El PSOE de Castro Urdiales ha denunciado públicamente "la inaceptable inacción del Gobierno de Cantabria ante el grave deterioro provocado por el socavón existente en la zona del Puente Medieval de Castro Urdiales".
Esta situación, lejos de ser un problema menor, explica la ejecutiva local, “está afectando de forma directa y continuada a la actividad deportiva y social ligada al remo, uno de los símbolos más arraigados de nuestra ciudad”. Resulta incomprensible que, pese al tiempo transcurrido, “el Ejecutivo autonómico no haya ejecutado una solución efectiva que garantice la seguridad y el normal uso del entorno portuario”.
Según indica el PSOE de Castro Urdiales "la falta de intervención está impidiendo el desarrollo adecuado de entrenamientos y competiciones de las embarcaciones de los clubes de remo castreños, perjudicando a deportistas, técnicos y a toda la comunidad que sustenta esta disciplina". Destaca el PSOE castreño que, “Castro Urdiales no puede permitirse perder competitividad ni poner en riesgo su tradición marinera por la desidia administrativa. Cada día sin actuación es un día más de obstáculos para quienes representan a nuestro municipio dentro y fuera de Cantabria”.
Además considera “intolerable que el Gobierno regional mire hacia otro lado mientras se deteriora una infraestructura clave para la actividad deportiva y el uso público del frente marítimo”. "Exigimos, por ello, que se asuman responsabilidades políticas y que se priorice de manera urgente la reparación integral del socavón, con un calendario claro y financiación garantizada. La ciudadanía de Castro-Urdiales merece certezas, no promesas vacías ni dilaciones indefinidas.”
"Por todo ello, el PSOE de Castro Urdiales exige al Gobierno de Cantabria que actúe de inmediato para restituir las condiciones de seguridad y operatividad en el entorno del Puente Medieval, permitiendo que los clubes de remo puedan entrenar y competir con normalidad". “Defender y cuidar el deporte, el patrimonio y la identidad de Castro-Urdiales no es opcional: es una obligación institucional que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo” concluyen.
