable disolución, hay otro ayuntamiento posible. Queremos pensar que sí. Y es aquí donde hay que ensayar la imaginación y la generosidad, más allá de los postulados políticos a los que nos acostumbran los partidos. Soluciones imaginativas a problemas complejos.
Ante la parálisis municipal y la sospecha generalizada, tal vez sea necesario recurrir a una especie de “gobierno municipal de salvación”, formado por los concejales electos que no estén incursos en ningún procedimiento judicial. Ello implicaría la dimisión de los concejales electos imputados y su sustitución por los siguientes en la lista electoral, para la formación de un nuevo gobierno municipal en el que participen todos los grupos políticos con representación. Sin embargo, para que esto sea posible es necesario inteligencia y generosidad, virtudes que ya va siendo hora se dispongan por los partidos políticos.
Un gobierno municipal con nuevas caras y actitudes, cuya primera actuación debiera ser, en nuestra opinión, la suspensión cautelar y revisión de todos los proyectos urbanísticos que sean objeto de alguna causa penal, dado que, según el artículo 62.1.e de la ley 30/1992 de procedimiento administrativo, "son nulos todos los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta".
Solo así, creemos, los ciudadanos de este maltratado municipio podremos recuperar la confianza en nuestros representantes públicos y los partidos que los apoyan.
Comunicado aprobado en reunión de la junta directiva de la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible
el 30 de abril de 2009.
La casa Barón en Otañes, edificio protegido por el plan general, demolido totalmente, a pesar de las denuncias de Otro Castro, muestra de la inexistente inspección urbanística y de la ineficacia de la disciplina urbanística. El ayuntamiento ha ordenado una reconstrucción del edificio imposible de materializar. Mientras tanto, el promotor construye tres viviendas unifamiliares en la misma parcela. Ver noticia en http://www.otrocastro.com/modules/news/article.php?storyid=80[/i]
El crecimiento urbanístico hacia la Loma produce imágenes contradictorias como el paso del ganado hacia los pastos del monte Cueto. Urbanizaciones sin terminar, viviendas sin suministro de agua, calles sin servicios en las que abundan vertidos... Cuatro años después de aprobarse esta urbanización, el SUNP-3, y aún no se ha comenzado a construir el depósito del monte Cueto que se supone debiera abastecer de agua a las urbanizaciones de la Loma.
La cara norte de la peña Santullán, al fondo, y en primer término, el SUNP-12, es decir, la urbanización San Pelayo, promocionada por Sacyr Vallermoso, producto también de una operación especulativa que culmina con la recalificación de este suelo en el que se van a construir 152 viviendas unifamiliares. Estas viviendas también tiene previsto un suministro de agua inexistente, el del depósito del monte Cueto, y tampoco está conectada la red de saneamiento, por cuanto su conexión es hoy por hoy imposible: es un ejemplo de urbanismo virtual por no decir que es una chapuza monumental. Al fondo la peña de Santullán, ya consumada la total destrucción de la cara norte al auspicio de un convenio urbanístico que ha sido denunciado desde hace cinco años por Otro Castro es Posible y la Plataforma para Salvar la Peña, y que ha que ha merecido la atención del Tribunal de Cuentas por cuanto el propietario de la cantera, Miguel de la Vía no ha cumplido con la cesión del parque público del castillo de Ocharan
